Chiapas

Lucha por la no privatización del sistema de agua potable

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez aprobó  el 20 de junio de 2013 otorgar a una empresa privada los servicios del sistema de agua por medio de la firma de un “contrato de asociación público-privada para la prestación de servicios integrales”, con riesgo comercial a un plazo de 25 años, consistente en la prestación de servicios de potabilización, producción, distribución y comercialización de agua potable y servicio de alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación, el 10 de julio del mismo año el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC; la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, y Otros Mundos, AC convocaron a un foro denominado Agua: derecho para todos o negocio para unos cuantos, con la finalidad de informar a la población tuxtleca las implicaciones y consecuencias sociales y económicas que provoca un sistema privatizado y dar a conocer diferentes  experiencias en México y en el mundo, y cómo estas formas de privatización atentan contra el  ejercicio del derecho humano al agua.

De este foro surge Chiapanec@s en defensa del Agua, un movimiento diverso que integra a diversas organizaciones sociales y civiles y ciudadanos en lo particular, como: el movimiento Yo Soy 132; Frente de Unión Revolucionaria, MOCRI-CNPA-MN; Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez; el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC (Cepazdh), entre otros.

Se han impulsado diversas acciones sociales y políticas, como: difusión de información; la solicitud de referendo presentada al Congreso del estado y respaldada con más de seis mil firmas; talleres; asambleas en colonias y barrios de la ciudad para la formación de comités en defensa del agua, y realización del foro Por un Sistema de Agua Público, Democrático y Transparente, al que acudieron representantes de barrios, colonias, organizaciones, diversas autoridades municipales y diputados y diputadas. Todo esto con el fin de generar un espacio de intercambio, debate y propuestas tendientes a promover un proceso de construcción democrática de un modelo de gestión integral para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMPA) alternativo al privatizador.

Es así que con los insumos arrojados de este foro, entrevistas a actores claves y trabajo con grupos focales, se elabora la Propuesta Ciudadana para la Mejora de SMAPA, que contiene un diagnóstico general de la situación actual del sistema y  propuestas a partir de seis ejes claves: ambiente y sustentabilidad, económico, técnica e infraestructura, estructura operativa y administrativa, transparencia y rendición de cuentas y gobernanza y participación ciudadana.

San Luis Potosí

Mega minería tóxica y agua

Sergio Serrano Soriano

En Cerro de San Pedro, pueblo a 14 kilómetros del centro de la ciudad de San Luis Potosí, la Minera San Xavier utiliza 32 millones de litros diarios de agua para disolver las 16 toneladas de cianuro de sodio que utiliza en el proceso de lixiviación para recuperar los metales. Este proceso es el más utilizado por las grandes empresas mineras en México por ser el que les genera ganancias rápidas y a bajo costo.

La tierra de los escombros de los cerros es regada con agua y cianuro de sodio. Esta peligrosa sustancia rompe la piedra, penetra la roca y a su paso jala los metales. Esta propiedad del cianuro asegura su filtrado a los acuíferos. Las membranas que utilizan las empresas mineras para evitar filtraciones tienen millones de soldaduras y siempre fallan, tal como lo demuestran fehacientemente los rellenos de residuos peligrosos del sur de Estados Unidos.

También hay pérdida de control en los kilómetros de mangueras por donde trasladan el cianuro líquido, debido a rupturas, conexiones mal realizadas y por fenómenos naturales. En el caso de Cerro de San Pedro, el Congreso estatal ha documentado la presencia de cianuro en los pozos de la ciudad.

Este proceso requiere “minar” agua de los sistemas acuíferos, a pesar de una veda rígida impuesta en los años 60’s del siglo pasado debido a la sobreexplotación. Estas aguas subterráneas son la única fuente del vital líquido de los 1.2 millones de habitantes del valle del Potosí. En Zacatecas, zona con fuerte estrés hídrico, la mina Peñasquito de la trasnacional Gold Corp tiene autorización para extraer 95 mil metros cúbicos de agua por día de los mantos freáticos.

En lugares con agua superficial abundante, la actividad minera contamina ríos, lagunas, esteros y, finalmente, la cuenca en su conjunto. En La Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán, la empresa Arcelor Mital, de propiedad inglesa-india, contamina impunemente la cuenca y envía sus desechos tóxicos a los pueblos vecinos.

La iniciativa de Ley General de Aguas impulsada por la sociedad civil y la propuesta de Ley Minera generada por los pueblos y movimientos han incorporado la necesidad de delimitar el uso del agua y propiciar su cuidado en relación con los proyectos mineros. Prohíben la autorización de aguas nacionales para actividades de minería tóxica. Para otorgar una concesión minera, un panel de especialistas sin conflictos de interés tendrían que dictaminar que la actividad no causaría daños graves al sistema hídrico, al medio ambiente o a la población.

