En aras de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones privadas en los sectores energético y minero, incluso en proyectos de agua, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pretende que las consultas a los pueblos indígenas no sean vinculantes, es decir, obligatorias.

Trabajamos para garantizar la certidumbre jurídica en los registros públicos de la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en las reformas, como la energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos, enfatizó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, en un encuentro con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México (USEM).

Lo anterior forma parte de cinco temas que empuja el sector privado para fortalecer el estado de derecho, porque dijo que en materia económica los empresarios ya vieron avances con las reformas estructurales.

Gutiérrez Candiani destacó que la corrupción es el tema más grave de este país y recordó que el CCE trabaja para combatirla, “primero reconociendo que hemos sido parte del problema, un mea culpa.

Tratamos de romper este pacto tácito de corrupción que impera en el país y queremos que México pase ya de tantos escándalos a las sanciones. Todos los mexicanos estamos realmente hartos de que cada semana vemos que hay corruptelas y no sucede nada. Todo queda impune, ni siquiera nuestro sistema jurídico-judicial tiene las herramientas suficientes para poder actuar. Trabajamos sobre una arquitectura institucional del combate a la corrupción y la impunidad, en la transparencia y rendición de cuenta con los gobiernos y poderes de la Unión, remarcó en su exposición ante la USEM.

Concluido el encuentro, el dirigente del CCE no quiso abundar sobre las consultas indígenas.

–¿A qué se refería con que las consultas a pueblos indígenas no deben ser obligatorias?

–Vinculantes –aclaró.

–¿Vinculantes no son obligatorias al final de cuentas?

–Si es vinculante, sí. Lo que nosotros queremos es que, por supuesto, como dice la Constitución, sea tomada en cuenta la opinión de muchos de los pueblos, pero que también eso no sea un impedimento para la inversión en la reforma energética.

–¿Se extendería también a (proyectos) de minería y agua?

–Sí, por supuesto. Es parte de eso.