La nueva fiscalía para combatir delitos relacionados con la corrupción en México está destinada al fracaso si no se le dota de autonomía técnica y de gestión, coincidieron especialistas en temas de transparencia, tráfico de influencias y derechos humanos consultados por La Jornada.

Los litigantes entrevistados expusieron que, tal como está integrada su estructura orgánica, no está garantizada la independencia de ese órgano que quedará adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR).

El fiscal llegará a su puesto por una recomendación directa de quien encabeza la PGR, y eso no garantizará su independencia. Debería ser un cargo público que se ocupe mediante concursos de oposición en los que participen académicos respaldados por universidades u organizaciones sociales de prestigio, aseguró el abogado y académico Antulio Ontiveros Laguna.

Jorge Reyes Peralta y Eduardo Miranda Ezquivel, penalistas, así como el activista Francisco Escalante y el economista Humbertus Pérez Espinosa coincidieron en que, si bien el fiscal será ratificado por el Senado, en los hechos es un cargo que ocupará un hombre de todas las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto y del actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Todo parece indicar que esa fiscalía será el brazo ejecutor de venganzas políticas, dijo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.

Los entrevistados refirieron que el éxito que países como Perú, España, Australia o Francia han tenido desde hace dos décadas en sus fiscalías anticorrupción obedece a que se crearon con enfoque social, es decir, que la conforman ciudadanos especialistas en esa temática y/o académicos que no pertenecen a un partido político alguno, o que fueron designados directamente por el Poder Judicial mediante concursos de oposición abiertos, lo que garantiza su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo

El sueldo que percibirá quien se desempeñe como nuevo fiscal anticorrupción estará al nivel de un subprocurador de la PGR –aproximadamente 150 mil pesos, libres de impuestos–, dijo Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

Con un salario así de alto, más chofer, guardaespaldas, autos blindados y prestaciones de primer orden, ¿quién le negaría al presidente y al procurador general ocupar tan distinguido encargo?, añadió Antulio Ontiveros, director del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, Sociales y Estudios Jurídicos Daniel Cosio Villegas.

Miranda Esquivel refirió que la corrupción es pan de todos los días en nuestro país, fundamentalmente porque las instituciones de procuración de justicia, que se encargan de realizar las investigaciones contra los servidores públicos corruptos, no son independientes o responden a esquemas burocráticos y a intereses políticos o económicos.

El economista Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, consideró que poner a la fiscalía anticorrupción en manos de la PGR es un lamentable error.