Diversos movimientos contra la gran minería tóxica cuestionan esta actividad por su uso intensivo y contaminante del agua. En Zacualpan rechazan a una minera por el peligro de contaminar el agua que surte a Colima; en Baja California Sur, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida busca defenderse del potencial impacto hídrico de diversos desarrollos mineros, y en San Luis Potosí, una de las consignas más escuchadas es “Agua sí, cianuro no”.

Si consideramos que se ha concesionado 30 por ciento del territorio del país a empresas mineras; que el 77 por ciento del espacio nacional tiene minerales en sus entrañas y, por tanto, es factible de enajenación a empresas mineras nacionales o extranjeras; que se han autorizado más de 850 proyectos mineros y se encuentran en proceso de legalización cientos más, queda clara la necesidad de lograr instrumentos legales para proteger nuestras fuentes de agua y de generar la organización y conciencia social necesarias para hacerlos valer.

Caminos abiertos al fracking; activistas
e iniciativa de ley insisten en frenarlo

Lourdes Rudiño

Con la mitad de las 21 leyes secundarias de la reforma energética aprobadas en lo general por el Senado (hasta el 18 de junio), se fortalecen los temores sobre los riesgos que implica la técnica denominada fracking, o fractura hidráulica, para la obtención de petróleo y gas shale de rocas impermeables por la vía de agua inyectada a gran presión y con una mezcla de químicos.

Al tiempo que buena parte de la población nacional se ha mantenido hipnotizada por el Mundial de Fútbol en Brasil, los senadores del PRI, PAN y PVEM, y sin el PRD, avanzaron en los días recientes en la concreción legislativa de la reforma energética –en sesiones expeditas, sin discusión y con celeridad– y ante ello ha habido una inmediata reacción de diversas organizaciones ambientalistas, de campesinos, y de la propia Alianza Mexicana contra el Fracking.

Dentro de estas reacciones –que implican una preocupación seria porque las nuevas legislaciones fortalecen la posibilidad abierta ya desde la reforma al 27 Constitucional de 1992, de despojo o de tratos desleales de renta y venta de tierras de propiedad social y privada y de sus recursos, para proyectos de hidrocarburos, por considerarlos de “utilidad pública e interés social”–, destacan las advertencias sobre las “letras chiquitas” de la reforma energética y su batería de leyes que apuntan a avalar el fracking, que en pocas palabras provoca la erosión del suelo, contaminación del medio ambiente, peligro serio para la salud pública y en especial para la población rural, desperdicio de agua, limitación del agua para la agricultura y riesgo de temblores, según señalamientos de la Alianza contra el Fracking y de El Barzón.

Las amenazas del fracking son tales que el pasado 14 de abril, desde antes de la discusión de las leyes secundarias energéticas, diputados del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza presentaron una iniciativa para que se expida la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos, misma que los activistas anti fracking piden que se apruebe con urgencia.

La iniciativa plantea la preocupación de que los métodos de explotación de hidrocarburos del subsuelo por el mecanismo de fractura hidráulica se contrapongan a los derechos humanos establecidos en los artículos Primero y Cuarto de la Constitución, relativos al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo humano y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Según Claudia Campero, miembro de la Alianza contra el Fracking, en México, la explotación de gas shale es ya una realidad en estados como Coahuila, Veracruz y Tamaulipas. Y de hecho comienzan ya a registrarse sismos en el estado de Nuevo León debido a la fracturación hidráulica.

Si bien el conjunto de leyes secundarias de la reforma energética no se concentran sólo en el tema del fracking, si tienen una implicación directa de facilitación del uso de esa técnica. En una conferencia de prensa dada por la Alianza contra el Fracking, Areli Sandoval, dijo que el Artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos establece que “la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y de orden público”, con lo que se abre paso a una explotación total de los recursos que el gobierno federal disponga en materia energética. Con dicha disposición “el Estado podrá obligar a que los dueños de terrenos renten sus territorios a empresas petroleras, o en su caso, expropiarlos en favor de dichas empresas”.

De acuerdo con la iniciativa de ley para impedir el fracking, “el método de fractura hidráulica no representa una opción adecuada para el desarrollo nacional. Representa riesgos graves de contaminación y salud, por lo cual esta Legislatura debe estar a la vanguardia en medidas ambientales y de derechos humanos, adoptando el principio precautorio para prohibir la fractura hidráulica hasta que investigaciones científicas puedan asegurar otros métodos de extracción de hidrocarburos que no pongan en riesgo la seguridad humana y el equilibrio ecológico”.

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