s bien sabido que la gran mayoría de tratadistas consideran que las constituciones, en general, reflejan el momento político, social, cultural económico por el que atraviesan los países en el momento de su entrada en vigor.
Así, a manera de rápidos ejemplos, mencionemos la Constitución de 1857, que recoge en muchos aspectos y con gran puntualidad el tiempo liberal por el que atravesaba el país. Juárez y sus ideas de los derechos individuales, la afirmación del Estado como instancia suprema de la soberanía, excluyendo a otras corporaciones que en la época intentaron sustituir o excluir al Estado como la construcción ciudadana de más alto rango (la Iglesia y sus aliados de la extrema derecha más conservadora, que incluso apelaron a la intervención extranjera en favor de sus intereses, sobre todo Francia), y por cierto las oligarquías internas que tenían como meta el control total de la economía y de la política, sin importarles un comino las necesidades del pueblo y sus aspiraciones de afirmación soberana e independiente, que se revelaron, por supuesto, con el triunfo del juarismo.
La Constitución de 1917, cuyo centenario acaba de celebrarse (en Querétaro, de manera muy modesta, por cierto, como debía ser), recogió las principales aspiraciones de la Revolución Mexicana, dando por resultado un texto constitucional que seguramente jamás se cumplió a cabalidad, pero que representó un programa político extraordinariamente avanzado para la época: derecho laboral, reforma agraria, nacionalizaciones y creación de un buen número de entidades públicas orientadas a incrementar el bienestar de los mexicanos más necesitados y, en el plano internacional, la afirmación de la soberanía y la independencia, y desde luego la no intervención como rasgos muy distinguidos en la actuación del Estado mexicano a lo largo de buena parte del siglo XX. No hay duda de que la Constitución mexicana de 1917 abrió brecha y fue vanguardia en muchos aspectos que después recogieron diferentes pactos constitucionales de distintos países a lo largo de ese siglo.
La Constitución mexicana de 1917 representó un verdadero pacto político y social de los sectores y fuerzas triunfantes en la Revolución Mexicana, y tal cosa fue, sin duda, la base de la estabilidad del país y de sus adelantos programáticos a lo largo de la centuria.
Todos sabemos, sin embargo, que la Carta Magna de 1917 ha sido profundamente desvirtuada en su siglo de existencia, primero porque se transgredía con una facilidad que en general resultaba altamente impune. Pero además, como también sabemos, porque ha sido objeto de cientos de modificaciones profundas que han trastocado e incluso negado su filosofía social primordial. El país y el mundo han cambiado y no precisamente en las direcciones básicas ya contenidas en el texto constitucional de 1917. El país, respecto a la Revolución de 1910, se ha hecho tremendamente conservador en sus fuerzas y sectores dominantes, lo que se ha reflejado, entre muchas otras, en las últimas reformas constitucionales (llamadas estructurales
), y sobre todo en la estructura real de los poderes dominantes en México (en la economía, en la política, en lo social), plenamente inmersos en el neoliberalismo económico
, lo cual, en esencia, niega y altera de raíz los principios constitucionales de 1917.
Su resultado objetivo es el de un país actual con enormes concentraciones de riqueza y de poder politico y social que genera ya severas contradicciones e incluso enfrentamientos de carácter político y social que nos ponen en el filo de la navaja respecto al futuro inmediato o más lejano. El hecho es que en los últimos tiempos un conjunto importante de personalidades de diferentes ideologías, y también organizacioes que se han manifestado en la oposición al actual estatus, han escrito abundantemente y han iniciado diferentes acciones organizativas postulando la urgente necesidad de iniciar un proceso de cambio constitucional cuyo resultado sería una nueva Constitución acorde con las necesidades impostergables de la población marginal y menos favorecida del país.
No pueden ocultarse las tremendas dificultades de un planteamiento de tal naturaleza, pero tampoco puede ocultarse la urgencia y necesiad objetiva de tal propósito. De lo que se trataría, dicho sintéticamente, es de la formulación de un nuevo texto constitucional que vuelva a situar al país en una vanguardia reformista-revolucionaria favorable a las necesidades más amplias del pueblo mexicano en estos primeros años del siglo XXI. Gran tarea la propuesta y de gran aliento absolutamente necesaria en los tiempos que corren. Con una característica esencial: la nueva constitución se abriría paso a través del proceso legislativo pertinente y no, como otras veces ha ocurrido en la historia de México, como resultado de enfrentamientos armados que hasta ahora no se han planteado por los más responsables, sin que se excluya la posibilidad de que se llegue también a ese enfrentamiento, dependiendo de circunstancias ahora imposibles de preveer. ¿Será posible esa reforma radical antioligárquica por vía pacífica?
Se trata, en definitiva, de la formulación de un nuevo pacto social en el sentido progresista indicado, con el cual, para su fin, han de coincidir militante y organizadamente, la mayoría de mexicanos. Tarea no fácil y de gran envergadura política, pero no imposible en las circunstancias actuales.
Desde luego, una de las dificultades mayores a que se enfrenta el proyecto es que los poderes reales en el país, de carácter económico, político y social (y cultural), están en manos de quienes los aprovechan abundantemente para su beneficio, y que todo indica se opondrían cerradamente a una nueva constitución que tendería, sin duda, a debilitar sus posiciones y a favorecer a los mexicanos que menos tienen. Profunda reforma antioligárquica y no sólo nacionalista y popular.
Por tales razones sostengo que se trata de una tarea política mayúscula y urgente a la que deberíamos apoyar, a pesar de las dificultades evidentes.
