El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con cambios cabildeados por las grandes corporaciones ferrocarrileras que operan en el país, en su mayoría extranjeras.

El dictamen, que quedó en primera lectura y se pretende aprobar en la sesión del domingo, refleja las presiones sobre senadores que en los últimos diez meses llevaron a cabo empresas como Union Pacific, para modificar la minuta aprobada en la Cámara de Diputados.

Se eliminaron las disposiciones que posibilitaban la apertura del sector a otras empresas, vía la existencia de permisionarios, y se decidió mantener intocadas las concesiones existentes.

El presidente de la comisión de comunicaciones y transportes, Javier Lozano Alarcón, comentó que es una de las modificaciones importantes a la minuta, porque de no respetar los títulos de concesión se habría mandado una mala señal a los inversionistas.

La senadora del PRD Dolores Padierna lamentó que PRI y PAN hayan cedido a la presión de los consorcios nacionales y extranjeros, al suprimir la mayoría de las normas encaminadas a abrir ese sector, propiciar la competencia y que haya mayor inversión en la actividad ferroviaria.

Actualmente, dijo, México ocupa el lugar 60 entre 121 países y en materia de infraestructura está reprobado, ya que los empresarios nada han hecho desde que les entregaron las concesiones y la inversión es nula. No han modernizado las vías férreas, que datan del porfirismo, desaparecieron el transporte de pasajeros, aumentaron las tarifas de carga e impiden la interconexión.

A través de la figura de permisionarios, detalló, se buscaba fomentar la competencia, pero esa figura fue eliminada de la minuta. En la exposición de motivos del dictamen, se detalla que ello se hizo a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios conforme a lo establecido en sus títulos de concesión, al cumplimiento de las condiciones y a los plazos plasmados en ellas. De esa forma, se preserva la integración vertical, contemplada en las concesiones otorgadas.

Los senadores priístas y panistas preservaron los privilegios de las empresas ferrocarrileras y decidieron además la creación de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dependiente de la SCT, para garantizar la interconexión de las vías férreas entre los prestadores de servicios. Sin embargo, sólo se podrá invertir en líneas férreas o ramales que los actuales concesionarios no usen y hayan reintegrado al Estado.

Los senadores definieron además que el Ejecutivo federal deberá establecer el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, con los recursos necesarios para garantizar la seguridad y operación de los cruces fronterizos en los municipios.