Buenos Aires , 3 de junio.

Los abogados del vicepresidente argentino, Amado Boudou, solicitaron la nulidad de una indagatoria pedida por el juez Ariel Lijo, en un causa que dura ya más de dos años, sobre su presunta intervención para evitar la quiebra de la empresa calcográfica Ciccone, y haber participado en su venta, todo esto en un escenario de violenta presión de los medios opositores sobre la justicia, tratando de frozar su renuncia.

Lo que se reclama en el caso de la nulidad al llamado a indagatoria por parte del juez Ariel Lijo es una nueva resolución que resguarde garantías constitucionales cuestionando que la citación está basada en argumentos mediáticos, sin que existan contundentes elementos de prueba que vinculen a Boudou en la venta de la empresa.

Un día después de que la defensa del vicepresidente pidió la nulidad, el juez adelantó la citación a Boudou para el próximo lunes.

En reacción a lo dispuesto por el magistardo, Boudou en declaraciones a Radio Continental pidió que la audiencia se transmitida por televisión. Dado el tratamiento mediático que el juez imprimió a la causa le pido que la indagatoria sea pasada en vivo... para que todo el mundo pueda ver lo que le voy a decir a la cara, dijo el vicepresidente en alusión al poderoso Grupo Clarín, opositor al gobierno y al que acusa de operaciones en su contra.

Boudou ha explicado que el gobierno ha mantenido una política tratando de evitar quiebras cuando esto significaba la pérdida de miles de empleos.

La historia de Ciccone es extremadamente compleja, lo que permite un manejo discursivo opositor muy violento mediante los medios masivos de comunicación que ahora tratan de instalar como tema de desestabilización gubernamental la corrupción, denuncian dos observatorios universitarios.

Todo esto se inscribe dentro de una campaña electoral anticipada, que parece imaginada como una verdadera guerra para golpear al gobierno, que sigue dando pasos fuertes.

No se trata aquí, como ya hemos venido diciendo, de que Amado Boudou no vaya a prestar la declaración que el juez ordenara y en la oportunidad en que lo disponga, pero si que lo haga en base a una descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de los hechos que se le imputan, sostiene la defensa.

Más aún los abogados aseguran que las afirmaciones de Lijo en la citación no se corresponden con ningún antecedente en el trámite de la causa pero además remarcan que los medios de comunicación (opositores) instalan versiones hasta el grado de dirigir el curso de la presente investigación.

Analizando la vía probatoria esgrimida para citar al funcionario, estiman que fue en realidad montada y forzada con la finalidad de transformar en verídicas las versiones periodísticas porque está sostenida en las cuestionadas declaraciones testimoniales de nuevos imputados, el propio Nicolás Ciccone, y Guillermo Reinwick.

Recientemente el periodista Jorge Lanata, quien mantiene un duro programa de televisión en el multimedios Clarín, hizo una escandalosa aparición insultando al país, a los argentinos ante una versión, que él mismo instaló, de que iban a cambiar al juez, y dio los nombres de tres magistrados que intervendrían contra los que pidió actuar en cualquier lugar en que los encontraran.

Pero más aún, llamó a los estudiantes que tuvieran como compañeros a los hijos de estos jueces a increparlos en sus lugares de estudio. Y todo esto por una versión que nunca existió como realidad, en los que varios magisttrados señalaron como una virtal incitación a la violencia.

Su conducta fue rechazada por diversos sectores, inclusive de la oposición , pero en todo caso fue la suma de la violencia instalada, que como denunció el propio Boudou, es un linchamiento médiatico.

Si el juez ratifica las indagatorias a otras personas ligadas en unas causa que sigue sumando graves irregularidades y realmente está rodeada de una asfixiante presión para atemorizar jueces, cualquiera de los involucrados puede apelar, con lo cual esa decisión llegaría a una instancia judicial superior, que debe confirmar y desechar las convocatorias, y esto estiraría los plazos previstos.

Boudou ha criticado al juez federal Lijo por la cantidad de días entre la difusión de la citación y la indagatoria, que además coincide con un viaje al exterior de Cristina de Kirchner. Pretende el magistrado indagar al vicepresidente, cuando -dada esta circunstancia – estará interinamente a cargo de la presidencia.

“No puede dejar de soslayarse que la presente investigación ha tenido un profuso tratamiento mediático, y tampoco podría negarse ya la existencia de un verdadero linchamiento mediático, y posterior condena, a la que me han venido sometiendo desde el grupo Clarín y el diario La Nación”, afirmó Boudou.

También mencionó que desde diciembre de 2013 los citados medios han venido anticipando con ajustada certeza y copioso nivel de detalle las medidas o resoluciones que el juzgado ha venido ejecutando, advirtiendo sobre esa coincidencia.

Sobrevuela aquí el caso del dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, José Dirceu, de una larga trayectoria política en su país, que fue condenado por corrupción, por una conjunción de medios y jueces, sin más prueba que las denuncias periodísticas, como si fueran válidas y sin permitirle ejercer su defensa adecuadamente.

Destacó en este caso Boudou que ha sido cuanto menos curiosa la fecha y la oportunidad del llamamiento (del juez, en este caso a pocas horas de las amenazas de Lanata) y en referencia a un trámite judicial que ya ha superado holgadamente los dos años y en el cual no ha existido ningún hecho nuevo o determinante en materia probatoria en el expediente como para justificar el momento que se ha escogido para lanzar la convocatoria, así como el día en que ha de celebrarse el acto.

Además, evaluó que “no se logran advertir las razones jurídicas por las que se ha convocado a las partes a declarar cuando la causa contaba desde hace mucho tiempo atrás con todos los elementos probatorios que ahora el juez relata y en un sentido diametralmente distinto al que la prueba en el expediente ha ido arrojando.