En el paquete de las leyes secundarias de la reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto promulgará el próximo lunes, se establece que en materia de los yacimientos transfronterizos del Golfo de México, el Estado, a través de Petróleos Mexcanos (Pemex), sólo podrá explotar 20 por ciento de los mismos, y 80 por ciento corresponderá a las empresas trasnacionales.

Ese reparto va en contra de lo establecido en el acuerdo sobre yacimientos transfronterizos que México y Estados Unidos signaron en febrero de 2102, en el que se estipuló que el reparto de los hidrocarburos existentes sería en partes iguales, al 50 por ciento.

En el artículo tres de la Ley de Hidrocarburos se estableció que Pemex sólo cubrirá una quinta parte de los yacimientos, y además se precisó, en un transitorio de esa norma, que ello no aplica a ninguna petrolera que antes de la firma del acuerdo estuviera ya extrayendo petróleo de esa área.

Los senadores del PRD presentaron diversas propuestas de modificación a ese artículo y al 17, de la misma Ley de Hidrocarburos, para que el porcentaje de participación de Pemex fuera de 51 por ciento, pero la mayoría PRI, PAN y PVEM las rechazó.

Por eso dije varias veces en tribuna que con esa ley el presidente Enrique Peña Nieto se colocó del lado histórico de Antonio López de Santa Anna y de Porfirio Díaz, ya que con su contrarreforma perdemos algo más grande que Texas: nuestros yacimientos transfronterizos del Golfo de México, advirtió la senadora Dolores Padierna.

Añadió que prácticamente los 22 legisladores perredistas se reservaron los artículos 3 y 17 de la Ley de Hidrocarburos, para poder insistir en lo grave de la redacción –finalmente aprobada–, ya que además de ceder prácticamente 100 por ciento de los energéticos que hay en el Golfo de México, se pone en riego la seguridad nacional del país.

Expuso que en la ley se estableció además que la información sobre los contratos para explorar y explotar yacimientos transfronterizos –los que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad fuera de ella o los compartidos con otros países– será confidencial y sólo la podrán conocer los contratistas y los gobiernos.

Otro elemento inquietante es que en caso de que se quiera rescindir el contrato a una petrolera extranjera, México tendría que recurrir a una controversia internacional, donde la experiencia muestra –como el caso de Bolivia– que siempre se imponen las trasnacionales.

La senadora Padierna resaltó que el PRD firmó en la reforma respectiva el acuerdo entre México y Estados Unidos sobre yacimientos transfronterizos del Golfo de México, porque partió de la base de que en esa zona fundamental, que se llama el Cinturón Perdido, podrían coexistir los dos países en igualdad de condiciones.

Sin embargo, agregó, en la legislación secundaria se violentó ese acuerdo, ya que el Estado mexicano, a través de Pemex, sólo tendrá acceso a 20 por ciento de los yacimientos y, “encima de ello, esto no aplica a las petroleras estadunidenses que ya realizan trabajos de explotación en esa zona de aguas profundas, y que se llevan desde ahora parte del petróleo y gas que le corresponden al país.

Aunado a ello, el hecho de que la información sobre los contratos para ese tipo de yacimientos sea confidencial, implica que el Senado no podrá saber si los contratos son desventajosos para México y si la riqueza que se saque realmente será la que corresponde al país.

La senadora perredista recordó que el gran argumento con que se promovió la reforma energética, desde el sexenio de Felipe Calderón y luego en la administración de Peña Nieto, fue que entraría el capital privado para sacar la gran riqueza en aguas profundas y que habría además transferencia de tecnología, lo cual es falso.

En realidad, dijo, en la Ley de Hidrocarburos se establece que esa transferencia será también sólo de 20 por ciento.

Los priístas y sus aliados rechazaron el agregado propuesto por los senadores del PRD, para que se dejara por escrito en el artículo 17 que los contratos para explotar yacimientos transfronterizos se pactarán con base en los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado.