El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, adujo que no existe mexicano que no esté indignado por el derrame de desechos tóxicos, un daño a más de 24 mil personas y al medio ambiente en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Al reunirse con la comisión especial legislativa encargada de investigar la tragedia, apuntó que debe asumirse una responsabilidad pública de quien infrinja la norma y afecte el interés social, y en ese caso tiene que aplicarse la ley a la que se comprometió cualquier funcionario.

El político mexiquense, también coordinador de la Comisión de Trabajo del Río Sonora –nombrada por el presidente Enrique Peña Nieto–, dijo que los temas de justicia y los técnicos son un asunto de pruebas, y el único trato que puede dar el gobierno de la República siempre será el que la ley dispone.

Al exponer las circunstancias técnicas y políticas en que se encuentra la tragedia social y ambiental en el estado de Sonora, el secretario del Trabajo admitió ante los legisladores: “La verdad es que ni en pesadilla pensaría que Germán Larrea puede ser el Robin Hood de Sonora.

“Lo veo como un empresario que independientemente de su característica económica y lo que representa económicamente, como cualquier otro mexicano tiene obligación de subordinarse a la ley y no a las opiniones que tengamos con respecto de lo que debe ser, sino a la ley que existe, y eso es lo que nos hace que tengamos un estado de Derecho.

En ese sentido lo veo justamente como eso, con respecto de un empresario que al margen de la actividad a la que se dedica tiene obligación él y el grupo de inversionistas o de socios que lo acompañan de subordinarse completamente a la ley y a las disposiciones normativas que de ella emanan.

Al coordinador del grupo de trabajo gubernamental lo acompañaron el subsecretario de la Semarnat, Rodolfo Lacy; Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de protección al ambiente; Mikel Arriola, comisionado de la Cofepris; Óscar Pimentel, de Conagua, y Mario Alfonso Cantú, coordinador de Minería de la Secretaría de Economía.

Frente a los cuestionamientos de los diputados Lilia Aguilar, Francisco Astiazarán, Alfonso Durazo, Lorenia Valles y José Enrique Reyna, el secretario Navarrete Prida expuso que frente al inicio del proceso electoral, cuando hay elecciones muy competidas en distintos estados de la República, existe población que enfrente una crisis y una tragedia que requiere de esfuerzo coordinado y efectivo de los niveles de gobierno, lo tenemos que hacer sin colores ni ideologías, con apoyo técnico de expertos para resolver el problema y en el marco estricto del sistema democrático de leyes.

En ese sentido, expuso que la planta minera de Cananea, que da empleo a mil 700 trabajadores, no fue la que ocasionó el derrame de sulfato de cobre acidulado: Se ocasionó en una zona nueva que se está construyendo, que no tenía trabajadores, y es el tema que tiene que dilucidarse técnicamente. Una válvula que no estaba trabajando como debía ser generó que la parte de lixiviación del proceso que se tiene para la fabricación del sulfato de cobre se derramara y emitiera 40 mil litros a los arroyos que en pendiente contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora.

Durante su exposición, que fue aceptada por los diputados, al contener respuestas a cada una de sus dudas, Alfonso Navarrete insistió en que lo ocurrido en Cananea no fue un accidente, sino un incidente.

Por otro lado, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, explicó que hasta hoy se encuentran clausuradas temporal y parcialmente las actividades de riego del lixiviación y del proyecto de ampliación tinajas.