La organización Amnistía Internacional (AI) indicó que tras examinar las pruebas presentadas contra el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, a quien la semana pasada se le dictó auto de formal prisión por presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, existe el riesgo que la causa penal en su contra esté sesgada, e insistió en que podría estar basada en una motivación política.

Lo anterior, dijo, se debe a que Luna Romero y su comunidad han emprendido una lucha contra la construcción y operación del acueducto Independencia, el cual extrae agua del río Yaqui y perjudica los derechos, la cultura y los medios de vida de este pueblo originario de Sonora.

AI alertó que el vocero está en riesgo de ser sometido a un juicio injusto.

Con frecuencia, en México los activistas indígenas como Mario Luna enfrentan casos penales falsos, formulados para disuadirlos de continuar con sus reclamaciones legítimas de derechos humanos, aseveró Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.

Mediante un pronunciamiento difundido ayer, la organización internacional enfatizó que el uso de cargos penales con motivación política sigue siendo una práctica relativamente habitual en el ámbito estatal, donde las procuradurías a menudo actúan bajo la influencia de los asuntos políticos locales.

Por ello destacó la importancia de que las autoridades garanticen la imparcialidad de todas las investigaciones criminales, un juicio justo.

Recordó que ni el gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, ni el federal han podido obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad para la operación del mencionado acueducto.

Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando que se tomaran medidas correctivas, como un nuevo informe de impacto ambiental y un proceso de consulta con la comunidad. Pese a que se han dictado diversas órdenes judiciales de suspensión del proyecto, la construcción ha continuado, hasta permitir que el acueducto inicie su funcionamiento, lo que ha dado lugar a una reducción significativa de los niveles de agua en la cuenca del río Yaqui.

El organismo resaltó que Luna Romero fue detenido el pasado 11 de septiembre por elementos de la policía judicial del estado y seis días después un juez penal le dictó auto de formal prisión. Está acusado de ser presunto responsable de robo de automóvil y secuestro de Francisco Antonio Delgado Romo, miembro de la comunidad yaqui, quien se encuentra vinculado al gobierno de Sonora.

Amnistía Internacional apuntó que en junio de 2013, Delgado Romo aparentemente embistió con su automóvil a manifestantes que participaban en un corte de carretera para protestar contra el acueducto. Los miembros de la comunidad lo aprehendieron y lo mantuvieron retenido durante dos días antes de dejarlo libre; ello, con base en las leyes internas de usos y costumbres de la tribu yaqui, las cuales están reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales.