El gobierno del estado de México buscará la reparación del daño a las tres víctimas de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el poblado de Tlatlaya, donde soldados habrían ultimado a 15 sospechosos en una bodega de granos después de un enfrentamiento a tiros, aseguró el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas.

Tras participar en la inauguración del Seminario sobre acción internacional de gobiernos locales iberoamericanos, que se lleva a cabo en la cancillería, el mandatario local recordó que cuenta con 13 días para turnar a las diferentes áreas de su gobierno la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del estado realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Dicha recomendación, que se emitió el pasado 21 de octubre, señala la responsabilidad de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México en los hechos, por haber incurrido en actos de tortura y graves violaciones a las garantías individuales de personas que sobrevivieron a la masacre.

Interrogado sobre lo que significa esa reparación del daño, Eruviel Ávila respondió: Se hará lo que sea necesario. Primero, una posible indemnización es lo que se puede contemplar para las víctimas de esos hechos. Sin embargo, recordó que el caso todavía está siendo investigado, así que esperaremos los resultados. Pero procederemos conforme a derecho si alguien violó la ley.

Al preguntarle sobre el compromiso de los estados para blindar las elecciones federales del año próximo ante la situación de violencia que enfrenta el país, el mandatario mexiquense dijo que todas las entidades estamos obligadas a proteger muy bien los procesos electorales federal y locales, en donde tengan lugar, con coordinación, haciendo respetar las leyes en materia electoral y de seguridad, y sobre todo expresando la disposición de colaboración.

–¿Firmando un pacto con el gobierno federal y los partidos? –se le preguntó.

–No sé si firmando pactos. Creo que cada quien haciendo y asumiendo su responsabilidad, y si hay que firmar un pacto claro que ahí estaré. Los estados estamos obligados a que desde el ámbito municipal, depurando los cuerpos policiacos, atendiendo las instrucciones del Consejo Nacional de Seguridad, de esa manera estaremos blindando el proceso electoral.