Organizaciones del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos repudiaron las expresiones del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien descalificó el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Rechazaron el informe de inteligencia del gobierno que acusa al secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos de estar vinculado con un grupo guerrillero. Con esos falsos señalamientos, dijeron, se pone en riesgo la integridad de los activistas. En otras ocasiones integrantes de esos colectivos han recibido amenazas y hostigamiento. Fue el caso de Vidulfo Rosales Sierras, coordinador del área jurídica de Tlachinollan, quien se vio obligado a salir del país, señalaron.

Diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano exigieron ayer al gobierno de Guerrero retomar la mesa de trabajo en la que se negociaba el traslado de Nestora Salgado García de la prisión de máxima seguridad de Nayarit a una del Distrito Federal, proceso que se suspendió con la renuncia de Ángel Aguirre Rivero y la crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los más de 357 kilos de cocaína, decomisados por elementos de la Armada de México, en Satélite, estado de México, pertenecía al cártel de los Beltrán Leyva, confirmaron fuentes navales. Precisaron que la acción forma parte de una mayor participación de los marinos contra el narcotráfico y del narcomenudeo en la entidad mexiquense. Señalaron que fue es uno de los decomisos de cocaína más grandes en la zona metropolitana del valle de México, en los últimos años. Las bases de operación mixta han rendido resultados, precisaron, pero es esencial atacar narcotráfico y narcomenudeo para bajar el alto índice de delitos, indicaron los militares entrevistados. El 9 de noviembre, la Armada dio pormenores de un operativo en el que marinos se enfrentaron con delincuentes con saldo de un civil muerto y la detención de seis personas a quienes les fueron incautados 357 kilos de cocaína.

Chicago. Fiscales dieron a conocer el testimonio de dos narcotraficantes convertidos en testigos de cargo del gobierno estadunidense que ofrece un vistazo a cómo el capo Joaquín El Chapo Guzmán traficó drogas a Chicago y otras ciudades. En los documentos –presentados en el tribunal federal de Chicago durante el fin de semana–, Margarito y Pedro Flores describen una red lucrativa y bien organizada que se regía por estrictas reglas fijadas por Guzmán y otros líderes del cártel de Sinaloa. Los hermanos gemelos dicen que su red creció durante un decenio, hasta llegar a su máximo poder alrededor de 2007, cuando vendían hasta 2 toneladas de cocaína al mes sólo en Chicago. También abastecían a otras ocho ciudades, como Nueva York, Los Ángeles y Washington DC. Temerosos de que el cártel pudiera perder poder, los hermanos Flores comenzaron a cooperar en 2008 con agentes federales estadunidenses. En su testimonio, Pedro Flores expresa: Me di cuenta de que no podía continuar con esta clase de vida para siempre. Guzmán, recapturado en México este año, fue uno de los encausados en el caso de Chicago con los hermanos Flores y otras seis personas. La presentación de los documentos ocurre antes de la audiencia de sentencia, programada para el 24 de noviembre en Chicago, en las acusaciones contra Alfredo Vásquez Hernández, quien se declaró culpable en el caso hace unos meses. Fue Vásquez con quien se reunieron los Flores en Guadalajara, en 2005 para pactar con el cártel de Sinaloa. Vásquez, expresan las declaraciones, dijo que era amigo cercano de Guzmán. Alfredo Vásquez creó un sistema para ocultar la droga en trenes con destino a Estados Unidos como parte de la carga de una empresa pantalla de importación de muebles, indican las ­declaraciones. En otras reuniones en 2005 con el propio Guzmán, los Flores pactaron ampliar una red de narcotráfico a todo Estados Unidos, en que Chicago era el centro operativo, expresan las declaraciones de los hermanos.

El país vive un contexto muy delicado, por lo que las instituciones del Estado deben redoblar esfuerzos para que la ciudadanía se exprese por cauces institucionales, y todas deben hacer algo para reconstruir la confianza de la sociedad, sostuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.