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Gobernación incauta 18 máquinas tragamonedas en el negocio, ubicado en la colonia Providencia

Clausuran casino clandestino en el norte de la capital
 
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de julio de 2014, p. 20

La Secretaría de Gobernación clausuró el lunes un casino clandestino (sin registro ante las autoridades) ubicado en la colonia Providencia, en el norte del Distrito Federal.

En el contexto del programa para eliminar las máquinas tragamonedas prohibidas por la ley, Gobernación decomisó en el mismo lugar 18 máquinas tragamonedas ilegales.

Esta dependencia continúa trabajando en el decomiso y destrucción de estas máquinas que representan un peligro para la sociedad y son fuente de corrupción de menores.

Según cálculos de la dependencia, en México había el año pasado al menos 75 mil máquinas tragamonedas ilegales, aunque los diputados que analizan el tema de casinos dijeron que la cifra podría ser de alrededor de 250 mil aparatos.

El gobierno federal considera a estas máquinas riesgosas porque han sido introducidas al país de modo irregular, en piezas, para ser armadas aquí. Son utilizadas por una red vinculada con la delincuencia organizada, que las distribuye en establecimientos de fácil acceso, como tiendas de abarrotes.

Aunque reconoce que este juego es promotor de ludopatía y de delitos de baja a gran escala, así como de un negocio millonario, hay un número no conocido de máquinas tragamonedas instaladas en establecimientos legales, es decir, de los permisionarios regulados por Gobernación, cuya existencia está incluida en el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Sobre el operativo del lunes, Gobernación dijo que respondió a la demanda reiterada de padres de familia y maestros de esa colonia, quienes –se infiere en el comunicado de prensa emitido ayer– denunciaron la existencia del centro clandestino, en la calle Zacatecas, colonia Providencia, delegación Gustavo A. Madero.

A través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, y en coordinación con Policía Federal, recogieron las máquinas para ponerlas a disposición de la Procuraduría General de la República y proceder a su destrucción.