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Las mujeres de hoy y
la lucha por la tierra
En las Jornadas en Defensa de la Tierra, el Agua, la Vida y la Memoria participó Blanca Mendoza, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
FOTO: Neil Smith |
“Yo quiero hablar de la lucha por el derecho de la mujer a la tierra y de la represión que sufrimos al defender el territorio, el agua y los bosques –dijo Blanca- y con esto me refiero a lugares que nos proporcionan identidad historia, dignidad y memoria”, dijo.
La ponente refirió que es originaria del municipio de Tecuanapa, Guerrero, a donde pertenecen ocho de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. “Yo he venido acompañando a los familiares y trabajo con las madres, indígenas, campesinas, mujeres solas; estamos trabajando la conquista, el reacomodo, el coraje, el dolor y la tristeza”.
Habló de su experiencia en Tecuanapa. Dijo que la gente de este municipio se abastece de agua del manantial Las Cazuelas, pero hay una presión creciente por el recurso, pues indígenas de la Montaña Alta, asolados por el narco y los caciques, migran a vivir a los poblados de los municipios de Ayutla de los Libres y de Tecuanapa. Entonces, por inducción de partidos políticos, cuyos candidatos ofrecen agua en sus campañas, y de los gobiernos locales, los poblados se han enfrentado entre sí por el agua. En ese marco –y con antecedentes desde el gobierno de Rubén Figueroa padre-, ha habido secuestros y represión. “Figueroa hijo nos puso en estado de sitio, con un soldado en cada esquina de las calles de Tecuanapa (…) Yo estuve secuestrada por los cinco pueblos que nos disputaban el agua”.
“Mi sorpresa fue que las mujeres nos organizamos; anduvimos en un recorrido por los pueblos que también defendían su territorio y su agua, nos asesoramos con abogados, que nos ayudaron a armar la estrategia y los acuerdos. La situación no se resuelve aún pero dejamos de enfrentarnos entre pueblos, demostramos al gobierno que entre nosotros podemos avanzar organizados. Hemos llegado al acuerdo de que el agua es para todos, siempre y cuando alcance. Con estudios hechos por la UNAM, la UACh y otros, estamos demostrando los límites de la disponibilidad del agua, para que ya el PRD, el PRI o el Verde Ecologista dejen de ofrecer nuestra agua a pueblos lejanos, y que dejen de enfrentarnos y dividirnos, pues somos hermanos.
“Hoy el agua se tandea, se le da en las noches a Tecuanapa de la parte alta, en la tarde y noche a Tecuanapa de la parte baja y en la madrugada a los cinco pueblos que tenemos alrededor. Esa es la decisión que tomamos en asamblea popular”.
Blanca considera que hay un desprecio de los gobiernos hacia los pueblos más pobres. “En Tecuanapa, en Marquelia, en la Montaña Alta, todavía las mujeres se mueren de enfermedades de transmisión sexual que traen los maridos del otro lado, de Estados Unidos; allá va un médico cada seis meses, y cuando les detectan cáncer de mama o Sida, no le dan seguimiento. Cuando les detectan el virus del papiloma humano, anemia o falta de ácido fólico, igual, no hay tratamiento ni medicamento. Así están las mujeres de esa zona. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, llevó una unidad médica móvil, pero sólo con el chofer, no hay médico ni enfermera ni nada. Aquí vemos el desprecio y el abandono de las compañeras de la Montaña”.
Blanca Mendoza relató otra de sus experiencias de participación y lucha, en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, aledaño a Pachuca, en la comunidad de Pino Suárez, relativo al proyecto Relleno Sanitario Metropolitano (RSM) del gobierno, que afecta un predio de 15 hectáreas. La amenaza de este relleno, dijo es acabar la flora y fauna y se contaminar el único arroyo que se tiene para agua de la comunidad y de otros pueblos aledaños.
