21 de junio de 2014     Número 81

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Género y democracia: elementos
clave para una gestión
del agua justa y sustentable

Hilda Salazar y Brenda Rodríguez Mujer y Medio Ambiente, AC


ILUSTRACIÓN: Jenny Cascante González

La falta de agua en los hogares altera por igual la vida de las mujeres del campo y de la ciudad: en Pozuelos del Pinar, Chiapas, una mujer indígena invierte de dos a seis horas diarias en acarrear el agua para abastecer su vivienda durante el tiempo de secas; mientras, una señora de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, puede acumular hasta 30 horas de trabajo a la semana en tareas de gestión, almacenamiento y mejora de la calidad del agua.

Los problemas de saneamiento se multiplican y con ello también el cuidado de personas enfermas a cargo principalmente de las mujeres. Se incrementan los gastos en salud, y la falta de agua o su mala calidad obliga a las familias a comprar pipas y agua embotellada. Los saldos sociales son que las personas con menores ingresos pagan más por el agua que aquellas con mayores recursos. Hay irritación en las familias y las asimetrías de género también se expresan en un recrudecimiento de la violencia doméstica. En pocas palabras, la falta de agua ensancha las desigualdades y la polarización social.

Pero las políticas del agua en México parecen estar ciegas a estas realidades; para los responsables de las políticas hídricas, los problemas se resuelven con obras y dinero. Se insiste en un modelo de gestión que ignora las dimensiones sociales y ambientales; se favorece a las grandes concentraciones urbanas a costa de las rurales, y se prioriza la provisión de servicios para los comercios, la industria y los negocios frente a las necesidades de las personas más pobres que carecen de los servicios. Los responsables de las políticas públicas, mayoritariamente hombres con especialidades técnicas, no hacen caso de las desigualdades sociales y menos aún consideran incluir una perspectiva de género en la obtención, distribución, el uso y saneamiento del agua.

México vive serios problemas hídricos que se agravan constantemente. Es verdad que los fenómenos climáticos contribuyen a ello y también que el país tiene diferencias grandes en la disponibilidad natural del agua, pero los problemas están sobre todo asociados a un modelo de desarrollo que acumula crisis que lejos de resolverse tienden a profundizarse. Todos los días los medios de comunicación dan cuenta de una conflictividad creciente en torno a la disponibilidad del líquido: un campesinado que reclama agua para sus cultivos; poblados que reportan escasez; cortes; tandeo; fugas; falta de mantenimiento de la red; mujeres y hombres que denuncian la contaminación por actividades industriales, mineras, comerciales, agropecuarias o públicas; pueblos y comunidades que padecen inundaciones, deslizamientos, hundimientos y grietas, y movimientos que rechazan la construcción de mega proyectos que los desplazan de sus comunidades, destruyen bosques y ecosistemas y terminan con formas de vida que han mostrado ser más sustentables.

En estos escenarios de crisis hídrica son precisamente las mujeres –junto con las niñas y los niños– quienes hacen posible que las familias, las comunidades y, al final de cuentas la sociedad, sigan funcionando. El trabajo no remunerado de las mujeres en la provisión del agua en los hogares –y en muchas otras actividades económicas– es una suerte de “subsidio de género”. Ellas, por medio de su esfuerzo, tiempo y dedicación, están contribuyendo al funcionamiento social y subsanando una omisión del Estado. La reciente reforma a la Constitución en los artículos Primero y Cuarto establece con claridad que el Estado es el garante de los derechos humanos y, específicamente, del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

No obstante esta valiosa contribución, las mujeres están sub representadas en todos los espacios de toma de decisión, desde los comités comunitarios del agua hasta los puestos directivos de los organismos operadores y las instituciones federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta falta de participación propicia que sus necesidades, intereses y demandas sean invisibilizadas incluso por las propias organizaciones que se encuentran en lucha. Y son ellas también las que han acumulado conocimientos y experiencias alrededor de la gestión del agua y por ello deberían ser consideradas como sujetas sociales preponderantes y, por ende, participar en igualdad de condiciones que los hombres en el diseño de propuestas, programas y políticas tanto a nivel ciudadano como institucional.

