El director de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Benito Neme Sastré, reconoció ante senadores que se firmó el contrato para el servicio de cobro electrónico de casetas con la empresa Telepeaje Dinámico, antes de que el órgano de control interno de ese organismo se manifestara en torno a las fallas detectadas por la testigo social de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Barrera.

Al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, el funcionario fue cuestionado por legisladores del PAN y PRD, que le pidieron explicar por qué no se tomaron en cuenta las observaciones de la testigo social en el proceso de licitación que benefició al consorcio Telepeaje Dinámico.

De entrada, la senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza, le dijo que hay sospechas sobre el nuevo proceso de adjudicación, a la par de que la testigo social Mónica Barrera había señalado que incluso aumentará el costo de los pagos en caseta, al pasar de 6.36 a 7 pesos por cruce.

En tanto, el panista Javier Lozano advirtió que hay una diferencia de 766 millones de pesos en lo que ofreció inicialmente la empresa y lo que quedó en el contrato.

Neme Sastré rechazó que haya habido irregularidades en el otorgamiento de la concesión a Telepeaje Dinámico, cuyo dueño –aclaró en un documento entregado previamente– no es el empresario mexiquense Roberto Alcántara, sino su hermano Arturo.

Respondió luego que no sabe de dónde sacó la testigo social esas cifras, ya que son falsas. Sostuvo que el anterior concesionario, I+D, empezó cobrando 5.35 pesos por cruce, y al comenzar este sexenio ya cobraba 7.98 pesos.

Empezó un estira y afloja hasta llegar a 6.30 pesos por cruce, mientras el nuevo operador cobra 4.96 pesos.

Respecto al informe de la testigo social Mónica Barrera, sostuvo que lo presentó una vez que ya se había dictaminado el fallo. Durante todo el proceso licitatorio no recibimos ningún documento de ella donde hablara o manifestara alguna inconformidad en algo.

Agregó que la testigo social sólo hizo observaciones de fondo, no de forma.

El senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, lo refutó al afirmar que si bien es cierto que las observaciones y recomendaciones de la testigo social no llegaron antes del fallo, sí se presentaron antes de la firma del contrato, por lo que había tiempo para atenderlas.

El panista señaló que un día antes se entrevistó con Barrera y sabe que hubo dos informes previos, en uno de ellos, del 16 de mayo, se concluye: En este procedimiento de contratación no se atendieron recomendaciones emitidas de la testigo social, a fin de asegurar la transparencia y apego a las recomendaciones jurídicas.

Lozano recalcó que hay una diferencia entre la oferta del grupo ganador en el proceso de licitación y la que aparece en el contrato firmado.

Una diferencia de 766 millones de pesos, que me gustaría nos explicara de dónde sale. De acuerdo con esa cifra, señaló, cada cruce en caseta saldría en 9.10 pesos.

El director de Capufe sólo respondió: Somos muy respetuosos de los documentos que ella presentó y después del fallo lo que hicimos nosotros es que se revisó, lo conoció el órgano de Control Interno y estamos esperando que se dé un pronunciamiento.

Reveló que antes se había multado a I+D con 65 millones de pesos y se analizan ahora las sanciones que se impondrán a ambas empresas.

Se pedirá actuar a la ASF

Benito Neme evadió los demás cuestionamientos. En cambio, respondió ampliamente a las preguntas de los senadores del PRI, Claudia Artemisa Pavlovich e Ismael Hernández Deras, sobre las multas que se impondrán a I+D y al nuevo operador del telepeaje.

El funcionario expuso que a la empresa de Carlos Slim se le había sancionado durante los años que operó con 65 millones de pesos y la nueva operadora será también multada económicamente, pero aún no se determina el monto. Sostuvo que no le va a temblar la mano para aplicar la ley.

Al final, en entrevista Javier Lozano dijo que no quedaron conformes con lo expresado por el titular de Capufe y pedirán la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar todo el proceso de licitación.