Hermosillo, Son., 8 de septiembre.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) interpuso una demanda penal y otra civil contra quien resulte responsable por la contaminación que afecta al río Sonora, en perjuicio de más de 22 mil habitantes de siete municipios.

Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH, dio a conocer que las denuncias se interpusieron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Hermosillo, el viernes pasado, y se ratificaron este lunes. La denuncia es por delitos de omisión, por el daño, y hay que recordar lo siguiente, que lo que ocurrió fue por falta de supervisión, pero también por negligencia de la mina, dijo en conferencia de prensa.

De acuerdo con el ombudsman, hay elementos de prueba suficientes para acreditar la negligencia; eso fue la causa para que se diera el derrame. Grupo México tenía la obligación de vigilar la construcción de la represa (de la que se derramaron más de 40 millones de litros de tóxicos en agosto pasado), es el garante y directamente responsable.

Sostuvo que según estimaciones realizadas por la CEDH, luego de entrevistarse con productores agrícolas y ganaderos de la zona, las pérdidas ya ascienden a más de 2 mil millones de pesos, por los cuales deberán responder las autoridades que no supervisaron el trabajo de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en Cananea, así como de la propia empresa minera.

Explicó que “la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Nacional tienen la posibilidad de realizar estos procesos, ya que los ombudsman podemos emitir recomendaciones y denuncias, y ahora, con base en la reforma de 2011, en donde se hizo la reforma más importante en materia de derechos humanos, con mayor razón hay esa posibilidad (de interponer denuncias penales)’.

Está bien que se les esté apoyando (a los perjudicados) con agua, y que la gente se solidarice, pero aquí es una situación muy grave, por que no nada más se envenenó el agua de los sonorenses, sino también se afectó la salud y la productividad, dijo Ramírez Ramírez.

A su vez, el gobernador Guillermo Padrés Elías dijo que el gobierno federal dejó sola a su administración en cuanto a atender la emergencia en el río Sonora. En entrevista radiofónica, el mandatario consideró que el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, debería renunciar por no haber anticipado la peor contaminación que haya atacado a un río en el país, lo que mantiene en emergencia a más de 22 mil habitantes de siete municipios de Sonora.

En cuanto a la acusación de que en uno de sus ranchos, ubicado en la comunidad Bacanuchi, municipio de Arizpe, almacena más de 4 millones de metros cúbicos de agua, Guillermo Padrés aseguró que esa obra no se construyó para aprovechar el líquido, sino para evitar inundaciones en su propiedad. También sostuvo que la Ley Nacional de Aguas contempla la construcción de dichos represos sin realizar trámites ante la Comisión Nacional del Agua.