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Protestas por tala, contaminación del agua y daños a casas llevaron a cancelar el proyecto en 2011

Comunidad de Oaxaca impide hidroeléctrica
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 20

Santa Úrsula, Oax.

Los residentes del caserío de Santa Úrsula comenzaron a preocuparse cuando empezó la tala de árboles. En pocas semanas, la vegetación en casi dos kilómetros (más de una milla) había desaparecido para abrir camino a maquinaria pesada de dragado.

Era 2010 y comenzaba el trabajo de un ambicioso proyecto a tres años, de 30 millones de dólares, que contemplaba la construcción de una planta hidroeléctrica de 15 megavatios adyacente a la represa del Cerro de Oro, con apoyo de una agencia gubernamental estadunidense.

Luego vinieron las explosiones para abrir un túnel entre las rocas y alimentar las turbinas. En Santa Úrsula, ubicada a 2.4 kilómetros (1.5 millas) de distancia, tembló y surgieron grietas en viviendas, según los residentes.

Finalmente comenzó a salir agua turbia de las canillas y los lugareños empezaron a pensar lo peor: se había contaminado el manantial de la montaña que suministraba el agua potable a casi 2 mil personas y alimenta un arroyo clave para la zona.

Para nosotros el arroyo es la vida, expresó Federico Cohetero, agricultor de Santa Úrsula. El proyecto era financiado en parte por Overseas Private Investment Corp (Opic), dependencia del gobierno estadunidense poco conocida pero con un alcance global, la cual aportó un préstamo garantizado de 8.5 millones de dólares, que formaba parte de una partida de 60 millones a usarse en proyectos energéticos en América Latina.

La inquietud en torno a las explosiones y el agua desencadenó protestas que dejaron el proyecto en suspenso. A finales de 2011 los manifestantes cantaron victoria y demostraron que es posible impedir proyectos de desarrollo en un país donde generalmente esas iniciativas se hacen realidad incluso si los residentes locales se oponen.

La batalla dio a su vez una idea del impacto que pueden tener proyectos de desarrollo apoyados por la Opic, que buscan promover progreso económico y han generado protestas en Liberia, México y Chile, según un estudio de The Associated Press (Ap). Pese a que financia obras por 3 mil millones de dólares todos los años, se habla poco de la Opic y es escasa la supervisión de sus manejos. La Opic precisó que sus proyectos generan miles de puestos de trabajo y mejoras al ambiente, pero no revela el estatus de sus iniciativas.

Protestas comunitarias

En México, las protestas comunitarias sacaron el tema a la luz. Gabino Vicente, funcionario municipal de Santa Úrsula, que hace de enlace con el gobierno, mostró a periodistas de Ap la zona donde hubo tala. Todavía no hay árboles, aunque la presencia de césped alto y arbustos indica que se está produciendo una recuperación gradual. Junto al arroyo hay un canal que parece zanja, lleno de rocas, que estropea un paisaje dominado por frondoso follaje verde.

Cuando empiezan a talar los árboles del arroyo Sal entendemos la magnitud del daño que estaban empezando a ocasionar con el proyecto, declaró Gabino Vicente.

La Opic y el contratista, Conduit Capital Partners LLC, de Nueva York, defendieron la iniciativa. Empleados de la Opic visitaron el lugar y contrataron expertos para evaluar el impacto en el medio ambiente. Aseguró que el contratista suspendió el proyecto en un gesto de buena voluntad.

Conduit Capital Partners, que se asoció con empresas locales de México, afirma que la conversión de la represa es una gran oportunidad perdida. Lamentablemente debimos declararlo pérdida total, añadió George Osorio, socio de Conduit.

Osorio acusó a Accountability Counsel, organización legal de San Francisco que representó a los residentes, de ayudar a matar el proyecto. Sostuvo que instigó para que la comunidad se opusiera exclusivamente para justificar su existencia.

Accountability Counsel, por su parte, sostuvo que ayudó a los lugareños a resistir un proyecto que los afectaba profundamente. Estaban surgiendo grietas en las casas por las explosiones, manifestó la directora ejecutiva Natalie Bridgeman Fields, que visitó Santa Úrsula.

Fields dijo que los residentes contactaron a la agrupación, no al revés, y el daño al ambiente hubiera sido mucho más severo de haber continuado el proyecto.