La Paz, BCS.

El sector de las entidades financieras dedicadas a atender a las clases populares debe dejar atrás el fantasma de Ficrea, en alusión a la entidad intervenida por el gobierno federal en noviembre pasado, por incurrir sus directivos en posibles delitos de lavado de dinero, y que operaba bajo la figura de sociedad financiera popular, consideró el dirigente del gremio.

“Mucho se ha hablado de la modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (que está pendiente en el Senado), la mal llamada ley Ficrea, dijo Guillermo Colín García, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

El fraude cometido por los directivos y accionistas de Ficrea fue un caso aislado que no refleja la actuación de las sociedades financieras populares, apuntó Colín García, en el contexto de la Primera convención nacional de la Amsofipo, entidad que reúne a las financieras dedicadas a otorgar financiamiento y captar ahorro de los sectores populares tradicionalmente no atendidos por los bancos comerciales.

La modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular se ha llamado ley Ficrea porque incluye un artículo transitorio para ampliar hasta un millón de pesos el monto de recursos que los ahorradores defraudados de esa institución pueden recuperar. Actualmente, sólo están protegidos ahorros hasta por 123 mil pesos.

Nueva ley busca evitar fraudes

El caso Ficrea debe separarse para efecto de entender el mensaje de la nueva regulación que quedó pendiente de aprobación en el Senado, dijo. Entre ellos citó la definición de un nivel de operaciones único, basado en un marco de capitalización en riesgos, que se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para decretar la intervención de las sociedades financieras, a través de la inclusión del apartado de intervención y da herramientas suficientes para evitar fraudes y el traslado del fondo de protección para los ahorradores de estas sociedades al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en un periodo de 24 meses, que da la posibilidad de que el ahorrador se sienta protegido por un fondo único.

En el IPAB la protección a los ahorradores es de alrededor de 2 millones de pesos (400 mil unidades de inversión), mientras que el seguro de protección de las sociedades financieras populares es de un máximo de 130 mil pesos.

La ley también estipula medidas de alertas tempranas para prevenir y corregir anomalías financieras o de cualquier índole; a fin de dar seguridad a los ahorradores.