Iguala, Gro.

Las familias de los otros desaparecidos entienden el dolor de Ayotzinapa porque lo sufren en carne propia. Y saben también, en su corta experiencia de lucha, que sólo su terquedad ha obligado a las autoridades federales a emprender una búsqueda que la tragedia de los normalistas hizo posible.

El 22 de octubre, los Vergara, declarados apolíticos, participaron en una marcha: ¿Sólo hay justicia para desapariciones masivas?, rezaba el cartel que llevaron. Ahí se les pegaron otras cuatro familias y nació un comité gracias al cual existe hoy un registro de 235 desaparecidos y se han hallado los restos de 39 personas (sin contar, claro, los 28 ubicados en las primeras fosas excavadas por el gobierno estatal, donde luego fueron encontrados dos cuerpos más que los peritos guerrerenses no vieron).

Ya nos iban a descartar La Laguna, suena la voz bajita de Mario Vergara, que busca a su hermano Tomás, desaparecido en 2008, y que encabeza, con otros familiares, la muy triste búsqueda de los otros desaparecidos de Iguala.

Mario se refiere a un paraje al pie del Cerro Gordo, en el poniente de esta ciudad, adonde los familiares llevaron al personal de la Procuraduría General de la República (PGR) con el resultado de 26 cuerpos exhumados.

Pensamos que el lugar es seguro, si quieren vamos, expresa Mario, antes de agarrar camino con un grupo de reporteros. Al día siguiente, los familiares volverán ahí en un convoy de seis camionetas, con Ministerio Público, una decena de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y algunos más de la Policía Federal, con peritos forenses y con dos pastores belgas de nombres Lady y Evelia.

Con todo, un informe revela que la búsqueda no cuenta con recursos suficientes, ni materiales ni humanos, además de que reconoce que todo el trabajo se ha hecho con la colaboración de las familias, quienes han aportado información valiosa para los hallazgos y sin quienes no hubiera sido posible realizar las actividades que se han estado programando.

Un olor que se te queda en el cerebro

El día que van sin la autoridad, los familiares muestran la técnica que han perfeccionado en poco tiempo. Los herreros de Huitzuco fabricaron las herramientas esenciales: varillas corrugadas con círculos soldados en un extremo, que sirve como apoyo para enterrarlas en la tierra seca.

El lugar elegido para enterrar la varilla debe reunir varias características: Un árbol trozado a un lado, indicios de piedras que fueron hechas a un lado, suelo agrietado, explica Claro Raúl Canaán, tío de Omar e Hiram, dos jóvenes desaparecidos también en 2008, cuando contaban con 24 y 21 años.

Seleccionado el sitio, los hombres introducen la varilla, se apoyan en el círculo para enterrarla y, si hay resistencia, utilizan un pequeño marro para conseguir mayor profundidad. Cuando la extraen, se la llevan a la cara. El olor, dicen, es inconfundible.

–Una vez un compañero tocó la varilla, esa grasita, y el olor se le quedó tres días –recuerda Juan Jesús, padre de los muchachos Canaán.

–Se te queda en el cerebro, no en la mano –precisa Claro Raúl.

Los familiares señalan un punto, y luego otro y otro. Ese ya se exhumó y sacaron dos cuerpos. [...] Por ese otro la antropóloga (de la PGR) se enojó con nosotros, porque dijo que no podía haber restos donde hubiera raíces, y dio positivo. [...] En ésta se tardaron horas, porque no traen gente que sepa usar las herramientas, no saben escarbar.

De hecho, los familiares han tenido que contratar albañiles expertos para, de cuando en cuando, echar la mano a los peritos de la PGR.

Un informe de esa dependencia señala que del 18 de noviembre de 2014 al pasado 12 de enero han sido inspeccionadas 63 fosas y se han hallado restos óseos y/o cuerpos en 16. A ese número habría que agregar la fosa excavada el pasado jueves 22, en la que fueron encontrados dos cuerpos pese a que, como indica Mario, ya nos iban a descartar el lugar.

Los informantes y la búsqueda interminable

La PGR llegó a este punto –y a La Joya y la Barranca del Tigre, los otros dos sitios inspeccionados– gracias a los familiares, y ellos gracias a un ciudadano que se acercó a la iglesia, nos dijo que conocía un lugar donde enterraban a la gente y nos trajo hasta acá.

Otro señor, que solía ir por le­ña a lo más alto del Cerro Gordo, llevó a los familiares a tres parajes que esta semana fueron inspeccionados y donde, se espera, pronto habrá nuevas excavaciones a cargo de los familiares y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a la que, por cierto, le recortaron el presupuesto de este año.

