Frente a la inseguridad, la amenaza del crimen organizado y las omisiones de las autoridades, las comunidades tuvieron que organizarse para emprender su propia defensa, creando las policías comunitarias, señalaron expertos durante la presentación del libro La rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero, quienes repudiaron el acoso que han sufrido integrantes de aquellos cuerpos.

El sociólogo e investigador Armando Bartra señaló que las personas están teniendo que hacer, por su cuenta y riesgo, algo que tendría que hacer el Estado mexicano. Al respecto, Marcos Matías Alonso, académico titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), dijo que el Estado abandonó a la ciudadanía y la dejó en manos del crimen organizado, pero también ha abandonado a los pueblos indígenas en la pobreza.

Sobre las mineras en Guerrero, las cuales se encuentran en regiones donde se mueven la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, criticó las concesiones otorgadas.

Expuso que la presencia del narco, el acecho de esas empresas y la desaparición en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa han hecho de ese estado un microcosmos explosivo.

La obra, editada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados y el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso de Guerrero, es un repaso histórico de las policías comunitarias y un análisis sociológico que explica el olvido en que actualmente viven los pueblos de Guerrero.

Rafael Aréstegui Ruiz, director general del Cesop, detalló que el libro es un compendio de 25 ensayos que explican el proceso que ha llevado a muchos guerrerenses a ejercer la justicia con sus manos.

Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, señaló a La Jornada que los pueblos originarios han estado más en los discursos que en los hechos.

Lamentó que pese a décadas de programas sociales, aquellos sigan en la carencia y se les niegue incluso la participación política, pues ninguno de los principales partidos, PAN, PRI ni PRD, los incluyen en sus listas de plurinominales; esa es la importancia que tienen para las cúpulas partidarias.

Bartra aseveró que, no sólo en Guerrero, sino también en otros estados “más gente ha sido expulsada de su comunidad por el narco que por todas la presas y minas, sin minimizar la ofensiva de la minería, las presas, las urbanizaciones y desarrollos turísticos”.

Lamentó la “desbandada por el narco” y dijo que en México el estado de derecho no impera, o lo hace bajo la forma de su interrupción.

En relación con las expectativas que tienen los jóvenes del campo, dijo que “llegan a los 12 o 15 años y no ingresan a la adolescencia, sino a la obsolescencia; no tienen opciones y a esa edad buscan otra cosa.

“Se van al gabacho, a las ciudades o al narco, que les ofrece vida corta, pero desde su perspectiva, plena, pues a los sicarios se les respeta o se les teme.”

María Teresa Sierra, profesora investigadora del Ciesas, expuso que aunque a las policías comunitarias se ha estigmatizado y acusado, incluso de ser paramilitares, surgieron para enfrentar el acoso y la impunidad.

La académica subrayó que las comunidades decidieron organizarse para enfrentar la inseguridad ante la mirada permisiva de las autoridades.