Diversas organizaciones sociales anunciaron ayer el relanzamiento de la Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia de los Presos Políticos, mediante la cual divulgarán algunos casos emblemáticos de luchadores sociales que han sido involucrados en procesos judiciales irregulares por delitos que no cometieron.

En rueda de prensa, los colectivos participantes en la campaña –iniciada el 10 de diciembre de 2013– subrayaron que el objetivo es visibilizar los abusos que sufren los integrantes de organismos campesinos, sindicales, populares y estudiantiles, muchos de los cuales han sido perseguidos, encarcelados y hasta asesinados.

Sandino Rivero, abogado de la asociación civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos, señaló que uno de los casos que ejemplifican esta tendencia es el del profesor Óscar Hernández Neri, quien fue detenido y enviado a prisión en abril de este año, acusado por el asesinato de una mujer ocurrido en 2007.

El litigante recordó que, según varios peritajes, la víctima perdió la vida en momentos en que Hernández Neri trabajaba en una escuela ubicada a más de 20 kilómetros del lugar donde ocurrió el fallecimiento; además, se encontraba acompañado de la madre de la mujer.

Una evidencia más que los jueces no tomaron en cuenta para no iniciar cargos penales en contra del docente, añadió Rivero, es que 30 minutos después de la hora en que la mujer habría muerto –según los cálculos de las autoridades judiciales mexiquenses– Hernández Neri recibió un mensaje de texto de la víctima, lo cual deja ver que el momento del deceso tampoco fue calculado con exactitud.

Otro caso de persecución y encarcelamiento contra luchadores sociales, afirmó por su parte Jesús Gutiérrez Valencia, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, es el de Leonel Manzano Sosa, líder del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del estado de Oaxaca (Facmeo).

El activista, recordó, fue detenido en mayo de 2013 por elementos de la Policía Federal y luego torturado física y sicológicamente para obligarlo a autoinculparse por el secuestro de los sobrinos del líder del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, como se comprobó después mediante la realización del Protocolo de Estambul, manual usado para identificar a quienes han padecido este tipo de abusos.