Los Chimalapas.

Historia de agravios y defensa de la tenencia comunal

Josefa Sánchez Contreras

Los conflictos agrarios, la defensa de la tenencia comunal y los despojos territoriales se encuentran vigentes en la vida de los pueblos indígenas de México. Es la misma historia que se ha suscitado en el territorio Chimalapas, el cual consta de 594 mil hectáreas. Política y culturalmente se divide en dos municipios: Santa María y San Miguel. 591 mil 88 hectáreas son tierras comunales, mientras dos mil 912 son ejidales. Es vasto en hidrología, flora y fauna. En náhuatl, chimalapa se interpreta como río de los escudos por ser geográficamente el corazón del istmo de Tehuantepec. Colinda al oeste con los municipios de Asunción Ixtaltepec; al sur con los municipios de Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio y Juchitán de Zaragoza; al norte con Uxpanapa, Veracruz, y al este con el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Su ubicación geográfica y su vasta riqueza en biodiversidad la han posicionado como un punto de enorme interés geopolítico y económico, llevándola a una disputa interminable entre caciques, ejidatarios, empresas trasnacionales, comuneros y gobernadores en turno de Oaxaca y Chiapas. De modo que su historia, es larga tanto como el tiempo habitado por sus milenarios pobladores zoques a quienes algunos historiadores refieren como antiguos olmecas.

Pretendo dar cuenta de un episodio, clave en la historia agraria del territorio Chimalapas, que data de dos procesos de poblamiento: en los límites Chimalapa–Uxpanapa y Chimalapas–Cintalapa durante las décadas de 1970 y 1980, respectivamente. Este periodo es un antecedente fundamental en la aparición del vigente conflicto de límites interestatales entre Oaxaca y Chiapas. Tiene pertinencia ante la lectura que se tiene en la actualidad sobre los resonantes conflictos de tierras entre comunidades de Chimalapas y ejidos chiapanecos, puesto que de ello ha derivado una Controversia Constitucional, emitida y promovida desde el 2012 por el gobernador de Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual hasta la actualidad no se tiene un resolutivo, y el conflicto de límites inter estatales permanece aún en una letárgica administración.

Pese a la existencia de la Controversia Constitucional y al dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que indica no aprobar proyectos en la zona de conflicto hasta que se tenga un resolutivo, continúan las confrontaciones violentas entre zoques de Oaxaca y tsotsiles y mestizos de Chiapas, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Nacional Forestal (CONAFOR) insisten en aprobar proyectos de electrificación y concesiones de extracción de resina en la zona, lo cual agudiza las tensiones. Esto se ve reflejado en los últimos acontecimientos, que ha hecho públicos el Comité Nacional de Defensa y Conservación de los Chimalapas. La primera denuncia refiere la presencia de un grupo paramilitar denominado “Ejército Chamula”, dirigido por el propietario del predio “Los Ocotones Chiapas”. La segunda remite al reciente suceso del 24 de febrero del presente año, en una práctica usual en los límites Chimalapas-Cintalapa que consiste en detener a talamontes chiapanecos por parte de comuneros chimas. De ello se desprende el último suceso, ocurrido en la congregación de San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa, mismo que demanda el CNDCCH como un punto invadido por chozas de lámina calculadas, según testimonios de los talamontes, para 60 familias.

El desierto verde, un refugio de los sin tierras. El agravio a las tierras comunales chimas se ha ejercido con la implantación de poblados del lado norte y ejidos del lado Este, que devienen en desplazamientos forzados y reubicación de comunidades indígenas cuyos territorios han sido contemplados dentro de los denominados proyectos de modernización y desarrollo de las cuencas hidrográficas de Veracruz y Chiapas. Son proyectos que inician desde 1940 como un intento de réplica del modelo Tennesee Valley Authority de Estados Unidos.

