Unos 115 corredores públicos, de un total de 385 del país, interpusieron amparos contra diversas disposiciones de la Ley para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, informó el presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Paulo Magaña Rodríguez. Un 30 por ciento de los corredores públicos interpuso amparos frente a esa legislación, respondió el dirigente. Uno de los principales argumentos que llevaron a los funcionarios a ejercer ese derecho es la desventaja ante la ley de los corredores públicos y los notarios en el renglón de avisos a la autoridad por montos en operaciones mercantiles. La ley determina que los corredores públicos deberán emitir un aviso a las autoridades cuando sean testigos de operaciones mercantiles por 497 mil pesos, mientras a los notarios públicos se les obliga a informar operaciones por 992 mil pesos. Según los corredores públicos, esa circunstancia representa una competencia desigual. En octubre de 2012 el Colegio señaló que esa legislación representa una desventaja en su labor frente a los notarios públicos. El dirigente del Colegio anunció el lanzamiento del programa Mayo, mes de la Correduría Pública, en el cual se darán descuentos hasta de 50 por ciento en los honorarios de dichos fedatarios a escala nacional.