En Guerrero, una de las piezas clave que explican crímenes, secuestros y extorsiones es la complicidad y colusión entre los gobiernos del estado y municipales con la delincuencia organizada, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que incluso detectó la identidad existente entre delincuente y servidor público.

Desde el 18 de diciembre de 2013, en su informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, la CNDH señaló que la administración de Ángel Aguirre Rivero no cumplió con su deber en materia de seguridad pública, de protección a la vida y de los derechos humanos de los guerrerenses.

La delincuencia ha llegado a tal grado en Guerrero que maestros han sido amenazados por grupos de la delincuencia si reprueban a alumnos relacionados con el crimen.

A partir de visitas a los municipios y de entrevistas con víctimas de la delincuencia, así como con desplazados por la violencia, la CNDH concluyó que en el estado existen condiciones de abandono de las funciones de seguridad pública e impunidad por parte de los gobiernos del estado y municipales, lo cual implica una vulneración de la población de Guerrero a la seguridad jurídica, la libertad y el acceso a la justicia.

En el reporte documentó, con entrevistas a autoridades municipales y familias, al menos 2 mil 193 casos de desplazados por secuestros, extorsiones y amenazas de la delincuencia organizada, que al mismo tiempo actúa con la colaboración y la complicidad de las policías municipales.

En todas las localidades visitadas se observó que las personas se mostraban con mucho temor y desconfianza a denunciar lo que viven, por temor a recibir represalias, o incluso a perder la vida por hacerlo. En términos generales, señalaron que la delincuencia organizada imperaba en sus territorios y refirieron la constante negativa de las autoridades de tomar medidas para solucionar la problemática, explicó.

La CNDH sostuvo que el bajo porcentaje de denuncia de delitos en la entidad se debe a que, también en casos documentados, cuando las víctimas acudieron al Ministerio Público éste informaba a los agresores.

Del total de víctimas identificadas (por la CNDH), sólo 67 presentaron denuncia, a pesar de tratarse de delitos sumamente graves, lo que refleja un problema severo de desconfianza hacia las instituciones y autoridades, que consiste en el temor fundado de la población de que las instancias encargadas de la persecución de los delitos están coludidas con los criminales, abundó.

Otras 129 personas, expuso, no presentaron denuncia por temor a represalias de la delincuencia o a la connivencia entre autoridades y grupos criminales.

La comisión refirió que agentes de tránsito, policías municipales y ministeriales no sólo extorsionan a las víctimas a cambio de investigar los delitos, sino que participan en el cierre de calles para crear cercos de seguridad a los secuestradores, e incluso les entregan copias de las averiguaciones previas.