21 de junio de 2014     Número 81

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Sonora

Propuestas para
un Hermosillo
sustentable

Mario Luna Romero Secretario de la Tribu Yaqui de Vicam

La falta de agua para uso doméstico en Hermosillo no se resolverá con el trasvase Acueducto Independencia. Se requiere un ordenamiento hídrico en la Cuenca de Sonora en torno al derecho humano al agua.

Hermosillo necesita 30 millones de metros cúbicos al año para garantizar agua para todos sus habitantes las 24 horas al día. Del agua que llega a Sonora, 40 por ciento es desperdiciado en fugas, y no hay tratamiento ni reuso de las aguas residuales. Agricultores con conexiones políticas han construido más de 800 represas para acaparar el agua del Río Sonora de manera ilegal. En la cuenca baja se está realizando una extrema sobreexplotación de los acuíferos para el cultivo de alfalfa, vides y otros sembradíos demandantes de agua.

A la cuenca del Río Yaqui no le sobra agua. La construcción de la presa Álvaro Obregón en los años 50’s captó todo, incluyendo los deshielos y dejó el cauce sin agua y a las tierras sin humedad. Antes, en las riberas se cultivaba maíz, frijol y hortalizas, productos que se podían comer directamente. Ahora sólo podemos cultivar trigo. De las 70 mil hectáreas que teníamos bajo siembra, hoy sólo hay 18 mil.

Hay que ver lo que realmente está detrás de este proyecto. Las empresas inmobiliarias han adquirido miles de hectáreas cuyo valor se multiplicaría si hubiera agua para nuevas viviendas. Hay planes para crear un corredor industrial para industrias altamente consumidoras de agua, estilo Monterrey, con una mano de obra barata resultado del despoblamiento del resto del estado. Acaban de construir la segunda planta más grande de cemento en Latinoamérica (Holcim Apasco), se amplió la Ford y se están construyendo enormes fábricas de la Heineken (que compró Tecate) y de BIG Cola. Todo en una cuenca con un déficit hídrico.

Tenemos identificados diez millones de metros cúbicos en concesiones y tomas clandestinas en la Cuenca de Sonora que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podría rescatar o clausurar a favor del uso doméstico e industrial y de la restauración de los acuíferos. Si se tomara este camino, no sería necesario el Acueducto Independencia.

Chiapas

Lucha por la no privatización del sistema de agua potable

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez aprobó  el 20 de junio de 2013 otorgar a una empresa privada los servicios del sistema de agua por medio de la firma de un “contrato de asociación público-privada para la prestación de servicios integrales”, con riesgo comercial a un plazo de 25 años, consistente en la prestación de servicios de potabilización, producción, distribución y comercialización de agua potable y servicio de alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación, el 10 de julio del mismo año el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC; la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, y Otros Mundos, AC convocaron a un foro denominado Agua: derecho para todos o negocio para unos cuantos, con la finalidad de informar a la población tuxtleca las implicaciones y consecuencias sociales y económicas que provoca un sistema privatizado y dar a conocer diferentes  experiencias en México y en el mundo, y cómo estas formas de privatización atentan contra el  ejercicio del derecho humano al agua.

De este foro surge [email protected] en defensa del Agua, un movimiento diverso que integra a diversas organizaciones sociales y civiles y ciudadanos en lo particular, como: el movimiento Yo Soy 132; Frente de Unión Revolucionaria, MOCRI-CNPA-MN; Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez; el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC (Cepazdh), entre otros.

Se han impulsado diversas acciones sociales y políticas, como: difusión de información; la solicitud de referendo presentada al Congreso del estado y respaldada con más de seis mil firmas; talleres; asambleas en colonias y barrios de la ciudad para la formación de comités en defensa del agua, y realización del foro Por un Sistema de Agua Público, Democrático y Transparente, al que acudieron representantes de barrios, colonias, organizaciones, diversas autoridades municipales y diputados y diputadas. Todo esto con el fin de generar un espacio de intercambio, debate y propuestas tendientes a promover un proceso de construcción democrática de un modelo de gestión integral para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMPA) alternativo al privatizador.