“Esta lucha la realizamos en 2011; organizamos a la población, pero nos costó mucho trabajo. La gente cree que cuando el gobierno dice ‘allí se va a construir esto’, en efecto ocurrirá y ya no le piensa más. Y no quiere defender, y es que defender cuesta mucho, cuesta la vida. Convocamos a un primer foro, tuvimos seis asistentes; decidimos insistir con otro foro, a donde llevamos expertos de la UNAM, de Chapingo. Hicimos una verbena popular y pedimos a la gente que presentara la gastronomía local para que entendieran que se iba a perder todo eso a causa del RSM. El gobierno dijo ‘pueden seguir hablando y diciendo lo que quieran. A nosotros la CNPA nos vale madres’. Cambiamos entonces de estrategia, anduvimos dos o tres compañeros casa por casa explicando las consecuencias del relleno. En el tercer foro tuvimos 20 habitantes que nos acompañaron, hicimos una consulta popular, llegaron paramilitares y nos quitaron el espacio donde nos habíamos instalado. Nos subieron a una camioneta y nos amenazaron: ’le bajas a tus huevos o te vas a la chingada’; rápido corrí con mis compañeros de la CNPA. Sí sentí miedo, más que en Guerrero, pues el PRI de Hidalgo es muy violento, entonces era el PRI de (Miguel Ángel) Osorio Chong, de (Jesús) Murillo Karam, de los que están ahorita burlándose de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa.
“Entonces nos fuimos a la UNAM, tocamos muchas puertas, para que la UNAM nos recibiera. Les planteamos la preocupación por el proyecto. Hicieron estudios, nos asesoraron en conflictos de tierra y tomamos algunos talleres. Y fue cuando se sumaron más y más mujeres en contra del relleno sanitario. Cuando tuvimos los conocimientos para defender la tierra, llamamos al gobierno a una mesa de trabajo, y ellos dijeron ‘sí, vamos con nuestra constructora, con nuestros expertos, nuestros arquitectos, con toda la tecnología’.
“Cuando llegamos a las mesas de trabajo, éramos puras mujeres del pueblo, también iban expertos de la UNAM, en mecánica del suelo y en resolución de conflictos; fueron también del Instituto de Ecología de la UNAM. Los representantes del gobierno de Hidalgo explicaron que en su proyecto todo iba a ser sustentable, que aquí íbamos a transportar la basura, nos lo pintaron maravilloso y dijeron que la constructora ya estaba pagada, que había recibido muchísimo dinero y que no suspendería su labor y debía terminar el relleno, se usara o no. La constructora es de Murillo Karam (está a nombre de sus sobrinos, y se llama HIVACO).
FOTO: Thomas Aleto |
“Nosotras dijimos ‘pues que acabe la constructora pero el relleno no va a funcionar y háganle como quieran’. A los 20 días me avisaron que la constructora había reanudado su actividad. Entonces decidimos llevar a toda la comunidad. La sorpresa es que ya la gente estaba politizada. Nos juntamos unos tres mil compañeros y sacamos la maquinaria. La llevamos a la casa ejidal. Nos rodearon de granaderos, de policía federal, nos espantamos. No hubo enfrentamiento. El secretario de gobierno del estado pidió diálogo. Mientras tanto en la UNAM estaban elaborando el informe para ver las consecuencias del relleno. Hicimos guardias para evitar que se llevaran la maquinaria y lo importante es que la población había comprendido que había que estar al pendiente y al pie del cañón. Estuvimos allí ocho meses y apenas en enero de 2014 la UNAM dio su veredicto, que dice que no es aceptable instalar el relleno”.
Cabe señalar que, según reportes de la prensa, el Instituto de Ecología de la UNAM determinó en un dictamen “la inviabilidad del RSM (…) En el dictamen se indica que el proyecto promovido por el gobierno del estado por medio de su Secretaría del Medio Ambiente no cumple con las disposiciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003 que prohíbe la construcción de sitios de captación de residuos sólidos urbanos y desechos de manejo especial en planicies aluviales, zonas fluviales y de recarga de acuíferos, como es el caso del predio antes mencionado. Insistir en el proyecto implicaría poner en riesgo de contaminación los mantos freáticos que abastecen de agua a 19 municipios del Valle del Mezquital y de la región del Valle de Tizayuca, entre ellos Actopan, Santiago de Anaya, San Salvador, El Arenal y Alfajayucan” (La Jornada, 12 de junio de 2014).
Blanca Mendoza afirmó: “Lo que comprendimos y la experiencia que tenemos es que no tenemos de parar, que debemos informarnos, estar siempre preparados para estas luchas (…) Nos tenemos que informar, capacitar, que sepamos decir por qué defendemos nuestra causa. Debemos inmiscuirnos para defender nuestros derechos y los de los otros de este México triste y dolido”.
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Si van por todo,
lo defenderemos todas y todos
FOTO: Jesús Villaseca Pérez |
Mayra I. Terrones Medina
En los dos años recientes, los tiempos del despojo se han acelerado, pareciera que los de arriba están en un maratón donde el premio se lo llevará el más oportunista, sanguinario y represor. El 16 y 17 de agosto pasado se celebró un encuentro en San Salvador Atenco, Estado de México, que buscó poner en la mesa ideas y trabajo conjunto para la defensa de la tierra, el agua y la vida.
