La comandancia de la 22 Zona Militar –en cuyo perímetro se encuentra ubicado el municipio de Tlatlaya, estado de México–, tuvo conocimiento inmediato de los hechos que derivaron en el presunto ajusticiamiento de 21 personas el 30 de junio pasado. Sin embargo, hasta la fecha, ni la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han investigado la presunta responsabilidad de altos mandos castrenses en esos hechos.

Fuentes cercanas al proceso penal y en el fuero de guerra que se sigue al teniente que iba a cargo, a los tres soldados sospechosos de haber ultimado a las 21 personas (un presunto delincuente habrá muerto a consecuencia del tiroteo con los soldados) y a los otros militares que estuvieron presentes en ese incidente confirmaron lo anterior, y aseguraron que las indagatorias realizadas por ambas procuradurías han sido deficientes.

En lo que toca a la causa penal abierta en la procuraduría castrense, indicaron los informantes, aun cuando la dependencia ejerció acción penal en contra del teniente y siete soldados por desacato, indisciplina y desobediencia de deberes militares, resulta que la indagatoria no ha tomado en cuenta aspectos que involucran a mandos castrenses (al menos el coronel que era el comandante de los soldados acusados) y sus superiores de la 22 Zona Militar, como es el hecho de que aún no se ha aclarado qué hacían los soldados en el lugar de los hechos, si realizaban patrullajes en la zona, labores de reconocimiento o si iban de paso, y quién les dio la orden correspondiente.

De acuerdo con la versión de los militares que enfrentan cargos ante la justicia castrense y están a la espera de que la PGR actúe legalmente en su contra, al menos de tres de ellos por el delito de homicidio calificado, el 30 de junio fueron agredidos a tiros por unos sujetos que se encontraban fuera de una bodega en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Desde ese momento, el teniente que iba a cargo se comunicó por radio con su comandante (con el grado de coronel) para dar parte sobre el ataque, lo que implica que el mando tuvo conocimiento de los hechos e incluso dio la orden de someter a los atacantes, añadieron los acusados.

El coronel tardó una hora en llegar al lugar y, a su vez, rindió el parte completo a sus superiores, así es que si antes los altos mandos no fueron investigados porque no había delito que perseguir, una vez que cambió la situación y tres soldados son investigados por homicidio doloso, también debe deslindarse la responsabilidad de los mandos, aseguraron los detenidos ante el Ministerio Público Militar, cuando fueron consignados ante el fuero de guerra por desobediencia e infracción de deberes comunes de los militares.

Por su parte, las fuentes cercanas al proceso que se sigue en contra de los soldados señalaron que hasta el momento la autoridad militar no ha señalado si los soldados detenidos actuaron con apego al Manual de uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, publicado precisamente el 30 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.

En todo caso, los mandos castrenses tienen que aclarar cuál fue su participación en los hechos para que las procuradurías deslinden las responsabilidades correspondientes.

Según los entrevistados, llama la atención por qué, durante más de dos meses, ni el alto mando ni la procuraduría militar encontraron elementos para procesar a los acusados, ni el fuero de guerra ni por la muerte de los 22 jóvenes. Y por qué, después de las presiones públicas del gobierno de Estados Unidos y de Humans Rights Watch (HRW), se integró una averiguación previa que derivó en la consignación del teniente y siete soldados ante el fuero militar y estén a la espera de que la PGR actúe penalmente en su contra por homicidio doloso y lo que resulte.