Los siete partidos políticos que estaban inconformes con la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) regresaron a su antigua realidad, ya que varias de sus propuestas fueron votadas en contra por el Consejo General.

Contrario a lo que se esperaba, los representantes partidistas ya no impugnaron la entrega de pantallas de televisión a 12.6 millones de hogares, con el cuestionado emblema Mover a México, pese a que el gobierno federal anunció que no cancelará este programa.

Si bien los consejeros aceptaron incorporar propuestas de seis partidos (Morena no se sumó) para dar máxima publicidad al proceso de selección de los consejeros de los organismos públicos locales electorales (Oples), su planteamiento medular no fue aceptado: que las calificaciones de los candidatos se acumulen y no se privilegien las negociaciones políticas.

En nombre de seis partidos políticos (con excepción de Morena), Pablo Gómez, representante del PRD, presentó un documento cuyo punto medular fue rechazado, lo que hizo exclamar al perredista que los nombramientos de los consejeros locales se convierten en un mercado. Negocian entre ellos. Tú me das, yo te doy.

Francisco Gárate, del PAN, se sumó al perredista al plantear que este reglamento para la selección de los consejeros está plagado de subjetividad y lo más objetivo que hay son los números.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, defendió la propuesta de Marco Antonio Baños al señalar que el mejor embajador no es el que tuvo el mejor examen de normas y protocolos, y lo mismo ocurre con un consejero electoral que no es mejor por saber de cuestiones electorales.

Otros planteamientos de los partidos en rebeldía que fueron rechazados tienen que ver con las facultades del INE para delegar o atraer la organización de las elecciones en los estados.

En la sesión se aprobó también la difusión de los trabajos de las comisiones de Quejas y Denuncias, Fiscalización y Servicio Profesional Electoral, aunque en este último caso no podrán transmitirse en vivo cuando se analicen procesos disciplinarios o estén relacionados con evaluaciones.

Tampoco estarán abiertas las sesiones de la Comisión de Fiscalización, donde se analicen investigaciones y auditorías de la Unidad Técnica de Fiscalización o cuando se vaya a liquidar a algún partido político.

Se dejará a criterio del presidente de la comisión respectiva que una sesión no se transmita por Internet, previa fundamentación, según la propuesta del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien impulsó estos cambios a raíz de la polémica que suscitó la operación discrecional de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Además, se ratificó una bolsa de 23 millones de pesos para los candidatos independientes a diputados federales.