Ciudad Juárez, Chih., 15 de junio.

José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien tenía 14 años cuando fue vista por última vez en el centro de esta localidad fronteriza, el 19 de mayo de 2009, inició una huelga de hambre fuera de la Fiscalía General del Estado en la zona norte, en protesta por la ineficacia de las autoridades para localizar a jóvenes desaparecidas, por falta de recursos para contratar más y mejores investigadores, y por la indiferencia del gobernador César Duarte y sus colaboradores.

La mañana de este domingo, Día del Padre, Castillo se instaló frente a las oficinas de la dependencia para comenzar el ayuno, con respaldo de su esposa, Martha Rincón; integrantes del Comité de Madres y Familiares de Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez, la Organización de la Sociedad Civil Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC y activistas.

Castillo explicó que busca respuestas sobre la investigación que realizan los agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género sobre la desaparición de Esmeralda, quien no está conmigo el Día del Padre, de la Madre ni en navidades. Ya son cinco años de sed de justicia.

Afirmó que está comprobado que su hija no está muerta ni desaparecida; es víctima de una red de trata de personas y nadie aquí nos hace caso.

Agregó que, por conducto de la Procuraduría General de la República logró que se ofreciera una recompensa de 1.5 millones de pesos para quien proporcione datos sobre la joven o sus presuntos captores.

José Luis Castillo aseguró que el grupo de investigación que se había formado en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género se deshizo.

Esa fue la gota que derramó el vaso. Las personas que estaban en ese grupo ahora están de guardaespaldas de varios funcionarios, entre ellos el gobernador priísta César Duarte Jáquez y el fiscal general del estado (Jorge González Nicolás).

Recordó que en 2013 familiares de personas ausentes se reunieron con el entonces fiscal Carlos Manuel Salas, y se acordó que las autoridades aportarían más recursos a la fiscalía especializada, no revelarían casos a medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales de la capital del estado, y los funcionarios mostrarían sensibilidad, pues “han llamado ‘paquetes’ a nuestras hijas”. Sin embargo, dijo, no han cumplido.

Los activistas repartieron volantes con recomendaciones para las jóvenes, como usar con precaución las redes sociales, acudir en compañía de un adulto a pedir empleo y asegurarse de la seriedad de quienes ofrecen trabajo.

Según el Comité de Madres con Hijas Desaparecidas, en Ciudad Juárez hay alrededor de 200 desaparecidas; además, en el Servicio Médico Forense de Juárez hay 51 osamentas de mujeres sin identificar. La Fiscalía de la Mujer sólo tiene 96 expedientes de desaparición o ausencia.

Autoridades alegan que activar el protocolo hubiera sido peligroso

Es una excusa: ONG

Juan Carlos G. Partida Corresponsal

Guadalajara, Jal., 15 de junio.

Familiares del niño José Ángel Zermeño Rosales, quien desapareció el 2 de junio y su cadáver fue encontrado cinco días después, semisepultado en un tiradero del municipio de Tonalá, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) contra las autoridades estatales porque se negaron a emitir una Alerta Ámber para localizarlo.

El 2 de junio, José Ángel, de ocho años, salió de su casa en Lomas de Zalatitán alrededor de las 21:30 horas para ir a la tienda. Su madre, María de Jesús Rosales Barbosa, de 22 años, tiene otros dos niños más pequeños.

El 7 de junio el cuerpo del menor fue hallado bajo escombros en un predio junto al periférico y el Cerro de la Reina, con el cráneo destrozado por un objeto contundente, probablemente una roca.

La CEDHJ dio a conocer que un tío de José Ángel llamó a ese organismo para quejarse porque, afirmó, las autoridades violaron el protocolo de la Alerta Ámber.

La Fiscalía General del Estado (FGE) adujo que no emitió la alerta porque, de acuerdo con el protocolo y la investigación que se inició, existía riesgo para el menor en caso si se aplicaba ese mecanismo.

Los criterios para emitir la alerta señalan que la víctima debe ser menor de 18 años y estar en peligro inminente por sustracción, ausencia, desaparición o no localización, entre otros puntos.

Aunque la FGE no aclaró qué líneas de investigación supuestamente le impedían emitir la Alerta Ámber, la dependencia tomó declaración a Néstor Antonio Zermeño, padre de José Ángel, separado de la mamá del niño desde hace cinco años.

Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación Find, dedicada a localizar personas, sostuvo que la FGE debió activar la alerta el 3 de junio, cuando recibió la denuncia. No hay excusa, es una familia pobre, así que era improbable que se tratara de un secuestro. ¿A cuál sigilo se refieren si el niño fue hallado muerto?, preguntó.