Contar con la participación de las mujeres es fundamental en estos momentos donde se avizoran escenarios de privatización y cambios legislativos. Hay iniciativas para modificar la legislación de aguas a nivel federal y también en algunas entidades, incluido el Distrito Federal. Las iniciativas diseñadas por los gobiernos apuntan a conceptualizar el agua como un bien económico y no como un derecho humano, tienden a la privatización, no consideran seriamente las dimensiones ambientales y, desde luego, carecen de una perspectiva de género.

Por su parte, la expresión ciudadana ha tenido que abrirse paso mediante iniciativas como la Ley Ciudadana del Agua. Este proceso, como muchos otros, requiere de la alianza de múltiples actores: organizaciones de derechos humanos, de campesinas y campesinos, movimientos urbano-populares, grupos de resistencia ante los mega proyectos y presas. En todos ellos las mujeres están, pero su voz, sus propuestas y su energía necesitan ser potenciadas. Ellas son indispensables en la construcción de un modelo equitativo, sustentable y público del agua para nuestro país.

Distrito Federal

En los humedales y montañas
del Anáhuac

Juan Carlos Loza Jurado Maestro en desarrollo rural, Atoltecayotl-Contraviento, AC

Orgulloso de vivir en Xochimilco y de sus 40 años en Santa Cruz Acalpixca, José Antonio recuerda cómo en su niñez tenía que acarrear hacia la parte cerril el agua para la familia, con el “aguantador” cruzado por los hombros y con sendos baldes colgando de los brazos. Para él eso era lo normal. También recupera de la memoria colectiva de su pueblo, y en especial de sus abuelos, los recuerdos del “ojo de agua” que se ubicaba a escasos metros del centro del pueblo; allí la comunidad se abastecía “hasta que llegó el mal gobierno con promesas de que el agua tenía que entubarse para hacerla llegar por medio de tomas domiciliarias y donde se les prometió que no iban a pagar ni un centavo y el pueblo accedió a que se hicieran las obras”.

Reconoce: “los pueblos originarios siempre son compartidos y siempre saben ver más allá, ellos sí son humanistas y cedieron el agua para que el gobierno la distribuyera a más comunidades, pues el agua es un recurso que no se puede negar. Pero desde entonces el agua se la han llevado para concesionarla y cobrarla”.

Actualmente, al barrio donde viven José Antonio y miles de habitantes, al sur de la Ciudad, el agua llega por tandeo: dos veces a la semana y por horas. La llave pública donde diario se surtían desapareció, y las tomas que les fueron instaladas tienen que ser succionadas con bombas, pero el agua no alcanza y hay competencia entre vecinos para ver quién llega primero.

En agosto de 2013, derivado del desabasto de agua y de las obras que desarrollaba la delegación Xochimilco entre los pueblos de Santa María Nativitas y San Luis Tlaxialtemalco, surgió la Asamblea Autónoma de Santa Cruz Acalpixca.

Ante la contradicción de argumentos y falta de claridad en la información dada por las autoridades sobre las obras de drenaje de aguas negras y obras hidráulicas para agua pluvial, y el hallazgo por parte de la comunidad de agua potable en los tubos instalados, la gente exigió y logró –por medio de la organización y presión social- la cancelación de la obra y el retiro de los tubos (existen videos); el compromiso de restablecimiento del abasto de agua a la comunidad al ciento por ciento y sin tandeos (pero a casi un año del conflicto, esto no se ha cumplido), y la entrega del estudio de impacto ambiental (lo que recibieron los pueblos fue un documento sin firmas de autoridades).

De esta lucha en la defensa del agua ha detonado, sobre todo entre [email protected] jóvenes, la necesidad de trabajar en equipo e informar a la comunidad la importancia de defender el territorio y preocuparse por los problemas locales. Cada mes realizan actividades culturales para la recuperación de la historia y vida comunitaria, y analizan alternativas para la ayuda mutua. Organizan talleres para niños como el de chilacayotes, globos de Cantoya, ecotecnias y casas sustentables. Ello, a pesar del hostigamiento ocasional de parte de las autoridades.  “Se trata de platicar y trabajar para la comunidad”, dice José Antonio.

