Aun cuando la mayoría de las entidades del país están retrasadas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) descartó, hasta ahora, la posibilidad de solicitar al Poder Legislativo federal una ampliación al término, el cual vence en junio de 2016.

Al cierre del primer semestre de 2014 y luego de casi seis años de haberse aprobado la reforma penal, sólo en tres entidades (Chihuahua, Morelos y estado de México) opera de manera total este nuevo sistema de justicia con juicios orales, mientras que en 14 lo hace en forma parcial. Otras cinco lo empezarán a implementar antes de que concluya este año, y el resto apenas está en trabajos de planificación para aplicarlo antes de junio de 2016.

Según la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago existe un compromiso de acelerar los trabajos para cumplir con en el plazo para implementar el nuevo sistema de justicia.

Incluso, ya se integraron cuatro grupos de trabajo que tienen la tarea de intercambiar experiencias en cada una de las etapas del proceso, además de un esfuerzo coordinado con la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), instancia que depende de la Secretaría de Gobernación.

La Setec reportó que sean aprobado más de 500 proyectos de las entidades dentro de la estrategia nacional de implementación, con lo cual se han otorgado más de mil 200 millones de pesos.

Resultado de la reforma constitucional de 2008, se aprobó conceder a las entidades un plazo de ocho años para implementar este nuevo sistema penal, donde uno de los cambios más importantes son los juicios orales.