Con la preocupación de diversas organizaciones, comunidades, colectivos e individuos, iniciamos un debate sobre ¿qué hacer? El panorama no era bueno, sobre todo para las comunidades indígenas y campesinas que han resistido los embates de los despojos neoliberales.
La compra de voluntades, la intervención de intereses particulares de todos los partidos políticos en territorios comunitarios, el uso a modo de las leyes y la aprobación de reformas que abren la puerta a una alianza tripartita (gobierno, empresas nacionales-trasnacionales y narco) para seguir despojando y explotando irracionalmente los recursos de nuestra patria conformaban el escenario del encuentro.
Llegamos allí con la noticia del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico provenientes de la presa Jales de la mina de cobre Buenavista, en el municipio de Cananea, Sonora, con la contaminación de los ríos Bacauchi y Sonora. El 7 de agosto la vida de los pobladores de seis municipios se puso en riesgo por una empresa que ha sido señalada incontables veces por ser beneficiaria de los gobiernos sin restricción alguna: Grupo México.
El 10 de agosto la periodista San Juana Martínez en una conferencia de prensa destapó las estadísticas del México violento: 150 mil víctimas en ocho años producto del narcotráfico, de desaparición y extorsión; en el periodo de Calderón, dijo, cuando se emprendió la guerra contra el narcog se registraron 300 mil desaparecidos y 80 mil migrantes. Y entre el gobierno de Calderón y lo que va de Peña Nieto suman un millón 500 mil los desplazados y más de 30 mil huérfanos por actos violentos.
El comité Cerezo presentó el informe “La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad que documentó, entre junio de 2013 y mayo de 2014, 200 detenciones arbitrarias en el Distrito Federal. El Imparcial hablaba de 57 mil 899 muertos en los primero 20 meses de gestión de Peña Nieto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El 19 de agosto el Nevado de Toluca cambió de estatus legal; de parque nacional a área de protección de flora y fauna, quedando autorizadas distintas actividades productivas antes prohibidas en esta zona forestal, como la tala, la ganadería y la agricultura. El Instituto de Ecología de la UNAM declaró que las autoridades federales emplearon información incorrecta para justificar el cambio de estatus legal. La privatización se justificó y la explotación está a la vuelta de la esquina.
Sí, el despojo de la vida, el agua y la tierra, como lo dijimos en la declaratoria del encuentro, se volvió una realidad cotidiana. Para el 20 de agosto las comunidades wixáricas de San Sebastián de Teopanahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños marcharon hacia Guadalajara para exigir que se les restituyeran 10 mil 300 hectáreas de la comunidad de Yexca, en Nayarit, que les habían sido despojadas por ganaderos nayaritas a pesar de existir una resolución a su favor.
El 22 de agosto un grupo de decenas de priistas y un grupo de jóvenes que portaba playeras con la leyenda “Paz y progreso” obstaculizaron el paso de una manifestación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco para demandar la nulidad de la asamblea ejidal apócrifa del 1 de junio y la suspensión del acta resultante de ésta, dadas las inconsistencias legales. Este grupo arremetió contra la manifestación que tenía por objeto llegar al Tribunal Agrario y acompañar la audiencia. El 24 de agosto un grupo de militantes priistas arremetieron contra miembros del Consejo Indígena en Defensa del Territorio, en Zacualpan, Colima, para apoderarse de la caseta de cobro del balneario de la comunidad; Paola Alonso Máximo resultó herida en la cabeza. En febrero de este año la mayoría de los comuneros destituyó al priista Guzmán Teodoro, acusándolo de no atender la postura de la comunidad contra la explotación de una mina de oro en su territorio.
En el encuentro en Atenco reflexionábamos que los gobiernos son cómplices y serviles: a cambio de unas migajas, nos entregan a la voracidad de los dueños del dinero, quienes buscan convertir en mercancía todo lo que somos y el mundo al que pertenecemos. El proyecto turístico comercial Parque Intermunicipal Cholula es uno más de los ansiados negocios de Rafael Moreno Valle; el 26 de agosto los pequeños propietarios de las dos Cholulas despertaron a las cinco de la mañana con sus predios invadidos por granaderos y autoridades municipales que plantaban estandartes de expropiación en sus milpas; los pobladores salieron a defender sus predios y quitaron las mallas y los funcionarios huyeron. El 6 de octubre se programó la toma simbólica y pacífica de San Andrés Cholula y al día siguiente fueron desalojados los manifestantes y detenidos cuatro pobladores con lujo de violencia.
