A pesar de que la cobertura educativa para los niños de 6 a 11 años es casi universal en México, la escuela primaria no logra que todos sus alumnos egresen como alfabetas funcionales, situación que se agudiza entre la población escolar que vive en zonas rurales, advierte el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en su informe El derecho a una educación de calidad 2014.

Alerta que al menos 117 mil niños de entre 3 y 17 años, que viven en localidades con apenas dos viviendas, no tienen garantizado su acceso a la educación y no existe disposición oficial alguna para su atención específica, lo que constituye, afirma el instituto, una violación a su derecho a la educación.

Agrega que tampoco son bien atendidos los menores que residen en comunidades de menos de 100 habitantes, aunque existe una norma para que sean considerados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

La asistencia a la escuela aún depende de la condición socioeconómica de los estudiantes, de su lugar de residencia –urbana o rural–, así como el pertenecer o no a un hogar indígena, enfrentar la pobreza alimentaria o estar ubicado en el quintil de menores ingresos, pues ahí donde el contexto es pobre, la oferta educativa también lo es.

El INEE señala que la población más vulnerable aún son los pueblos originarios. En nuestro país se estima que hay 4 millones de niños y adolescentes indígenas de 5 a 17 de años. De ellos, 12.4 por ciento no hablan español.

El organismo autónomo revela que 1.7 millones de niños indígenas residen en zonas urbanas con infraestructura y equipamiento escolar, pero sólo 77 por ciento asiste a la escuela, es decir, un porcentaje similar al de las zonas rurales, que alcanza un 76.7 por ciento.

Este fenómeno se agudiza en el caso de los alumnos que no dominan el español, pues sólo la mitad de quienes viven en localidades de más de 15 mil habitantes acude a un centro escolar.

Estas cifras, agrega, revelan que la tasa de asistencia escolar entre las comunidades indígenas no depende del lugar de residencia, sino de su condición étnica. Lo anterior es indicativo de un trato discriminatorio del sistema educativo al no diseñar acciones que propicien su mayor participación en las escuelas.

El acceso a la educación para quienes habitan en las comunidades más pequeñas y apartadas del país aún es un reto para el sistema educativo. Sólo 15 por ciento de las localidades de menos de cien habitantes tienen un prescolar y es prácticamente inexistente la presencia de planteles de bachillerato en comunidades de menos de 500 habitantes.

Por lo que respecta al rezago formativo de la población más joven del país, destaca que 20 por ciento de quienes tienen entre 18 y 24 años no terminó la educación secundaria, cifra que se incrementa a 34.9 por ciento en las zonas rurales.

En cuanto a la precariedad de las condiciones organizativas y pedágogicas existen en las escuelas de educación básica en el país, señala que sólo 30 por ciento cuentan con personal directivo, maestros y trabajadores especializado.

En contraste casi siete de cada diez prescolares funcionan únicamente con docentes; situación que también enfrentan la mitad de los planteles de primaria, y al menos cuatro de cada 10 secundarias.

La aplicación de reglamentos y sanciones en el entorno escolar está orientado a enfatizar las obligaciones y no los derechos de la comunidad escolar. El INEE advierte que aún se aplican castigos que implican la exclusión de alguna actividad, la afectación de algún derecho o la práctica de un trato denigrante, o incluso, poner en peligro la integridad física.