En lo alto del cerro quedan los restos de lo que, según los familiares, era a la vez un campo de entrenamiento y un cementerio de víctimas de levantones. Sobre un árbol, hay un asiento hecho con palos y trozos de tela, un mirador que apunta hacia el camino allá abajo.

En el suelo, aquí y allá, jirones de ropa, botellas vacías, bolsas llenas de platos desechables despachados en una taquería.

Don Joel y Mario se separan del grupo y suben más, a buscar otro lugar en la punta del cerro, lidiando con las espinas de los huizaches.

Un agente de la PGR regresa con una foto de una víbora coralillo que se acaba de topar.

El recorrido termina cuando el oficial al mando conviene en que habrán de regresar a hacer excavaciones. Da por bueno el lugar elegido por los familiares en esta búsqueda interminable.

Nosotros buscamos con el corazón

Los familiares tienen una relación de toma y daca con los del gobierno, sean del guerrerense o del federal. Se quejan, por ejemplo, de que la administración de Rogelio Ortega presume haber instalado un comedor popular en la sede de sus reuniones, la iglesia de San Gerardo, aunque no entrega recursos para su sostenimiento (la despensa que nos dieron apenas alcanzó para dos días).

Sin embargo, reciben con agrado la aportación del gobierno estatal a la búsqueda: palas, picos y barretas, 20 piezas de cada herramienta.

Han hecho migas con el personal de la PGR, pero eso no impide que se desesperen por la lentitud de los trabajos y de lo que consideran impericia de los buscadores oficiales que, además, sólo programan trabajos de lunes a viernes.

“Nosotros hemos encontrado más lugares que ellos… Quizá porque yo tengo a mi hermano perdido: nosotros buscamos con el corazón.”

Las desapariciones se dispararon con Abarca

Con la llegada de José Luis Abarca al poder, se dispararon las desapariciones en Iguala. Hasta el pasado 12 de enero, la PGR tenía un listado de 235 casos.

Según las denuncias que ha recibido la PGR (contenidas en el Informe de las diligencias realizadas y atenciones brindadas a familiares de personas desaparecidas en Iguala, Guerrero, de la dependencia), en 2010 hubo 15 víctimas y siete en 2011.

Abarca tomó posesión en septiembre de 2012, año en que la cifra creció a 32. Ya consolidado el dominio de Abarca, en 2013 se registraron 79, y 49 en 2014.

El informe, hay que precisar, sólo se refiere a las personas que han presentado denuncia del 18 de noviembre de 2014 al 12 de enero de este año.

La cifra negra es incalculable si uno se atiene a los testimonios de los parientes que, a pesar del miedo, han presentado denuncia. El comité ha registrado 450 familias, aunque muchas sólo se presentaron una vez y no volvieron, por miedo.

El mismo informe registra 93 personas declaradas y que se han tomado muestras de ADN a 525 sujetos.

Bajo el rubro cuerpos encontrados, el reporte de la procuraduría indica que son 37 (sin contar los dos del pasado jueves).

En el renglón de cuerpos exhumados en fosa común anota 34 y restos exhumados en fosa común inscribe 41. En este caso se trata de cuerpos y restos que se encontraban en el panteón municipal Fermín Rabadán, que se exhumaron con la finalidad de realizar posibles identificaciones a partir de las muestras de ADN aportadas por familiares.

En la lista de desaparecidos hay 210 hombres y 25 mujeres.

En camionetas por los cerros

Las cifras de fosas clandestinas corresponden sólo a tres puntos de la ciudad de Iguala, aunque los reportes de desaparecidos comprenden otros lugares donde operaban (operan, según un agente de la PGR que cuenta cómo los han visto, recientemente, en sus camionetas por los cerros) los Guerreros Unidos. Los desaparecidos se distribuyen así: Iguala, 110; Cocula, 13; Tax­co, 12; Teloloapan, ocho; desconocido, 48, y otros, 44.

Los trabajos cuentan con la participación de ministerios públicos federales, de peritos de la PGR, familiares, además de instancias de seguridad que brindan protección, usualmente la Armada de México.

Los gobiernos estatal y federal también brindan atención médica y sicológica, además de asesoría jurídica, siempre insuficiente, según los familiares.

No es para menos. Todos los días, en la iglesia de San Gerardo se reúne una legión de tragedias. Familias que perdieron su único sostén económico, padres que vendieron sus pocas pertenencias para pagar un rescate, mujeres que se endeudaron de por vida.

Tenemos una compañera con siete hijos que no tiene ni para comer, señala Mario. Los de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hablan de reparar vidas, pero hay gente que no tiene ni los 50 pesos para venir a la iglesia. Sí, al principio nuestro objetivo era encontrar cuerpos, pero hemos visto tanto daño que no podemos quedarnos así.