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Demuelen viviendas de presuntas víctimas de Los Zetas en Allende

Ordenan detener a funcionarios de Coahuila por desapariciones
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Una de las viviendas que en abril de 2011 fueron destruidas y saqueadas en Allende, Coahuila, luego que sus habitantes fueron secuestrados y presuntamente asesinados por Los Zetas Foto Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2014, p. 35

Saltillo, Coah., 7 de agosto.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo órdenes de aprehensión contra varios ex servidores públicos, la mayoría ex policías municipales implicados en la desaparición de personas en el norte del estado, informó el gobernador Rubén Moreira Valdez.

El mandatario no informó cuántos agentes están señalados, de qué municipios son ni la cantidad de órdenes de captura, pero dijo que uno de los casos con los cuales se les relaciona es la desaparición y presunto asesinato masivo de personas en Allende y Morelos, entre otros municipios de la región Cinco Manantiales.

Hay investigaciones en curso para castigar desapariciones ocurridas sobre todo en 2011. Agregó que se están cumpliendo las órdenes de aprehensión y cuando sea capturado el último de los acusados lo daremos a conocer, anticipó.

Moreira confió en que antes de diciembre el Poder Judicial obsequie a su gobierno otras órdenes de aprehensión contra implicados en desapariciones.

En julio la PGJE solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar los trámites de extradición de tres personas que tienen pendientes órdenes de aprehensión en Coahuila por la desaparición y posible asesinato de personas en Allende, Nava, Piedras Negras y otras demarcaciones del norte de la entidad.

Se trata de Mario Alfonso Cuéllar Salazar, Héctor Gerardo Moreno Villanueva y José Luis Garza, quienes habrían tenido relación con el cártel de Los Zetas y con la desaparición masiva de personas. Los tres están detenidos en Texas. La extradición se tramitó en la Dirección de Procedimientos Internacionales y en la Subdirección de Extradiciones de la PGR.

La idea es traerlos para que respondan ante un juzgado penal por secuestro calificado, que en Coahuila se castiga con 70 años de cárcel, explicó un funcionario de la PGJE.

En tanto, autoridades estatales y municipales iniciaron la demolición de viviendas abandonadas en Allende, que fueron propiedad de personas desaparecidas en 2011, cuando Los Zetas secuestraron a cientos de personas, incluidos mujeres, niños y ancianos, como parte de una venganza contra de Moreno Villanueva y Garza, quienes se habrían apoderado de dinero obtenido por tráfico de drogas a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos de Piedras Negras.

Las casas pertenecían a familiares y amigos de los dos sujetos que tienen orden de aprehensión en Coahuila, luego que Los Zetas les advirtieron que acabarían con su familia si no les devolvían el dinero.

En abril de 2011 decenas de sicarios arribaron a Allende, donde viven poco más de 23 mil personas. Saquearon y destruyeron casas y se llevaron a sus habitantes, a quienes presuntamente habrían asesinado en ranchos cercanos. Los cadáveres no aparecieron porque al parecer fueron incinerados y desintegrados con ácido.

Entre la última semana de enero y la primera de febrero, policías estatales, soldados, marinos, agentes de la PGR y de la Policía Federal ubicaron ranchos que habrían usado los sicarios para desaparecer a sus víctimas.

En el municipio de Zaragoza hallaron fragmentos de huesos y restos de prendas, que analizan expertos de la PF.