o es un error de dedo, Pro espera es el nuevo nombre real de Oportunidades al que, cual si fuera un mantra, ahora el peñanietismo ha rebautizado como el aspiracional prospera. Es un reconocimiento a la muy evidente continuidad de la pobreza a la luz de los magros resultados en su llamado combate. También es una suerte de acción afirmativa gubernamental refugiarse en la autoría poco ingeniosa de un nuevo nombre, porque los cambios que se esperan los definió el Banco Mundial (BM), el cual está aparentemente en la sombra pues las propuestas se atribuyen al Consejo Nacional de Evaluación.

El BM, en el marco del Proyecto de Protección Social en México, ofreció directrices para mejorar y relanzar el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y articularlo con programas federales sociales y productivos para una estrategia más integral para combatir la pobreza. Más de lo mismo: operará con los mismos recursos humanos, financieros y materiales de Oportunidades. Todos los beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos que han tenido hasta la fecha, pero sus hijos ahora podrán gozar de becas para estudios universitarios o técnicos superiores (si superan las barreras estructurales que les impiden llegar a ese nivel) y quienes buscan un trabajo tendrán prioridad en el sistema nacional de empleo (que no guarda relación con las altas cifras de desempleo). Y sin embargo declaran que la estrategia para reducir la pobreza es que las familias sean capaces de generar ingresos por cuenta propia y disminuya su dependencia de las transferencias monetarias (promovida por el asistencialismo oficial).

Pro espera no se dirige sólo al campo indígena, pero lo afecta prioritariamente. Los pueblos indígenas no logran despojarse del calificativo de vulnerables para sus integrantes cuando el Estado, a pesar de que cuentan con derechos, les ha negado la posibilidad de disponer de recursos propios y directos que les permitan superar exclusiones en lógica de autonomía. Ante ello se reitera que la igualdad entre los mexicanos debe ser una realidad plena, independientemente del origen étnico.

Hablemos de paradojas: tienen el récord de pobreza y, sin correlación con la dimensión de ésta, se dice que en beneficio de 2.1 millones de indígenas se ha construido y mejorado la infraestructura de servicios como agua, electricidad, vivienda y caminos de sus comunidades, con una inversión superior a 9 mil 300 millones de pesos. En oportuno contraste, se presentó el estudio La desigualdad del trato en el diseño del gasto público federal mexicano, elaborado por Mauricio Merino y Carlos Vilalta, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a petición de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el cual analizó el periodo de 2010 a 2012 (no existen evidencias de que en 2013-2014 cambiara la situación). En él se asienta que los indígenas conforman el grupo que ha sido mayormente excluido en el diseño del gasto público; tras analizar 13 programas destinados a ese sector de la población, se demostró que más de 97 por ciento ha sido marginado. Y previene que la garantía del derecho humano a la no discriminación sólo será posible si le son asignadas las partidas presupuestales correspondientes y el ejercicio del gasto contempla a todos los grupos de población vulnerables (sic) en sus muy diversas condiciones.

El decreto que crea el nada nuevo programa sobre inclusión social se enreda al señalar que hay resultados positivos del que ahora desaparece, pero la experiencia ha probado que la sola ampliación de capacidades básicas en los individuos y familias en pobreza no es suficiente para reducir su condición de vulnerabilidad (sic). Llama la atención que oficializan alianzas que se vienen practicando, pues se anota que promoverán la coordinación con los tres órdenes de gobierno, con instituciones privadas y con la sociedad civil organizada que permitan fortalecer las acciones de Prospera. Y no dejan lugar a dudas, pues sus tareas, como en toda gestión, se harán conforme al presupuesto aprobado, para la incorporación gradual de familias en pobreza extrema.

Movimos a México, dice la consigna peñanietista y da cuenta de las reformas estructurales: la energética, la de telecomunicaciones, la fiscal, la educativa –que es laboral– y todo ello, dicen, hará que nuestro país coseche el crecimiento económico, pero, advierten de nuevo, aparece Pro espera: Naturalmente, son procesos profundos que no generan resultados inmediatos, y estaríamos engañando a la sociedad mexicana si prometiéramos resultados mágicos o instantáneos. Así lo dijo el secretario de Hacienda. ( La Jornada, 6/9/14).

En suma, el régimen neoliberal no reconoce siglas partidarias, es transexenal, dicen. El anunciado proyecto del nuevo aeropuerto se planeó con Felipe Calderón. Viéndolo así Pro espera tiene un alcance integral, si es que a los beneficiarios no se les agota la paciencia y en efecto mueven a México.