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El plan que los protege promueve la oleada de niños migrantes, señalan

Deportar a todos los dreamers, exigen republicanos a Obama

La crisis humana responde a violencia y pobreza en Centroamérica: ONG

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Albergue provisional de niños centroamericanos que emigran solos a Estados Unidos en espera de ser acogidos por el programa de acción diferida (dreamers) en Nogales, Arizona. Se calcula que desde el primero de octubre de 2013 han llegado alrededor de 50 milFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de junio de 2014, p. 22

Washington, 25 de junio.

Organizaciones pro inmigrantes criticaron hoy al Partido Republicano, después de que varios de sus miembros, entre ellos el congresista Darrell Issa, consideraron que el programa de acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés) es el principal causante de la oleada de niños indocumentados no acompañados en Estados Unidos, al tiempo que el gobierno insistió en que no hay pase libre en el sistema de inmigración de este país.

Están haciendo todo lo posible por culpar al presidente Barack Obama de una situación que tiene mucho más que ver con las condiciones en América Central que con la política migratoria de Estados Unidos, afirmó Frank Sharry, director de la organización pro reforma migratoria America’s Voice, la cual acusó a los republicanos de querer sacar rédito político de esta crisis humana.

Lamentó que la respuesta de los republicanos a un niño de ocho años que huye de la violencia y llega a nuestras fronteras es deportar a un joven estudiante universitario de 20 años que ha vivido aquí durante más de una década.

“¿Por qué los republicanos usan la crisis de los menores que huyen de la violencia en Centroamérica para atacar a los soñadores (dreamers)?”, se preguntó Cristina Jiménez, fundadora de United We Dream.

Los dreamers (soñadores en inglés) son jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores y se criaron y educaron en ese país, pero que por su condición de indocumentados han visto truncados sus sueños de estudiar en la universidad o trabajar legalmente.

Para poder integrarse a este programa, los menores tienen que haber llegado a la nación antes del 15 de junio de 2007 y haber residido continuamente aquí desde entonces.

Anoche, Darrell Issa pidió en una carta al presidente Obama que ponga fin al DACA y que se deporte a estos soñadores porque, en su opinión, han violado la ley, pues entraron al país ilegalmente.

Con el DACA, aprobado por el gobierno en junio de 2012, y que este año será renovado por dos años más, unos 600 mil jóvenes indocumentados han podido estudiar y trabajar en Estados Unidos sin miedo a ser deportados, pero varios congresistas republicanos apuntan que ese programa es el principal causante de la crisis humana que se vive en la frontera con México.

El gobierno estadunidense se encuentra desbordado ante la llegada de unos 52 mil menores indocumentados no acompañados en lo que va del año fiscal 2014 (empezó en octubre de 2013), el doble que el año anterior, principalmente procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Issa y otros republicanos creen que el DACA ha tenido un efecto llamada en Centroamérica, ante los rumores infundados de que los niños que crucen la frontera no serán deportados.

Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional, advirtió este miércoles a las familias centroamericanas que no hay pase libre en el sistema de inmigración de Estados Unidos, después de visitar una instalación en Arizona que alberga cientos de menores detenidos en la frontera en las últimas semanas.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, acérrima crítica de las políticas de inmigración del gobierno de Obama, visitó con Johnson una nave de Nogales que ha sido convertida en albergue, luego de lo cual dijo que el gobierno no cumple su función de controlar el aumento arrollador de niños que emigran solos sin documentos. Maldición, el gobierno federal tiene un trabajo por hacer, exclamó.

En tanto, en Texas, comisionados del condado Brooks seguirán una investigación para dar con los responsables de las inhumaciones de decenas de inmigrantes no identificados en fosas de un cementerio local, y determinar si se infringió alguna ley.

La comisionada Gloria Garza recordó que pagó una sepultura decente y respetuosa para estos inmigrantes. El juez local Raúl Ramírez precisó que el condado pagaba a una funeraria entre 450 y 740 dólares por cuerpo, pero las autoridades locales no tienen claro si ese pago era sólo por recuperar y transportar los cadáveres o también incluía el sepelio.

Antropólogos que trabajan con el proyecto Reuniendo Familias, exhumaron 52 tumbas a comienzos de este mes, muchas sin marcar. Algunos restos estaban en bolsas para cadáveres y otros en bolsas de basura.