El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, admitió ayer a trámite las solicitudes de consulta popular presentadas por el PAN y el PRD, relacionadas con el incremento a los salarios y con la reforma energética (que permitió la participación privada, nacional y extranjera), respectivamente.

La petición presentada por el PAN fue turnada al ministro José Ramón Cossío Díaz, en tanto Margarita Luna Ramos será la encargada de elaborar el proyecto de dictamen sobre la viabilidad o no de que el año próximo la ciudadanía se pronuncie si está a favor de la apertura a la iniciativa privada de la exploración y explotación de hidrocarburos.

En caso de realizarse una consulta popular sobre ese tema, el PRD desea que a la ciudadanía se le pregunte: ¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?

La pregunta en la consulta del Partido Acción Nacional, cuya constitucionalidad analizaría la Corte –si el pleno considera que es procedente– sería: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval?

Cossío Díaz y Luna Ramos cuentan con 20 días naturales para presentar ante el pleno su proyecto de dictamen y que éste determine, en primera instancia, si proceden las consultas ciudadanas, y posteriormente, si las preguntas formuladas son constitucionales.

La asignación de los turnos en que los ministros han recibido el encargo de elaborar los proyectos de dictamen en torno a la consulta popular –la ministra Olga Sánchez Cordero será la que elabore el dictamen sobre la consulta presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– se hace según su antigüedad como integrantes del máximo tribunal.