Es así que con los insumos arrojados de este foro, entrevistas a actores claves y trabajo con grupos focales, se elabora la Propuesta Ciudadana para la Mejora de SMAPA, que contiene un diagnóstico general de la situación actual del sistema y  propuestas a partir de seis ejes claves: ambiente y sustentabilidad, económico, técnica e infraestructura, estructura operativa y administrativa, transparencia y rendición de cuentas y gobernanza y participación ciudadana.


San Luis Potosí

Mega minería tóxica y agua

Sergio Serrano Soriano

En Cerro de San Pedro, pueblo a 14 kilómetros del centro de la ciudad de San Luis Potosí, la Minera San Xavier utiliza 32 millones de litros diarios de agua para disolver las 16 toneladas de cianuro de sodio que utiliza en el proceso de lixiviación para recuperar los metales. Este proceso es el más utilizado por las grandes empresas mineras en México por ser el que les genera ganancias rápidas y a bajo costo.

La tierra de los escombros de los cerros es regada con agua y cianuro de sodio. Esta peligrosa sustancia rompe la piedra, penetra la roca y a su paso jala los metales. Esta propiedad del cianuro asegura su filtrado a los acuíferos. Las membranas que utilizan las empresas mineras para evitar filtraciones tienen millones de soldaduras y siempre fallan, tal como lo demuestran fehacientemente los rellenos de residuos peligrosos del sur de Estados Unidos.

También hay pérdida de control en los kilómetros de mangueras por donde trasladan el cianuro líquido, debido a rupturas, conexiones mal realizadas y por fenómenos naturales. En el caso de Cerro de San Pedro, el Congreso estatal ha documentado la presencia de cianuro en los pozos de la ciudad.

Este proceso requiere “minar” agua de los sistemas acuíferos, a pesar de una veda rígida impuesta en los años 60’s del siglo pasado debido a la sobreexplotación. Estas aguas subterráneas son la única fuente del vital líquido de los 1.2 millones de habitantes del valle del Potosí. En Zacatecas, zona con fuerte estrés hídrico, la mina Peñasquito de la trasnacional Gold Corp tiene autorización para extraer 95 mil metros cúbicos de agua por día de los mantos freáticos.

En lugares con agua superficial abundante, la actividad minera contamina ríos, lagunas, esteros y, finalmente, la cuenca en su conjunto. En La Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán, la empresa Arcelor Mital, de propiedad inglesa-india, contamina impunemente la cuenca y envía sus desechos tóxicos a los pueblos vecinos.

La iniciativa de Ley General de Aguas impulsada por la sociedad civil y la propuesta de Ley Minera generada por los pueblos y movimientos han incorporado la necesidad de delimitar el uso del agua y propiciar su cuidado en relación con los proyectos mineros. Prohíben la autorización de aguas nacionales para actividades de minería tóxica. Para otorgar una concesión minera, un panel de especialistas sin conflictos de interés tendrían que dictaminar que la actividad no causaría daños graves al sistema hídrico, al medio ambiente o a la población.

Diversos movimientos contra la gran minería tóxica cuestionan esta actividad por su uso intensivo y contaminante del agua. En Zacualpan rechazan a una minera por el peligro de contaminar el agua que surte a Colima; en Baja California Sur, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida busca defenderse del potencial impacto hídrico de diversos desarrollos mineros, y en San Luis Potosí, una de las consignas más escuchadas es “Agua sí, cianuro no”.

Si consideramos que se ha concesionado 30 por ciento del territorio del país a empresas mineras; que el 77 por ciento del espacio nacional tiene minerales en sus entrañas y, por tanto, es factible de enajenación a empresas mineras nacionales o extranjeras; que se han autorizado más de 850 proyectos mineros y se encuentran en proceso de legalización cientos más, queda clara la necesidad de lograr instrumentos legales para proteger nuestras fuentes de agua y de generar la organización y conciencia social necesarias para hacerlos valer.


Caminos abiertos al fracking; activistas
e iniciativa de ley insisten en frenarlo

Lourdes Rudiño

Con la mitad de las 21 leyes secundarias de la reforma energética aprobadas en lo general por el Senado (hasta el 18 de junio), se fortalecen los temores sobre los riesgos que implica la técnica denominada fracking, o fractura hidráulica, para la obtención de petróleo y gas shale de rocas impermeables por la vía de agua inyectada a gran presión y con una mezcla de químicos.

