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La intención no es legalizar la hierba: experto
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Los diputados Eduardo Santillán, Vidal Llerenas y Esthela Damián, del PRD, acompañados del investigador del CIDE Alejandro Madrazo Lajous (segundo de izquierda a derecha) presentaron la iniciativa en conferencia de prensaFoto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 34

Alejandro Madrazo Lajous, investigador de la División de Estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la iniciativa para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas propone no iniciar averiguación previa a consumidores en posesión de cannabis por abajo de 5 gramos y en posesión de cinco gramos a 30 gramos, en el caso de distribución gratuita.

“Eso qué quiere decir? Que si alguien lleva a una fiesta cinco gramos y rola la bacha, hoy en día sería tratado como narcomenudista y mandado a prisión por años. Lo que nosotros estamos proponiendo es que mientras sea gratuita, mientras nosotros sabemos que es una distribución en la cual los consumidores hacen lo que hacen, que es compartir, entonces no pasa nada; no se abre averiguación previa tampoco. Entonces, el que lleva la bacha y el que la rola en la fiesta tampoco van a ser criminalizados, porque serían tratados como narcomenudistas”, apuntó.

En la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, el investigador, quien elaboró el sustento jurídico del proyecto, señaló que la intención de la iniciativa no es legalizar, sino evitar que se criminalice a los consumidores de mariguana que poseen cantidades razonables para su uso, y de esta forma evitar que el aparato de justicia moleste a personas que no significan un peligro para la sociedad.

Añadió que debe haber dos posibilidades para los delincuentes que atentan contra la salud, de acuerdo con lo previsto en la ley, que sean procesados y recluidos en un centro penitenciario si con todos los elementos se les comprueba que son narcomenudistas.

En tanto que para los consumidores existen dos opciones: que sean canalizados a autoridades de salud y no represivas, a comités de disuasión, con expertos que acompañen y asesoren en el tratamiento de adicciones, siempre y cuando porten hasta 30 gramos, y a quien comercialice por encima de esta cantidad se le presente ante el Ministerio Público.