El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, señaló ante senadores y representantes de comunidades de la Sierra Tarahumara, que resulta necesario avanzar en una ley de consulta para los pueblos indios del país, en cumplimiento a convenios internacionales signados por el gobierno mexicano.

Por más de tres horas, Martínez Veloz, junto con representantes de otras dependencias gubernamentales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), escucharon las denuncias de gobernadores rarámuris y tepehuanes –que vienen en la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara– en torno al despojo de recursos que padecen desde hace décadas y la queja recurrente de que se les niega el derecho a ser consultados sobre proyectos que talan sus bosques y contaminan sus manatiales.

Denunciaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) otorgaron permisos por 15 años para talar 15 mil 200 hectáreas de bosque en Choreachi y 24 mil en Coloradas de la Virgen, sin que se les permitiera llevar a cabo una consulta a los pueblos afectados para que pudieran dar o negar su consentimiento.

Tampoco han sido consultados, resaltaron, para la construcción en sus tierras de desarrollos turísticos que en nada les han beneficiado, así como la imposición de modelos ajenos a sus culturas.

El senador del PRD, Alejandro Encinas, quien coordinó la mesa de diálogo con los indígenas provenientes de los municipio de Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Urique, dijo que retoman la propuesta del comisionado Martínez Veloz de avanzar en la elaboración de la ley general de consulta a los pueblos indígenas, derivada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Martínez Veloz reconoció que México está en deuda con los indígenas, al no haber cumplido con el Convenio 169 de la OIT y es tiempo de legislar en esa materia.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la única de las dependencias convocadas que no asistió a la reunión.