La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) señaló que la Policía Federal (PF) fue la instancia mexicana implicada en el mayor número de casos de abuso contra migrantes.

Refiere en su estudio La policía en México: muchas reformas, pocos avances, que muchos agentes implicados en violaciones a los derechos humanos en los años anteriores siguen en la fuerza, y hay pocos indicios de que los limitados esfuerzos para aumentar la supervisión de la PF durante el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto hayan dado lugar a un cambio significativo en el comportamiento de esta fuerza.

Wola ha mencionado en otros estudios que anualmente en México hasta 20 mil migrantes son secuestrados y muchos más sufren otros abusos; asimismo, que las medidas de seguridad fronteriza que fueron diseñadas por Estados Unidos para combatir al terrorismo y al tráfico de drogas están causando una crisis humanitaria y poniendo a los migrantes en mayor peligro.

En el reporte sobre la policía en México, considera que durante su sexenio, el presidente Peña Nieto tiene la oportunidad de cambiar el patrón de violaciones de derechos humanos por parte de la policía mexicana y centrarse en medidas para garantizar que las fuerzas de seguridad de México rindan cuentas por sus acciones.

Señala que, de no hacerlo, perpetuará un círculo vicioso de abusos policiales y un clima de desconfianza entre la policía y la población.

Agrega que diversas organizaciones no gubernamentales “han informado que los agentes de la PF abusan de los migrantes con mayor frecuencia.

“Una encuesta realizada por varias casas del migrante en diferentes estados de la República reveló que, en los primeros seis meses de 2013, policías federales participaron en 59 casos de abusos en contra de migrantes; esto representa 35 por ciento de los casos de abusos por parte de autoridades mexicanas, más casos que cualquier otra agencia.

En muchos de estos casos, los agentes de la Policía Federal subieron a autobuses de pasajeros comerciales, identificaron a los migrantes centroamericanos, y exigieron un pago, amenazando con entregar a los migrantes a las autoridades migratorias si no pagaban.

Wola sostiene en su informe, dado a conocer el pasado martes, que el gobierno ha tratado de crear con la PF una institución eficaz en la lucha contra la delincuencia y ganar la confianza de la población, y ha intentado presentarla como una fuerza moderna, profesional y bien entrenada, y creció bastante entre 2006 y 2012.

Sin embargo, advierte, con la necesidad de mostrar resultados en los esfuerzos del gobierno en el combate al crimen organizado y en un ambiente permisivo de abusos, un aumento en el tamaño de la fuerza también ha resultado en altos y persistentes números de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Sostiene que la reforma policial integral es urgente para revertir la tendencia a militarizar la seguridad pública en el país, ya que el uso de fuerzas armadas en funciones de policía ha crecido de manera constante en México.

Lo anterior, porque se ha considerado a las fuerzas policiales demasiado corruptas y/o mal entrenadas para poder reducir los altos niveles de delincuencia y violencia que se ha visto en los últimos años.

Sin embargo, la experiencia de México demuestra que el despliegue de los militares no puede sustituir la construcción de fuerzas policiales que luchan contra el crimen con la confianza y la cooperación de la población.