La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entró en una pugna abierta entre sus miembros, luego de que su ex presidenta Olga Noriega acusó a los seis integrantes del pleno de dicho organismo de haber operado para destituirla de forma ilegal por ‘‘intereses políticos’’, al tiempo que el comisionado Julio Hernández Barros señaló que la académica utiliza ‘‘la mentira y el descrédito’’ para obstaculizar el trabajo de sus compañeros.

Como se informó en estas páginas, los responsables de la CEAV dieron a conocer el pasado 28 de marzo que Noriega había renunciado a su cargo de presidenta por no estar de acuerdo con algunas de las posiciones de sus colegas, y señalaron que Jaime Rochín del Rincón había sido designado sucesor.

Más de un mes después de ese anuncio –tiempo durante el cual no había hecho ningún pronunciamiento público sobre el tema–, la académica ofreció una conferencia de prensa el miércoles pasado, en la cual afirmó que sus compañeros la habían hecho a un lado.

En entrevista con La Jornada, Noriega negó haber renunciado a la presidencia de esa entidad y dijo que no se retirará como integrante de la misma hasta que concluya su periodo, en octubre de este año. De acuerdo con la todavía comisionada, la situación en el organismo ‘‘hizo crisis’’ desde el pasado 29 de abril, cuando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) envió a los integrantes de la CEAV una propuesta de reglamento interno en el cual se le daban mayores atribuciones a la presidencia del organismo, creado en noviembre del año pasado en sustitución de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima).

Dos versiones

Como la iniciativa de la Cofemer disgustó a la mayoría de los comisionados, le solicitaron a Noriega que saliera a manifestarse ante los medios informativos, y cuando manifestó su oposición a esa solicitud, por considerar que era mejor ceñirse a las herramientas legales para hacerlo, el resto de los comisionados ‘‘cambiaron el orden del día de esa sesión para poner como presidente a Jaime Rochín’’, dijo.

‘‘Ha sido muy lamentable, porque desde que entré como comisionada, el 10 de octubre de 2013, no he tenido condiciones adecuadas para llevar a cabo mi trabajo; no se me permitió nombrar a mis colaboradores y me han sometido a un acoso constante’’, lamentó Noriega, quien dijo que no había denunciado lo anterior por ‘‘tratar de proteger a la institución’’ e hizo votos porque sus compañeros ‘‘entiendan la importancia de nuestra labor’’.

Consultado sobre el tema, el comisionado Julio Hernández Barros negó los dichos de Noriega e indicó que todos los miembros de la CEAV son testigos de la renuncia de la académica, la cual fue aceptada en los términos que marca a Ley General de Víctimas.