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Apremia a destrabar las resistencias

Urge concretar cambios en materia procesal: SG
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de mayo de 2014, p. 13

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que hay mucho trabajo y poco tiempo para alcanzar todas las metas de la reforma al sistema de justicia penal y abatir las resistencias al cambio.

Dijo que la meta es que a final de este año 28 entidades federativas operen de manera parcial o total con el nuevo sistema, que significa transitar de un proceso inquisitivo, escrito, secreto y formalista a uno acusatorio, con juicios orales, en el cual se apliquen los principios de mediación y transparencia.

Tenemos dos años para terminar de destrabar las resistencias que aún persisten al cambio, motivadas por una cultura arraigada en el funcionamiento tradicional e inercial, subrayó.

Durante la inauguración del sexto Foro Anual sobre Seguridad y Justicia, el funcionario dijo que de aquí a 2016 se deberán armonizar más de 400 leyes, construir infraestructura, desarrollar plataformas tecnológicas, capacitar y profesionalizar a policías, agentes del Ministerio Público, defensores, peritos y jueces.

Dos años para ir al corazón del sistema y replantear conductas, hábitos y formas de trabajo de quienes administran, imparten y procuran justicia, señaló.

Es una etapa decisiva, insistió el secretario en el mensaje emitido ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y representantes de organismos públicos y civiles que promueven la reforma del sistema de justicia penal.

En representación del presidente Enrique Peña Nieto, dijo que cada uno debe hacer lo que le corresponde en la transformación más significativa del sistema penal en 100 años. Queda mucho camino por pavimentar.

Aseveró que el gobierno federal ha demostrado su interés en este proceso no sólo con iniciativas de reformas a leyes, sino con recursos, pues durante el periodo 2013-2014 se han destinado para la implementación del nuevo sistema más de 7 mil millones de pesos, cifra histórica.

La meta es tener un sistema que proteja los derechos de los ciudadanos y permita una adecuada reparación del daño a las víctimas. El debate sobre la pertinencia de los juicios orales ha concluido; esta nueva etapa es para determinar cuál es la mejor forma para ponerlos pronto en funcionamiento, sostuvo.