Sierra Madre Occidental, Nayarit, 1990. Foto: Luis Jorge Gallegos

Este modelo se aplicó en 1974 bajo la administración de la vocalía ejecutiva del Papaloapan con la implantación de la presa “Cerro de Oro” en la zona de Tuxtepec. Concretarlo tuvo como consecuencia la inundación de 43 ejidos, de los cuales 37 correspondían a los municipios chinantecos de Ojitlán y Usila. Como solución, la CFE reubicó a más de mil 661 campesinos indígenas en el norte de los bienes comunales Chimalapas, lo cual implicó la destrucción de 85 mil hectáreas de selva virgen (comisión de Papaloapan, 1984). Se realizó en tres etapas: en la primera, desde el programa gubernamental se intentó convertir la zona en ejidos colectivos, lo cual fracasó. En la segunda se dotó de ganado a los campesinos, pretendiendo que esa actividad se convirtiera en su fuente de ingreso. Para 1986, al calor de una serie de protestas y movilizaciones por parte de los sin tierra, el Estado comenzó a ceder servicios y planificó un reacomodo que dio origen a 16 poblados en tierras comunales a lo largo de los límites Chimalapa–Uxpanapa, mismos que hoy integran un nuevo municipio veracruzano.

Por otra parte, la violencia y confrontaciones se encuentran exacerbadas en los límites de Chimalapas–Cintalapa, donde en dos momentos hubo dotación de ejidos en tierras comunales chimalapas. Primero, entre 1940 y 1967, gestionados por las empresas madereras y aprobados por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización para consentir el caciquismo y la permanente explotación de los aserraderos de la empresa Sánchez Monroy. El segundo momento se da en los años setenta y más enfáticamente en los ochentas. Se trató de ejidos emitidos por la Secretaría de Reforma Agraria a lo largo del límite Este de los Chimalapas y conformados principalmente por tsotsiles desplazados de sus tierras por motivos socio-religiosos. Este fenómeno se detona en un contexto de militarización y paramilitarismo en Chiapas durante el gobierno de Absalón Castellanos. En ese entonces se agudizaron los desplazamientos y reubicación de comunidades indígenas debido a la implantación de hidroeléctricas, con el claro objetivo de desarticular movimientos campesinos que exigían el reparto agrario.

Parte de las comunidades indígenas despojadas de sus territorios serían reubicadas en el desierto verde (los límites Chimalapas–Chiapas), condenados a ser invasores de las tierras comunales, mientras que para el estado de Chiapas y su estructura de cacicazgo serían un escudo indígena. Como parte medular de “La familia chiapaneca”, los Castellanos relevaron el tráfico de madera después de que los comuneros habían expulsado a las empresas. La estrategia de explotación del territorio fue mediante arbitrariedades de instancias legales que aprobaron ejidos en tierras comunales chimas, mismas que habían sido reivindicadas en los años setentas por el movimiento campesino. La dotación de ejidos registrados en la década de los ochenta incluye a los llamados Luis Echeverría, Flor de Chiapas y La Lucha en 1981; Pilar Espinoza de León en 1984; Jorge de la Vega en 1985; Plan de Guadalupe en 1986; Canán y Cal Mayor en 1987; Elsy Herrerías en 1988 y Guadalupe Victoria II en 1989.

La dotación de ejidos ejecutada por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se orientó por los lineamientos del Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas  (PRODSECH), al cual el Departamento de Asuntos Indígenas se había incorporado, siendo el objetivo concreto los reacomodos de campesinos chamulas de Botatulán procedentes de Chaníbal (Huitiupán), desplazados en 1975 en el oeste de Chiapas; formaron un núcleo poblacional que para los ochentas se reconocería como Cal y Mayor. Le siguió en 1977 el reacomodo de diez campesinos procedentes de Comaltitlán (Carpio, 2004). La misma estrategia regiría para el ejido Los Pilares. Estas arbitrariedades, respaldadas por la Secretaría de Reforma Agraria, encubrían a los pequeños propietarios, quienes vinculados a políticos caciques podían establecer la legalidad de la explotación forestal en la selva chima.

Los representantes de estos intereses fueron miembros de la familia Castellanos, quienes intentaron apropiarse de la zona oriente de Chimalapas. El gobernador Absalón Castellanos Domínguez fue el responsable, mediante la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y el PRODSECH, de la reubicación de los poblados que serían afectados por la presa Itzantún y con ello la creación de cinco ejidos en tierras de bienes comunales de Santa María Chimalapas. Ello con el evidenteme propósito de cubrirle la espalda a Ernesto Castellanos (Morquecho, 2013), personaje que traficaba con madera y se había apropiado de la finca cafetalera “San Luis Casa Blanca”, y después de que la subversión campesina de los años setentas había logrado desalojar a la empresa Rodolfo Sánchez Monroy.

