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Retiró $3.5 millones de cuenta para no pagar a empleados despedidos

Denuncia penal contra el alcalde de Pueblo Nuevo, Durango, por desacato
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2014, p. 30

Durango, Dgo.

Ex trabajadores municipales presentaron una denuncia penal por desacato contra el alcalde de Pueblo Nuevo, Óscar Leonel Martínez Herrera, debido a que retiró 3.5 millones de pesos de una cuenta bancaria del ayuntamiento que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje había ordenado embargar para garantizar el pago a los empleados despedidos. La institución bancaria también fue acusada ante las autoridades por permitir al edil realizar esta maniobra.

Ramón Guzmán Benavente, asesor legal de los ex trabajadores, recordó que éstos iniciaron en septiembre de 2010 una demanda laboral contra el entonces presidente municipal José Guadalupe Barrios Téllez para que les pagara su liquidación. El ayuntamiento hizo caso omiso a la demanda, al igual que su sucesores Francisco Delgado Almonte y Martínez Herrera, quien entró en funciones el primero de septiembre de 2013.

El 19 de noviembre de 2013 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un fallo favorable a los ex trabajadores y solicitó el embargo de las cuentas bancarias del ayuntamiento hasta que cubrieran los casi 4 millones de pesos fijados para la liquidación.

A pesar del ordenamiento, las autoridades del banco permitieron que el alcalde retirara esos fondos, pasando por alto el mandato del tribunal.

Guzmán Benavente señaló que el banco cometió una irregularidad que debe sancionarse. Por ello se presentó la denuncia ante la Fiscalía General contra el alcalde Martínez y el asesor jurídico del banco por desobediencia.

Como no acataron la orden y al tribunal de conciliación ya se le acabó el poder para pedir al alcalde y al banco permitir el pago a los ex trabajadores, entonces la única instancia que quedó fue la vía judicial, por lo que se entabló una denuncia contra las dos figuras ya señaladas por desobediencia y desacato a un mandamiento administrativo, dijo.

Para proceder penalmente contra el alcalde se necesita que no funja como tal, por ello se promueve su desafuero en el Congreso del estado, agregó.