Al tiempo que buena parte de la población nacional se ha mantenido hipnotizada por el Mundial de Fútbol en Brasil, los senadores del PRI, PAN y PVEM, y sin el PRD, avanzaron en los días recientes en la concreción legislativa de la reforma energética –en sesiones expeditas, sin discusión y con celeridad– y ante ello ha habido una inmediata reacción de diversas organizaciones ambientalistas, de campesinos, y de la propia Alianza Mexicana contra el Fracking.

Dentro de estas reacciones –que implican una preocupación seria porque las nuevas legislaciones fortalecen la posibilidad abierta ya desde la reforma al 27 Constitucional de 1992, de despojo o de tratos desleales de renta y venta de tierras de propiedad social y privada y de sus recursos, para proyectos de hidrocarburos, por considerarlos de “utilidad pública e interés social”–, destacan las advertencias sobre las “letras chiquitas” de la reforma energética y su batería de leyes que apuntan a avalar el fracking, que en pocas palabras provoca la erosión del suelo, contaminación del medio ambiente, peligro serio para la salud pública y en especial para la población rural, desperdicio de agua, limitación del agua para la agricultura y riesgo de temblores, según señalamientos de la Alianza contra el Fracking y de El Barzón.

Las amenazas del fracking son tales que el pasado 14 de abril, desde antes de la discusión de las leyes secundarias energéticas, diputados del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza presentaron una iniciativa para que se expida la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos, misma que los activistas anti fracking piden que se apruebe con urgencia.

La iniciativa plantea la preocupación de que los métodos de explotación de hidrocarburos del subsuelo por el mecanismo de fractura hidráulica se contrapongan a los derechos humanos establecidos en los artículos Primero y Cuarto de la Constitución, relativos al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo humano y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Según Claudia Campero, miembro de la Alianza contra el Fracking, en México, la explotación de gas shale es ya una realidad en estados como Coahuila, Veracruz y Tamaulipas. Y de hecho comienzan ya a registrarse sismos en el estado de Nuevo León debido a la fracturación hidráulica.

Si bien el conjunto de leyes secundarias de la reforma energética no se concentran sólo en el tema del fracking, si tienen una implicación directa de facilitación del uso de esa técnica. En una conferencia de prensa dada por la Alianza contra el Fracking, Areli Sandoval, dijo que el Artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos establece que “la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y de orden público”, con lo que se abre paso a una explotación total de los recursos que el gobierno federal disponga en materia energética. Con dicha disposición “el Estado podrá obligar a que los dueños de terrenos renten sus territorios a empresas petroleras, o en su caso, expropiarlos en favor de dichas empresas”.

De acuerdo con la iniciativa de ley para impedir el fracking, “el método de fractura hidráulica no representa una opción adecuada para el desarrollo nacional. Representa riesgos graves de contaminación y salud, por lo cual esta Legislatura debe estar a la vanguardia en medidas ambientales y de derechos humanos, adoptando el principio precautorio para prohibir la fractura hidráulica hasta que investigaciones científicas puedan asegurar otros métodos de extracción de hidrocarburos que no pongan en riesgo la seguridad humana y el equilibrio ecológico”.

¿Qués es el fracking y por qué se le prohíbe?

Fracking es una contracción de varias palabras, slickwater hydraulic fracturing. Es la fracturación hidráulica por agua enriquecida de rocas impermeables, tipo los esquistos, de las cuales se obtiene gas shale o petróleo. Es una inyección de agua, con arena, mezclada con varios químicos a presiones muy altas, se dice que a unas 70 atmósferas.

El senador panista Javier Corral encabezó el 15 de marzo, en la ciudad de Chihuahua, un Foro sobre el impacto social y ambiental del fracking; allí se debatió sobre las implicaciones ambientales, de salud y sociales del uso de esta técnica, y se expusieron alertas que ha lanzado la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es un movimiento ciudadano donde participan entre otros Greenpeace, Fundar, El Poder del Consumidor, Grupo de Estudios Ambientales y la Red de Acción por el Agua.

