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Ciudad Perdida

Manga ancha a desarrolladores de vivienda

CDHDF, justificación sin sustento

E

l anuncio es como una muy mala sorpresa. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda envió a la Asamblea Legislativa de esta ciudad un proyecto de ley que busca eliminar cualquier otro concepto legal que impida a los constructores de vivienda levantar edificios de la altura que mejor les convenga y en el lugar que mejor les plazca.

Tal cosa no podría venir de ninguna otra persona que del mismo secretario de la Seduvi, hombre dedicado a la construcción de viviendas durante toda su vida anterior al cargo que ahora desempeña.

Con tal experiencia, tendríamos que decir que la propuesta cuenta con todo el respaldo de los años que el secretario ha trabajado en ese ramo, pero hay muchas, muchas más dudas que certezas, y eso porque, como ya todos sabemos, el suelo de este DF no parece ser el mejor para construcciones muy altas.

Los constantes movimientos telúricos en esta capital nos hacen pensar que ahora, como siempre, se privilegia el negocio y se olvidan los terribles episodios de muerte que se han sufrido aquí. Parece que el secretario está solucionando el negocio, pero con ello empeña la vida de mucha gente, que tendría que pagar, a fin de cuentas, por las ambiciones de los vivienderos.

El asunto se torna aún más grave porque los lugares en donde se dice que se habrán de construir grandes complejos de vivienda se ubican en las delegaciones centrales del DF, precisamente donde sucedió, el 19 de septiembre de 1985, la mayor catástrofe natural en la historia de la ciudad de México.

El descubrimiento de esta malsana intención debió haber sido discutida abiertamente entre el secretario y los jefes delegacionales, cuando menos, pero, para ser más claros, este es un asunto que atañe a todos los habitantes de la ciudad, por los problemas que acarrean esas construcciones. Así que lo mejor sería que tal intención se detuviera hasta que todo a su alrededor estuviera absolutamente claro. ¡Aguas!

De pasadita

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, repetir que el inmueble que alberga a esa institución es un espacio libre, y con ello justificar la agresión al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, parece suficiente, pero para las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, las cosas no son tan sencillas.

A Perla Gómez se le dio un voto de confianza por parte de las organizaciones, porque era más que obvio que su trabajo no le alcanzaba para trepar a la presidencia de la CDHDF. Pero se trabajó con la idea, tal vez fuera de la realidad, de que en esta administración se podría, por fin, lograr, con base en la esencia del trabajo de la comisión, un acuerdo con el gobierno para incrementar la calidad de los derechos humanos en el Distrito Federal.

Hasta allí las cosas parecían ir caminando como se había planeado. El gobierno actuaba y la comisión reaccionaba de acuerdo con sus principios. No obstante, un grupo de jóvenes, a quienes se ha calificado de diferentes formas, pero que no pasarían de ser un grupo violento que no tiene ninguna visión de cambio, pero que se significan por eso, por sus niveles de agresión, han mantenido en jaque a los agentes policiacos y puesto a caminar sobre el filo de la navaja a las autoridades gobernantes.

Eso es cierto, pero dijimos en la entrega anterior que la presidenta de la comisión, la señora Perla Gómez, debería revisar con total y absoluta honestidad sus posibilidades de manejo ante las situaciones de emergencia que se repiten en la ciudad, para saber si le es posible seguir al frente de la institución, o si lo mejor para todos es dejar las cosas como están y regresar a la academia, lugar que le es mucho más propicio para su desarrollo.