El 28 de agosto la organización Alianza Única del Valle denunció que 150 antorchistas de filiación priista, acompañados del síndico municipal de la comunidad de Nicolás Romero, Estado de México, provocaron una confrontación con los pobladores que están en la defensa del bosque, la tierra y el agua y alertando sobre estas prácticas.
Decíamos en el encuentro que los megaproyectos se imponen sin el consentimiento de las comunidades por la vía de una legalidad a modo o de grupos pagados que regularmente están afiliados a un partido político.
El despojo también se manifiesta cuando nos quieren arrebatar la libertad de expresar nuestra inconformidad. El 11 de septiembre, un grupo de personas vestidas de civil se llevó a Mario Luna, vocero de la tribu yaqui, en la comunidad de Vicam; tres horas después se informó que estaba detenido en el penal de Hermosillo. La razón era una orden de aprehensión de junio del 2013, cuando Francisco Romo denunció al vocero yaqui, y a otros tres compañeros de secuestrarlo durante dos días y haberle robado su coche. El 23 de septiembre fue también detenido Fernando Gutiérrez en Vicam La tribu yaqui ha emprendido una campaña de protesta contra la construcción y operación del acueducto Independencia que extrae agua de su río.
Como lo dijimos en el encuentro de Atenco, se criminaliza a las comunidades que defienden su territorio. No se castiga a quien roba, destruye y mata, sino a quien desde la resistencia busca detener esta barbarie. La dupla criminal integrada por los dueños del dinero y gobernantes es premiada con mayores facilidades para continuar lucrando.
El 27 de septiembre despertamos con una noticia que llevó nuestra indignación a límites inimaginables: seis muertos y 43 desaparecidos como saldo del ataque de la policía municipal a estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. La sociedad mexicana activa y no salió a las calles, internacionalmente voltearon a ver nuestra patria, repudiando no sólo los acontecimientos de Ayotzinapa, sino la violencia generalizada que hemos soportado por tantos años. Nuestras agendas de lucha se triplicaron con seis jornadas nacionales de lucha que llegaron al 6 de diciembre junto con las Jornadas en Defensa de la Tierra el Agua, la Vida y la Memoria. Nunca imaginamos llegar a este día con más dolor y rabia del que de por sí la lucha carga ante las injusticias y el cinismo de este mal gobierno.
El anuncio de más de 50 fosas clandestinas que se encontraron en Guerrero no fue suficiente para encontrar una respuesta a lo sucedido; el grupo de poder que ostenta la silla presidencial no ha podido responder ante tal agravio porque lo perpetró él mismo. La defensa de la vida se ha vuelto no sólo una aspiración sino una posición política. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ha sido la consigna que ha mostrado la posición de todas y todos, como pueblo no podemos dar un paso atrás.
Para los despojadores no es suficiente tanto dolor infringido al pueblo mexicano y el 3 de noviembre cientos de granaderos ingresaron en pueblo otomí Xochicuautla, en el Estado de México, para defender a la empresa que está construyendo ilegalmente la autopista Aeropuerto de Toluca-Naucalpan. El 15 de ese mes se denunciaron amenazas de muerte contra Martín Solís Bustamante, líder de El Barzón, por defender el derecho al agua y el medio ambiente sano, Solís encabeza la lucha de diversas comunidades del noreste del estado de Chihuahua para oponerse a la sobre explotación ilegal del agua, y contra la minera canadiense Mag Silver, en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura. El día 16, campesinos de bienes comunales de la comunidad de Cacahuatepec, opositores a presa La Parota, una lucha que lleva más de diez años; fueron atacados por hombres armados en un acto planeado, que provocó el asesinato de cinco personas. El 23 de noviembre dos miembros del colectivo Ustedes Somos Nosotros fueron asesinados frente a la casa de uno de ellos con un disparo a quemarropa; este colectivo proporciona asistencia humanitaria a migrantes.
La violencia ha ido creciendo en nuestro país desde hace varias décadas pero en los tiempos del neoliberalismo hemos visto su intensificación sistemática, hasta el punto de normalizar la compra de voluntades, la violación a los derechos humanos y la corrupción.
Todos los despojos que dialogamos en el encuentro nos superaron por mucho en estos meses; la realidad nos puso en la cara con más intensidad la necesidad de la defensa permanente de nuestros territorios pero no es suficiente con resistir tenemos que construir alternativas. |
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