Patricia Becerril, ama de casa y con un profundo amor a su pueblo, nos relata que ella pertenece al Comité San Lucas Xochimanca, también en Xochimilco. Decidió integrarse a la lucha luego de la imposición de un coordinador territorial. Por medio de dádivas, “fue impuesto para ser controlado; precisamente porque no aman al pueblo son fáciles de controlar”. Ella participó luego en el rescate del panteón por decisión de una asamblea y en la defensa de la presa. “Pero sólo tenía el amor a mi pueblo, a lo que los abuelos nos heredaron. Nos dimos cuenta que para defender el agua teníamos que aprender. Fuimos a cursos y estuvimos en varios congresos y nos conformamos como comité en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ahí nos enteramos, sin querer, que las aguas que ellos llaman ‘mezcladas’ ya están concesionadas por más de 30 años”.

Ella, junto con más vecinos, trabaja por el rescate del vaso regulador en Xochimanca, regalo de los abuelos de 28 hectáreas y una heredad de más de 30 años de lucha por el saneamiento para el aprovechamiento del agua de lluvia y su reacondicionamiento para el refugio de la vida silvestre. Exigen la recuperación de la presa para las actuales generaciones, pues dice doña Patricia, “es triste que preguntes a los jóvenes ‘¿qué te parece la presa?’ y ellos contesten ‘¡perdón, eso no es una presa, eso es mierda!’, pero es lo que les tocó ver a ellos”.

Los contemporáneos de doña Patricia recuerdan que hasta mediados de los años 60’s se alimentaron gracias a la presa, pescaron y vieron el nado de los patos. La comunidad se reflejaba en el espejo de aguas cristalinas de la presa. También recuerdan que eran proveedores del vital líquido a la zona chinampera de Xaltocan en diferentes épocas del año. “La única alternativa como pueblos es organizarnos y defender nuestro territorio. Es una situación grave, me da tristeza, pienso en los niños y en las futuras generaciones; me duele que no tengan cosas hermosas”.

Por otra parte, en Milpa Alta, este junio se cumple un año de que, gracias a la presión social, se frenó el intento de perforación de un pozo de extracción –que se sumaría a otros en las montañas del sureste de la ciudad-. Esto ocurrió en San Pedro Actopan. En la noche del 20 de junio, en la plaza del pueblo varios oradores atocpenses, comuneros principalmente, defendieron su agua con explicaciones sencillas y con más sentido común que el de los funcionarios presentes. El comunero José Cruz reclamó la ausencia de una política integral en la gestión del agua en Milpa Alta. Dijo: “tal parece que el agua viene de la nada, el agua viene también del bosque, y en esa explicación (la de los funcionarios) no se mencionó nada de árboles (…) Todavía hay aquí personas que vieron en Nativitas, San Gregorio, Santa Cruz, Tláhuac y Mixquic ojos de agua. En menos de 60 años esos ojos de agua se acabaron”.

Esta experiencia de lucha replicó otra ocurrida en 2005, cuando la administración delegacional en turno intentó la perforación de dos pozos en Villa Milpa Alta.

Lo único que han hecho los milpaltenses, y el resto de los pueblos originarios en el Valle de Anáhuac que todavía ostentan en sus territorios recursos necesarios para la reproducción social y cultural de las comunidades rurales, es ejercer su derecho a decidir sobre su territorio y defender uno de los bienes, el más vital, para las generaciones futuras. La defensa del territorio es hoy más que nunca la posibilidad de vida para los pueblos y las comunidades, y lo es también para el resto de la ciudad urbanizada, que sin embargo es depredadora.

Históricamente, son las comunidades originarias del Distrito Federal las que han mantenido, defendido y compartido los bienes comunes como la biodiversidad, el agua, los recursos genéticos agrícolas, los bosques y el conocimiento. Todo ello para una ciudad que irracionalmente incauta y margina el patrimonio de los pueblos, con un modelo económico insaciable.

Ante el panorama de intentos de despojos, algunos frustrados y algunos no, es necesario introducir un nuevo paradigma donde la ruralización de la ciudad sea la posibilidad de existencia de las culturas milenarias, junto a las sociedades modernas. Para que los bienes comunes sean verdaderamente colectivos y transgeneracionales. Las montañas y los humedales, necesarios para la subsistencia de la capital mexicana, requieren de la permanencia, el reconocimiento y respeto a las comunidades y sus formas organizativas. El actual modelo económico pone en riesgo los bienes comunes, pues sistemática y recurrentemente los depreda, deteriora y confina a costa de la carencia, el sufrimiento y la sed de miles de capitalinos.

Más información en Facebook: Frente Autónomo de Xochimilco, Consejo Xochitepec,
Comité San Lucas Xochimanca, Axolotl Ajolote.

 
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