Chilpancingo, Gro.

Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y una comisión de padres de normalistas se apoderaron este lunes de una pipa de combustible y tomaron la caseta de cobro de peaje en Palo Blanco y dos radiodifusoras para exigir al presidente Enrique Peña Nieto la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.

Repudiaron la represión –cometida por policías estatales y federales– de que fueron objeto por la mañana sus compañeros en el puerto de Acapulco.

Normalistas y padres arribaron al mediodía a la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, y la liberaron después de las 13 horas. Antes, de 10:30 a 11:30 horas, se apoderaron de dos estaciones de radio ubicadas en Chilpancingo.

Durante la ocupación de la caseta los normalistas se llevaron una pipa con capacidad de más 10 mil litros de combustible, como una forma de manifestar nuestra indignación, porque hoy por la mañana nos dimos cuenta de una salvajada que se cometió con nuestros compañeros en el puerto de Acapulco, donde en una marcha pacífica los agredieron policías antimotines estatales y federales, hechos en los que resultó lesionado un padre de familia.

La madre de uno de los 43 desaparecidos exigió a los gobiernos federal y estatal que nos dé una respuesta satisfactoria, porque hasta el momento ha montado teatros para distraernos, pero no nos vamos a dejar.

Reprochó que el presidente Enrique Peña Nieto se haya ido de gira a China en este momento de crisis. Sostuvo que no le interesa, él no siente el dolor, es una persona insensible, posiblemente él no sea padre de familia, o si tiene hijos a lo mejor no son de él, por eso no siente, no tiene sentimientos, es una persona déspota, criminal, así le podemos llamar, porque el único delito de nuestros hijos es ser estudiantes, ser jóvenes, pobres y humildes.

A su vez, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, canceló la marcha por la paz que se efectuaría este martes, dado el clima de inestabilidad social derivada de la omisión del Estado mexicano para garantizar la seguridad de la población, y con el fin de salvaguardar la integridad física de universitarios y sociedad en general.