La nada inocente creación de poblados también tenía la intención de desmantelar  la organización de los chamulas, quienes en 1984 formaron el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) como respuesta a la brutal expulsión de sus comunidades emprendida por caciques y respaldada por el gobernador Castellanos. Las instancias que dieron fe y legalidad a este proceso fueron la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, mediante su dirección de Tecnología Apropiada, responsable de diseñar el plan de reubicación. En complicidad con la Secretaría de Reforma Agraria se fundaron los ejidos Canán, Nuevo Jerusalén, Monte Sinaí I y II, con parte de la población chamula desalojada de los Altos. Estas invasiones se concretaban y respaldaban por la vía legal. Otro episodio fue la aprobación de una iniciativa de Castellanos el 7 de enero de 1984, publicada en un diario de Tuxtla Gutiérrez, donde se anunciaba la creación de la Corporación de Fomento de Chiapas, empresa paraestatal que tuvo la finalidad de explotar y comercializar la madera. Con este respaldo, la empresa fue dirigida como un negocio privado del gobernador, su familia, los funcionarios agrarios y los allegados del gobernante, en un ambiente de corrupción.

Zontecomatlan, Veracruz, 1991.Foto: Luis Jorge Gallegos

Mientras tanto, del lado de Chimalapa, en Oaxaca, los ex trabajadores asalariados de las empresas madereras junto con zoques y tsotsiles constituían el Frente Chima, estableciendo las comunidades de Río Frío, Benito Juárez, Chocomantlan y San Antonio Encinal como una forma de delimitar el territorio. Enfrentaron directamente a los propietarios enmascarados de “ejidos” y a la invasión de los Castellanos. De ahí el secuestro de Ernesto Castellanos en 1986  como una medida de defensa de la tenencia comunal, la cual denotaba la organicidad de los comuneros chimalapas; después de su liberación se recupera el territorio y se inicia una etapa de negociaciones y movilizaciones contra proyectos capitalistas y la continua presencia de los caciques.

Despojados siempre, los indígenas.Antes que denominar a los ejidos como “chiapanecos invasores”, se tendrían que considerar sus orígenes, que remiten a una historia de múltiples despojos. En la maniobra de crear el conflicto radica el poder de explotar la selva y generar confrontaciones entre indígenas, ya que su existencia  significa la permanencia de intereses económicos y políticos. 

La creación del conflicto comienza en 1970 cuando jornaleros de las madereras, todos ellos mestizos, tsotsiles y zoques de Chiapas, en unión con zoques oriundos de Chimalapas, comenzaron a reivindicar las tierras comunales haciendo frente a la estructura caciquil de la zona oriente. Entonces comienzan las violentas confrontaciones. Por eso  este intento de documentar dicho episodio para dar cuenta de cómo las instancias gubernamentales han sido cómplices en la creación del conflicto. También han contribuido a mantener las confrontaciones inter campesinas e indígenas para solapar y encubrir la explotación forestal.

Es necesario reflexionar cabalmente sobre los responsables directos. Me refiero a los principales beneficiados, cuyos intereses se respaldan en la perpetua administración del conflicto. Ello, antes que seguir estigmatizando a la población indígena chamula, grupo originario que históricamente ha resistido a  los embates del colonialismo/capitalismo.

Este breve repaso intenta visibilizar una estrategia de Estado, a modo de exhortación para pensar este artificial conflicto de límites interestatales, develando la historia que intenta mantenerse oculta, y así interpelar al presente y entender el letárgico y cadavérico estado de la Controversia Constitucional. 

Referencias:
Comisión de Papaloapan, 1984.
Carlos Del Carpio: La colonización de la frontera Chimalapa, 2004.
Gaspar Morquecho: América Latina en movimiento, 2013.
Archivo del Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas.
Padrón e Historia de Núcleos Agrarios (PHINA)