n epistemología, efecto espantapájaros es el término que se usa para nombrar aquella táctica que, a partir de deformar lo que una posición formula, genera la imagen falsa de que la supera. Es sumamente importante que la opinión pública y la comunidad politécnica perciban que, apenas apareció la viabilidad de la autonomía democrática para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) del siglo XXI, ciertas fuerzas políticas, evidenciando su enorme atraso histórico –por delante aquellas vinculadas a organizaciones porriles–, lanzaron una campaña de deformaciones para atemorizar, presentando la autonomía democrática como riesgo para el instituto.
No hay que identificar esas fuerzas para nada con las posiciones democráticas que tienen inquietudes y preguntas legítimas sobre la autonomía democrática. Cuando en el pliego petitorio emergió la demanda de votaciones universales para elegir al director general (DG), hizo nacer la demanda de autonomía. Ya no va a desaparecer nunca de la perspectiva de la comunidad politécnica. La democracia nunca será una amenaza para México o el IPN. Quienes así la presentan no pueden dejar de evidenciarse: si se niegan a distinguir la autonomía basada en la verticalidad de la autonomía sustentada en la democracia es porque se aferran al régimen de poder disciplinario del IPN del siglo pasado.
Se cierran a entender que la mejor forma de dotar de estabilidad y desarrollo estratégico al IPN hoy reside en brindar legitimidad al nombramiento legal de los funcionarios que ocupan las posiciones principales de su estructura administrativa.
Haciendo uso y abuso del efecto espantapájaros, varias son las desfiguraciones sobre el proyecto de autonomía democrática. Desmontemos aquí dos que son centrales.
Primera deformación: la autonomía democrática es una amenaza política para el IPN. Sosteniendo que si se instalan votaciones para elegir DG, el IPN importará la corrupción que rige al sistema electoral mexicano y se degradará, esta posición introduce un falseamiento y un olvido. La corrupción siempre puede suscitarse en todo procedimiento electoral, pero suponer que los estudiantes son menores de edad y siempre serán corrompibles no deja de revelar el toque de perspectiva patriarcal con que se les mira. Falso: los estudiantes son mayores de edad, con derecho a desarrollarse políticamente y elegir no sólo DG, sino todos los altos cargos del IPN, además de directores y subdirectores de las escuelas superiores.
Pero la piedra angular del proyecto de autonomía democrática –que no por casualidad se olvida
mencionar– reside en la propuesta de conformación de consejos técnicos paritarios y, ante todo, en la integración inédita de un consejo general paritario. La mitad de estudiantes y la mitad de docentes en la conformación de nuevos órganos de gobierno dotaría a la comunidad politécnica de capacidad real para intervenir en la toma de decisiones.
Segunda deformación: la autonomía democrática es una amenaza para la economía del Poli. Al plantear que la autonomía sería sinónimo de pérdida de derecho a la educación gratuita porque cambiaría la ley orgánica, se falsea la distinción entre órganos desconcentrados y descentralizados. La autonomía haría del IPN una entidad descentralizada, es decir, no subordinada jerárquicamente al Poder Ejecutivo ni a la Secretaría de Educación Pública (SEP). De ningún modo significa que perdería su presupuesto federal, menos aún llevaría al Poli a ser un instituto que viole la Carta Magna. El derecho que estatuye la gratuidad de la educación pública está en el artículo tercero constitucional, al que toda reforma de la ley orgánica del IPN debe responder.
Más aún: sin autonomía, todo aumento al presupuesto del IPN es en sumo vulnerable. Mientras no exista autonomía, lo que por un lado se dio por otro puede perfectamente quitarse. La Secretaría de Hacienda controla y autoriza todos los recursos, incluidos los autogenerados. Cuenta con la autoridad para no regresarle, en la medida que lo defina, sus recursos al IPN. La lucha por el aumento presupuestal para la educación politécnica sólo podría garantizar su efectividad si se alcanza la autonomía democrática. La democracia económica sólo es realizable si se sustenta en democracia política: justo la función de los consejos paritarios sería velar que el aumento del presupuesto no se vaya hacia arriba, sino hacia políticas estratégicas de seguridad educativa, basificación digna de docentes y desarrollo de la infraestructura politécnica con tecnologías del siglo XXI.
El IPN es la única institución educativa pública de México que, pese a ser una de las más importantes de nuestra historia, no es autónoma. En el siglo XXI, esa carencia genera inestabilidad política y vulnerabilidad de su proyecto fundacional. La democratización del IPN ha surgido como una demanda irreversible. Alcanzarla exige contrarrestar el efecto espantapájaros, que pretende cerrar una oportunidad histórica que ahora es reto del Congreso Nacional Politécnico.
