La testigo social Mónica Barrera hizo observaciones sobre deficiencias en la licitación para elegir al nuevo proveedor del servicio de telepeaje en las carreteras de Capufe, desde la publicación de la convocatoria hasta la revisión de las propuestas técnicas, económicas y previo a la firma del contrato con el consorcio Integra Ingeniería, según consta en el informe que envió al organismo y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A la emisión del fallo la testigo social advirtió a Capufe que después de revisar las propuestas presentadas por cada grupo, y revisar las 300 páginas del acta, tengo duda razonada de la transparencia en esta parte del procedimiento, toda vez que aprecio posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, llevada a cabo por los servidores públicos de las áreas responsables de Capufe, que impliquen incumplimiento en las normas de contratación pública, y de desigualdad de oportunidades para los participantes.

Puntualizó que antes de este informe había emitido uno previo el 6 de mayo, en el que solicitó que se volvieran a emitir los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, y que todos los involucrados las analizaran antes de que se firmara el contrato, pero Capufe no atendió la recomendación.

Incluso recomendó hacer un convenio para que no se suspendiera el servicio y hubiera tiempo suficiente para realizar una nueva licitación si fuera necesario.

En defensa de la licitación y del desempeño de Capufe en la sustitución de I+D de Carlos Slim, por Telepeaje Dinámico de Roberto Alcántara, el director de Capufe dijo que la testigo social no hizo recomendaciones a lo largo de todo el proceso, y puso en duda su capacidad para revisar todos los expedientes que se generaron, alrededor de 180 de casi 400 hojas cada uno, dijo el funcionario.

Sin embargo, en el informe que emitió la testigo social el 16 de mayo de este año exhibe que hizo señalamientos precisos desde la emisión de la convocatoria, etapa en la que dijo que era necesario hacer precisiones en la investigación de mercado, el modelo de prepago y la arquitectura de telecomunicaciones. En algunas de estas puntualizaciones coincidió con los representantes de la SFP.

Señaló que desde la primera mesa de acompañamiento, celebrada el 15 de agosto de 2013, hace casi un año, se habló del periodo de transición requerido, de la sustitución de tags y de la instalación de antenas multiprotocolo.

Al abordar la emisión del fallo, la testigo social retomó que la calificación para el consorcio compuesto por Impulsora de Servicios Terrestres y otras, entre ellas Integra Ingeniería, y el consorcio en el que participó Axtel y “otras fue de 45 puntos para cada una, por lo que fueron consideradas para la evaluación económica, Sin embargo, acotó, Capufe detectó errores de cálculo en la propuesta económica del grupo encabezado por Impulsora de Servicios Terrestres y procedió a llevar a cabo su rectificación, en virtud de que la corrección no implicó modificar el precio unitario.