Sociedad y Justicia
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Insuficientes, los decretos de conservación para detener afectación de reservas

Requieren las áreas naturales protegidas programas de manejo

Marismas Nacionales, en Nayarit; Yum Balam, en Quintana Roo y Sierra la Laguna, en Baja California Sur, se verán afectados

Tulum, uno de los grandes éxitos en materia de conservación

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Aspecto de los ahuehuetes que se encuentran en la reserva ecológica del Cañón de Jimulco, ubicado al sur de la ciudad de Torreón, CoahuilaFoto Marco Peláez
 
Periódico La Jornada
Martes 1º de julio de 2014, p. 41

A lo largo del territorio nacional, hay áreas naturales protegidas de alta importancia por su biodiversidad que están en riesgo por proyectos turísticos y mineros. Los decretos de conservación no han sido suficientes para contener estas obras que afectarán reservas como Marismas Nacionales, en Nayarit; Yum Balam, en Quintana Roo, y Sierra la Laguna en Baja California Sur.

Un problema fundamental es que en las evaluaciones de impacto ambiental la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas debe emitir una opinión técnica sobre los proyectos, la cual puede no ser tomada en cuenta, por lo que estas valoraciones tienen que ser vinculantes, sostiene Juan Bezaury, integrante del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la organización The Nature Concervancy (TNC).

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la que se encarga de dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental que se presentan en proyectos turísticos, carreteros o industriales. Esta área a veces dictamina en contra de la opinión de la Conanp y debe decir por qué, explicó. Habría que cambiar la ley para que las opiniones sean vinculantes, planteó.

Mencionó en entrevista que el proyecto minero Los Cardones, a un lado de Sierra la Laguna, está sobre terrenos nacionales. La ley y el decreto de la reserva dice que los terrenos nacionales se deben destinar a la Semarnat para su conservación. Agregó que hay áreas constantemente amenazadas, como Cabo Pulmo, donde se han presentado tres proyectos para establecer desarrollos turísticos. También está el caso del Sistema Arrecifal Veracruzano que está en peligro con la ampliación del puerto, pero lo peor es que para la construcción del rompeolas, extraen las piedras de la reserva de la biosfera los Tuxtlas, explicó el ambientalista.

En el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en Quintana Roo, está la amenaza de desarrollos turísticos en la isla Holbox, que está dentro de esa reserva, sin que aún haya un programa de manejo que defina las densidades habitacionales permitidas. Precisó también que no sólo es oponerse, por hacerlo, sino que se deben poner proyectos de acuerdo con las necesidades de conservación.

Explicó que Tulum es uno de los grandes éxitos de la conservación en sentido legal, hace unos tres años, el municipio quiso poner en el parque nacional una densidad hotelera por sus pistolas, esto se fue a la Suprema Corte, donde se dictaminó que las áreas protegidas estarían por encima de las facultades municipales. En las zonas costeras los desarrollos turísticos son los que ejercen presión, y ya en la costa, es la pesca no sustentable la que afecta la diversidad.

Los mexicanos tenemos que decidir lo que vamos a hacer con las áreas naturales protegidas necesitamos desarrollo turístico, minería, campos de cultivo, pero tenemos que decidir dónde se va a hacer, y si toca hacerlo en un área protegida, definir cómo hacerlo para que no impacte.

Otro proyecto que implica riesgos es el de la presa hidroeléctrica Las Cruces que afectaría marismas nacionales de Nayarit, y el Centro Integralmente Planeado en Escuinapa, que también tendría impacto en marismas nacionales de Sinaloa, cuyo decreto de área natural protegida está pendiente.

Exequiel Ezcurra consideró en su participación en la tercera mesa redonda para el Fortalecimiento de Áreas Naturales Protegidas de México, realizada hace unos meses, que la legislación ambiental se debe actualizar para que sean especialistas quienes hagan las evaluaciones de impacto ambiental, porque hasta ahora los que toman decisiones son técnicos sin especialización. En el país hay 176 áreas naturales protegidas, de las cuales 126 deben contar con programas de manejo.

Por su parte, María Elena Sánchez de Teyeliz sostuvo que en tanto no se publiquen los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que aún no los tienen, no quedarán claras las actividades que se pueden hacer. Quedan en indefensión e indefinición las áreas, y por ahí se cuelan los desarrolladores.os diversos sistemas que hay en México. El desarrollo debe ser privilegiando la conservación para hacer uso de recursos naturales de manera constante, sin exterminarlos”.