Cientos de periodistas marcharon ayer en Culiacán, Los Mochis, Guamúchil, Guasave y Mazatlán, Sinaloa, en protesta por la llamada ley mordaza que se pretendió imponer en el estado. Los comunicadores señalaron que esa ley habría coartado la libertad de expresión y el derecho a la información.

En la manifestación realizada en Culiacán participaron alrededor de 500 periodistas (al igual que en Mazatlán), quienes se concentraron en el templo católico La Lomita y marcharon por la avenida Obregón en repudio a las reformas al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La protesta, realizada de manera simultánea alrededor de las 10 horas en las cinco ciudades mencionadas, fue convocada por directivos, reporteros y dueños de medios informativos locales, al igual que por organizaciones de periodistas de Sinaloa. También acudieron activistas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, catedráticos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional y ciudadanos en general.

En ninguno de los actos ocurrieron incidentes, aunque hubo presencia de policías de tránsito y preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las mantas y pancartas que llevaban los manifestantes tenían leyendas como no a la violencia, sí a la información, diputados burros que aprueban sin leer, “ley mordaza igual a miles de muertos sin justicia” y nuestros diputados son traidores y verdugos del pueblo.

En nombre de los medios y organizaciones convocantes, el reportero Paúl Villegas dijo que con modificaciones como la mencionada se pretende acallar a los medios de comunicación y es un retroceso autoritario que atenta contra la democracia.

No es callando a los medios como la democracia puede consolidarse en Sinaloa; por el contrario, pretender amordazarlos es un retroceso autoritario que afecta a todos los ciudadanos. Sólo una discusión fecunda, abierta y plural permitirá el desarrollo de una mejor sociedad, señaló.

En los cambios que la legislatura sinaloense aprobó por unanimidad –a propuesta del gobernador Mario López Valdez– se plantea que los medios periodísticos sólo tengan acceso a los boletines emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre hechos delictivos.

Además, prohíbe a los periodistas acceso a los lugares donde se cometan hechos delictivos, así como la toma de audio, video o fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo, y el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia a menos que sea autorizada por el fiscal del estado.

Otro apartado del artículo 51 bis señala que ningún funcionario de la procuraduría estatal podrá dar información sobre hechos delictivos, ya que sólo la víctima u ofendido, por conducto de su asesor jurídico, y el imputado a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de ésta.

El viernes pasado, ante las protestas de organizaciones ciudadanas y de periodistas contra, el Congreso estatal entregó una iniciativa para modificar el dictamen, que la diputación permanente analizará el 19 de agosto.

El diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la junta de coordinación política y líder de la mayoría priísta, previó que el artículo podría quedar derogado a finales de este mes.