La legislación secundaria de la reforma energética carece de reglas y normas enfocadas a combatir la corrupción, permite alta discrecionalidad de la elite burocrática que se encargará de aplicar los cambios y pone en riesgo la renta petrolera.

En un análisis elaborado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre la legislación que debatirá el Congreso en la materia, se advierte que la propuesta no atiende la necesidad de impulsar la transparencia en el terreno energético.

De las nueve leyes propuestas, sólo en cinco se definen apartados de fiscalización, y en cuatro (industria eléctrica, energía geotérmica, órganos reguladores en materia energética y agencia nacional de seguridad industrial) no se contemplan apartados que combatan la opacidad.

El organismo legislativo advierte que para maximizar la renta petrolera debe haber riguroso control del sistema tributario aplicable a los contratistas privados y a las empresas que participen en el terreno energético. Con esto se pretende evaluar con estándares internacionales y mediante auditores especializados si el régimen fiscal propuesto en la reforma impulsa la renta petrolera, como lo hace el de países como Noruega. Si derivado de esta evaluación se concluye que no es óptimo, se deberán hacer los cambios legislativos para que el Estado cobre la renta petrolera máxima.

La comisión encabezada por el perredista José Luis Muñoz también considera necesario –mediante revisiones periódicas– valorar la efectividad de cobro del gobierno, derivado del régimen fiscal y tributario que el Congreso apruebe. La Auditoría Superior de la Federación participaría elaborando estudios sobre las nuevas tendencias internacionales que se desarrollen para tal propósito y evaluaría el desempeño de los funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Asimismo, el análisis refiere que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo es un elemento central de la reforma energética, el cual pretende reproducir el de Noruega.

El propósito de lo anterior es invertir a largo plazo la totalidad del excedente generado por el sector petrolero de aquel país, derivado de impuestos y cobranza de derechos a las empresas del sector. No obstante, el Fondo Mexicano del Petróleo, advierte la Comisión de Vigilancia, no tiene como prioridad el ahorro de largo plazo y se circunscribe a ser una supertesorería de recepción de ingresos y pago de compromisos con las empresas privadas y las trasnacionales petroleras que celebren contratos con el gobierno.

En el caso de la ley de hidrocarburos –en el terreno de la transparencia– no se señala un plazo límite para que la información –producto de los contratos con empresas privadas– sea puesta a disposición del público en general.

La comisión legislativa señala que la ley sólo define “que la información será separada por meses, sin especificar la fecha en que deberá ser proporcionada, lo que puede generar una laguna importante.