Los estados de la República en que se requiere un esfuerzo especial del gobierno para combatir la inseguridad son Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, sostuvo el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien dio a conocer un estudio elaborado por esa dependencia y la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la violencia en Acapulco.

El estudio señala que los jóvenes de ese puerto perciben que no sólo son perseguidos por el crimen organizado, sino también por la violencia del Estado.

Ante senadores, Campa Cifrián señaló que entre los estudiantes que viven en Acapulco no existe una sensación de protección por parte del gobierno; por el contrario, la población vive sometida a la violencia de militares, policías, funcionaros corruptos e infiltrados, que refuerzan, junto con el crimen organizado, esa sensación de desconfianza.

Esa situación, se destaca en el estudio que el subsecretario entregó al Senado, afecta la vida cotidiana en múltiples formas. Indicó que la desconfianza dificulta el intercambio social y la formación de vínculos, “dado que resulta preferible no establecer lazos sociales con otros para no correr riesgos. Esto, a su vez, implica que el tejido social se vaya fragmentando y que en lugar de conformar grupos que se protejan, apoyen y cuiden entre si, se opte por la individualidad y por la ‘ley de matar o morir’”.

La angustia persecutoria, explicó Campa Cifrián, deriva de una realidad sumamente violenta, llena de transgresiones a la integralidad de quienes forman la comunidad; la violencia entraña un ataque al otro y los otros.

El subsecretario dijo que el estudio se realizó con alumnos de secundaria de la colonia Progreso, en Acapulco, donde se registran 160 homicidios por cada 100 mil habitantes y la Organización Mundial de la Salud considera que arriba de 10 es epidemia.

Agregó que esta problemática trastoca incluso la labor de los docentes dentro de la escuela, quienes se sienten en riesgo ante diversas situaciones con los alumnos, como reprobar a alguien que pertenece a una familia vinculada con actividades delictivas o denunciar casos de abuso sexual, pues varios profesores han sido amenazados.

Refirió que se constató que la violencia se convierte en algo cotidiano: se reproduce en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, y ya no sorprende, a menos que se presente con alto grado de crueldad o con ciertos elementos que evidencien aquello a lo que nos hemos acostumbrado.

Campa señaló que se evidenció, además, que para padres, maestros y alumnos la ley parece ser algo manipulable, dependiendo de lo que se necesite y de quién lo pida. Parece que ni en la familia ni en la escuela (representante del Estado) se logra transmitir una visión clara de la legalidad.