En la ciudad de México sí es factible desvincular el salario mínimo como unidad de medida en multas, pagos de impuestos, derechos y sanciones, entre otros, afirmó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

De hecho, señaló que instruyó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que realicen un análisis jurídico detallado y lograr esta desvinculación del salario mínimo de más de 200 leyes y ordenamientos locales.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino anticipó que su administración fijará una ruta para que se generen condiciones o incentivos para que en la ciudad de México, cuando menos en lo que se refiere al gobierno, tengamos un acuerdo con las empresas y que éste reditúe hacia un salario mínimo.

Admitió que esto no puede hacerse en términos generales, porque es facultad de la Federación, pero, aclaró: Sí podemos hacerlo como una práctica económica de la ciudad de México.

Mancera Espinosa explicó que al relacionar las multas al salario mínimo se pierde hasta 70 por ciento de efectividad, es decir, el mismo porcentaje de rezago que éste tiene.

¿Qué sería un ejercicio factible?, cuestionó. Que se fijara una cantidad y se pudiera actualizar (con base en la inflación) sin duda podría ser un buen ejercicio, planteó.

Insistió en que no se puede caer en la tentación de un incremento al minisalario por decreto. Este es un tema importante, de alcance nacional y lo tenemos que hacer de manera sistemática, programada, acotó.

Puntualizó que es peligrosa un alza al salario mínimo cuando no se maneja con cuidado o se hace por decreto, pues, obviamente, sería una condición inflacionaria inmediata. La propuesta que hacemos es que sea gradual, ligada a la productividad.

Remarcó que además es un mandato constitucional. La pregunta sería: ¿qué le contestamos a la Constitución? o ¿qué le dice al mandato constitucional respecto de la política económica, finalizó.

Desligarlo de multas, impuestos y derechos implica modificar unos 15 ordenamientos, dicen diputados

Proponen otras unidades de medida

Ángel Bolaños Sánchez y Bertha Teresa Ramírez

Alrededor de 15 ordenamientos locales tendrían que ser modificados, entre ellos los códigos Penal, Civil, Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, de concretarse el anuncio hecho por el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, de iniciar en esta ciudad de manera unilateral la desvinculación de multas, impuestos y derechos que tienen al salario mínimo como unidad de medida, afirmaron los presidentes de las comisiones de Gobierno y de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa (ALDF), Manuel Granados y Eduardo Santillán, respectivamente.

Esa desvinculación, en el Distrito Federal es muy fácil de aplicar, coincidieron a su vez el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Vidal Llerenas, y de Asuntos Laborales, Jorge Gaviño, al contemplar la sustitución del minisalario por otra unidad de medida, como las UDI (unidades de inversión), que además, apuntó el primero, se actualiza anualmente en función de la inflación.

En entrevistas por separado, los cuatro legisladores coincidieron en que el Ejecutivo y el Legislativo locales cuentan con facultades para iniciar ese proceso. En tanto, Granados dijo que esperará las conclusiones del foro internacional que realizó el gobierno de la ciudad sobre el tema y la propuesta que enviará el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, y que llevará también a la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Al aplicar esa desvinculación, Santillán planteó que se podría fijar una nueva unidad de medida que podría estar relacionada con el salario mínimo en porcentajes o fracciones. Llerenas consideró factible tener un salario referencial que mantenga esa vinculación y otro real o usar otra unidad, como las UDI. Gaviño añadió como posibilidad la unidad peso plata o peso oro, e incluso el valor del petróleo.

Llerenas apuntó que aun sin esa desvinculación el gobierno local puede propiciar mejores salarios en la ciudad, por medio de los contratos de prestación de servicios y de obras con las empresas, fijando como requisito a quienes ganen las licitaciones pagar a sus empleados sueldos superiores al mínimo. Consideró que la izquierda no sólo debe propiciar una discusión sobre el salario, sino de otros temas, como el sindicalismo.