En su página de internet, el senador ha manifestado su preocupación por la ruta tomada por la reforma energética, no sólo por la apertura total al capital extranjero en la exploración y explotación de los hidrocarburos, sino en la persistencia del “modelo energético basado en la explotación de fuentes fósiles (…) altamente depredadores del medio ambiente y de nuestras comunidades”. Ha expuesto también los resultados del Foro, que en buena parte corresponden a las preocupaciones expresadas por la Alianza, entre ellas:

–Muchos yacimientos fósiles se han encontrado en países como Estados Unidos (EU), Argentina, China, Canadá, Rumania, Argelia y México, en el que Pemex ha identificado cinco provincias con potencial para producir hidrocarburos contenidos en shale que son: Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. Las más importantes son Burgos y Sabinas, que son continuación de Eagle Ford de EU.

–En diversos países y regiones, como Francia; Quebec, Canadá; Bulgaria; Conco Salto, Argentina, Burgos, Cantabria y La Rioja, España; Vermont, Nueva Jersey y Nueva York, EU, se ha prohibido esta técnica. Por su parte, Nueva Irlanda; Rumania; Karoo, Sudáfrica, y Suiza han declarado moratorias nacionales.

–El gas de esquisto implica el uso intensivo de agua. Se requieren de nueve a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. La Alianza dice: “la explotación de 20 mil pozos anuales que se está planteando desde diversos sectores para México, supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año”. El senador Corral enfoca su preocupación en Chihuahua, “que vive en el desierto (…) ¿de dónde sacaríamos nosotros tanta cantidad de litros de agua para extraer el gas y el petróleo que venga con él? Y advierte que en Coahuila, también entidad seca, es una de las regiones donde el fracking ya se está realizando.

–Según la Alianza, hay más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto en EU, “En total se han identificado más de dos mil 500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. Los expertos señalan que más de 25 por ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37 por ciento afectar al sistema endocrino, el 50 por ciento dañar el sistema nervioso y el 40 por ciento provocar alergias”.

–El fracking supone también la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera (dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles), lo cual contribuye a la contaminación del aire.

–Las emisiones de gas metano producidas por ineficiencias en el proceso del fracking provocan un efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Todo esto, con efectos nocivos en la salud y el medio ambiente de las comunidades.

–De acuerdo con un estudio de la Agencia de Protección Medioambiental en 2011 se detectó benceno, bromuros, materiales radioactivos como uranio, radio y radón, así como filtración de metano en áreas cercanas a los pozos perforados con fracking; aseguradoras han documentado por su parte que la presión del agua ha provocado rupturas en las protecciones de los pozos que pudieron permitir la filtración de los químicos.

–Es conveniente realizar un análisis general, incluso económico de lo que implica la explotación del gas shale en nuestro país. “¿Resulta rentable?”, se pregunta Corral y responde “Fundar reporta que de los seis pozos perforados en México sobre los que se tiene información, tres han resultado no comerciales (Emergente 1, Montañés 1 y Nómada 1), dos no comerciales por no producir condensados (Percutor 1 y Arbolero 1) y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados (Habano 1). No sólo eso, la explotación de este gas no convencional resulta altamente costosa, supera por mucho los costos de EU que van de entre los tres a los diez millones de dólares, mientras que en México un pozo requiere de una inversión de 20 a 25 millones y a ello hay que sumar que hay altas tasas de declinación de los pozos”. De acuerdo a un estudio de la investigadora Deborah Rogers, “la industria gasífera en EU ha reconocido que en el 80 por ciento de los pozos perforados los costos de producción superan a las ganancias esperadas”.

La Alianza Mexicana contra el Fracking lanza cinco exigencias fundamentales: 1. México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica, tal como lo han hecho Francia y Bulgaria, con base en el principio precautorio. 2. En la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y, específicamente, los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 3. En materia de agua, el Estado debe garantizar el derecho humano al agua, como lo establece el artículo Cuarto Constitucional. 4. El Estado mexicano debe garantizar el derecho al medio ambiente sano, el cual es también reconocido por nuestra Constitución. 5. La reforma energética debe establecer los cambios legales e institucionales pertinentes para la prohibición del gas de esquisto y el impulso de las energías renovables, que realmente representen una alternativa para la sostenibilidad energética del país y que aseguren el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.

 
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