La investigación para determinar si hubo o no conflicto de intereses del presidente Enrique Peña Nieto y de su secretario de Hacienda en la compra de residencias a empresas contratistas del gobierno ‘‘llevará meses’’, reconoció el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez.

Además, señaló que la dependencia ya trabaja en la integración del ‘‘panel de expertos’’ que dará su opinión sobre las conclusiones de la indagatoria, sobre la base de las buenas prácticas internacionales. Dijo que esta instancia estará integrada por ‘‘académicos especialistas en el tema’’ y representantes de organismos del sector privado y de la sociedad civil.

Sin embargo, reconoció que las facultades de la SFP son limitadas, pues sólo puede emitir sanciones administrativas a los funcionarios públicos, pero la resolución que emita sobre el conflicto de intereses también estará sujeta al escrutinio de la sociedad y podría ser incluso impugnada ante otros poderes.

Combate a la corrupción

Andrade destacó que la prioridad con la que llega a la dependencia es combatir la corrupción y evitar el ejercicio indebido del cargo público en beneficio propio, que desde hace mucho tiempo es una de las demandas más sentidas de la sociedad y uno de los grandes pendientes en el país. Insistió en que si bien fue nombrado por el titular del Ejecutivo federal, su actuación al frente de la Secretaría de la Función Pública está sujeta a las leyes y a la rendición de cuentas.

El secretario Andrade dijo que las primeras medidas empezarán a instrumentarse en unas semanas, pues primero es necesaria la creación de una unidad especializada en ética y prevención de conflicto de intereses.

Se empezará a trabajar en ampliar los requisitos de las declaraciones patrimoniales, a fin de que los funcionarios expresen si tienen algún indicio de conflicto en esta materia. Esta es una de las varias acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Peña Nieto, con el fin de prevenir la corrupción y evitar los conflictos de intereses.