Un mes después de la presentación del decálogo en seguridad y justicia, los negociadores del presidente Enrique Peña Nieto se dicen dispuestos a aceptar cambios en las iniciativas de reforma enviadas en noviembre pasado al Congreso de la Unión.

Una de las propuestas es modificar la Carta Magna para crear obligatoriamente policías estatales únicas y, con ello, dar de baja unas mil 800 corporaciones municipales. En el país hay 2 mil 400 ayuntamientos y 16 delegaciones del Distrito Federal.

También se busca expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, con la cual incluso se podría desaparecer un ayuntamiento si se comprueba colusión de sus mandos con la delincuencia.

Los proyectos se encuentran en el Senado y el dictamen está pendiente; podría realizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en febrero.

“Tal como presentó la iniciativa, el Presidente dará lugar a que los grupos parlamentarios de los partidos políticos representados en las cámaras procesen las posiciones de los alcaldes hacia la construcción de un proyecto que tal vez no será en los términos propuestos por el Ejecutivo.

Creo que hay condiciones para que se apruebe la reforma del mando único, dijo a La Jornada el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe Solís Acero.

Rechazó que haya complicaciones en el cabildeo, luego de que el gobierno federal, por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propuso un acuerdo de carácter voluntario para que todas las entidades adopten un solo mecanismo marco hacia los mandos únicos.

“No creo que signifique (un albazo al Legislativo). Son vías complementarias y seguramente los senadores y diputados así lo verán”, opinó.

Grupos de presidente municipales (organizados según su procedencia partidista) han advertido que el proyecto presidencial –hacia la obligatoriedad de los mandos únicos– no está claro y que, según sus términos actuales, podría provocar decisiones arbitrarias, discrecionales. También el PAN y el PRD han criticado la pretendida enmienda.

–¿Se está cayendo la reforma para eliminar las policías municipales? –se le preguntó a Solís Acero.

–No, no lo creo. Seguramente habrá cambios en la iniciativa. No podría prestarse a criterios discrecionales; tendría que haber elementos de carácter objetivo, y es parte de las cosas que se pueden incorporar al proyecto.

Creo que hay condiciones para que en enero pueda haber acercamientos sobre el particular. Este es un tema relevante que importa a todos, es un compromiso con la sociedad. Los gobernadores han hecho pronunciamientos en favor del mando único. Hagámoslo de la manera en que todos queden satisfechos. Sí se puede, dijo.

En una primera etapa, el plan marco aprobado por los gobernadores, se enfocará al desarrollo policial: salario mínimo, prestaciones, capacitación y pago de indemnizaciones.

En este contexto, el primer paso, dijo Solís Acero, es detectar con los grupos parlamentarios dónde están los puntos de diferendo, así como las posibilidades de acercamiento

Otras prioridades del Ejecutivo

Entre las prioridades del Ejecutivo están también los cambios para mejorar la justicia cotidiana, fortalecer los instrumentos en materia de derechos humanos y las leyes contra la opacidad y la corrupción.

No obstante, también se debe dar continuidad a leyes en proceso. La primera en esta lista sería la concerniente a juegos y sorteos con apuesta, ya aprobada en la Cámara de Diputados y ahora en revisión en el Senado. También están a punto de concluir, comentó Solís Acero, los proyectos de la ley de archivos y el de población.